La Secretaría de Marina asignó la vigilancia de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a dos empresas de seguridad privada vinculadas a personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación, los involucrados son identificados como presuntos integrantes de una red de tráfico de armas, según expedientes de la autoridad federal revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La asignación ocurre a pesar de que el aeropuerto recibirá a millones de visitantes internacionales durante el Mundial, lo que abre cuestionamientos sobre los controles en la contratación de la seguridad aeroportuaria.
De acuerdo con el reportaje, los contratos fueron otorgados por la Marina por un monto superior a 1 mil 194 millones de pesos y contemplan la vigilancia de puntos de inspección, salas de espera, control de accesos y zonas perimetrales de ambas terminales del principal aeropuerto del país.
Las empresas contratadas y sus vínculos señalados
Una de las compañías beneficiadas es SERPROSEP SA de CV, que según actas mercantiles revisadas por MCCI tuvo como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga.
Ambos son identificados por la FGR como presuntos miembros de una red criminal dedicada al tráfico de armas y huachicol, de acuerdo con la investigación federal.
Alberts Ponce incluso cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos, según la investigación federal.
La segunda empresa es Armour King SA de CV, donde Alberts Ponce figura como apoderado y Sainz de la Maza aparece como comisario desde la constitución de la compañía. Ambas firmas comparten socios, administradores y representantes, de acuerdo con documentos oficiales.
? #ÚLTIMAHORA: Dos empresas, en las que han participado como socios y operadores personas señaladas por la FGR como integrantes de una red de tráfico de armas, serán las responsables de la vigilancia y la seguridad de las Terminales 1 y 2 del @AICM_mx durante el Mundial. ? pic.twitter.com/jgvyim0gnp
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 8, 2026
Un mismo grupo detrás de varias razones sociales
Las actas mercantiles muestran que un reducido grupo de personas ha alternado cargos clave en SERPROSEP y Armour King, concentrando funciones administrativas y de representación en ambas compañías.
Entre los nombres que se repiten están José Ángel Gómez Hernández, socio fundador y primer administrador en las dos empresas; Óscar Humberto Bistrain Tenorio, accionista inicial de SERPROSEP y apoderado de Armour King; y Christian Pablo Varela Escobedo, representante recurrente en asambleas de ambas firmas.
Varela Escobedo también aparece como representante legal de SETER, otra empresa de seguridad que, según la FGR, fue utilizada para el tráfico de armas dentro de la misma red.
Un domicilio compartido con nexos políticos
MCCI documentó que SERPROSEP y Armour King reportan como domicilio fiscal una casa ubicada en Polanco, propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. Ese mismo inmueble también fue usado por Acurgen, otra empresa en la que Alberts Ponce y Sainz de la Maza figuran como socios.
La revisión del Registro Público de Comercio no muestra documentos que acrediten la salida de ambos personajes de las empresas actualmente encargadas de la seguridad del AICM.
3) Las actas mercantiles de SERPROSEP y Armour King muestran que ambas compañías han alternado a un reducido grupo de personas como accionistas, administradores, comisarios, apoderados y delegados. pic.twitter.com/0smFQaeAhX
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Contratos millonarios y vigencia hasta 2027
En junio de 2025, la Marina otorgó a SERPROSEP un contrato por 317.3 millones de pesos para vigilar los puntos de inspección y salas de espera del área internacional de la Terminal 1, con vigencia hasta mayo de 2027.
Ese mismo mes, Armour King recibió tres contratos por más de 877.6 millones de pesos, que incluyen vigilancia del área nacional de la Terminal 1 y la seguridad perimetral y control de accesos de la Terminal 2.
No es la primera vez que ambas compañías obtienen contratos en el aeropuerto, ya que desde 2023 han sido recurrentemente contratadas para resguardar distintas áreas del AICM.
La investigación penal por tráfico de armas
Según la causa penal de la FGR, Alberts Ponce y Sainz de la Maza operaban el contrabando de armas mediante empresas de seguridad privada, rematriculando armamento y facilitando su entrega a organizaciones criminales como el Cártel del Golfo.
El expediente incluye intervenciones telefónicas donde se detallan ventas, rentas de armas, tráfico de licencias de portación y presunta colusión con integrantes del Ejército para evitar detenciones en flagrancia.
Además del tráfico de armas, la investigación federal señala que Alberts Ponce incursionó en el tráfico de huachicol, con importaciones ilegales de hidrocarburos desde Guatemala.
5) De la causa penal que la FGR sigue contra esta red de tráfico de armas y huachicol, se desprende que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga operaban el contrabando de armamento por medio de empresas de seguridad privada que administraban. pic.twitter.com/ayVrz31slS
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Antecedentes de contratos pese a investigaciones
A pesar de que desde noviembre se conoció la investigación de la FGR contra esta red, las empresas vinculadas han seguido recibiendo contratos federales.
En diciembre de 2025, MCCI reveló que la propia FGR otorgó al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos a SEICSA, otra empresa identificada como parte del entramado criminal.
La respuesta de la Marina
MCCI solicitó una postura a la Secretaría de Marina, que administra el AICM, sobre si conocía los señalamientos de la FGR y la orden de aprehensión contra Alberts Ponce.
La dependencia respondió que dará vista a los órganos fiscalizadores para que investiguen en el ámbito de sus atribuciones.
La Marina añadió que “hasta no contar con una determinación firme de una autoridad jurisdiccional, no se puede presumir un riesgo” en los contratos firmados, postura que mantiene vigentes los acuerdos millonarios para la seguridad del principal aeropuerto del país.
El caso abre cuestionamientos sobre los controles en la contratación de seguridad aeroportuaria, especialmente en un contexto de alta afluencia internacional y con investigaciones penales en curso contra personas vinculadas a las empresas responsables.