Por Alessio Terzi y Stefano Marcuzzi, Project Syndicate.
CAMBRIDGE- Cuando a fines de esta semana SpaceX lance una parte de sus acciones en el Nasdaq (con una valoración prevista cercana a los 1,75 billones de dólares), será la mayor oferta pública inicial de la historia. Los inversores deberán valorar una empresa que fabrica cohetes, gestiona la principal red de Internet satelital del mundo y es, cada vez más, sostén de las comunicaciones militares de Estados Unidos y sus aliados (aunque deberán sopesar esos negocios exitosos contra la empresa de inteligencia artificial devoradora de efectivo que Elon Musk agrupó en la misma estructura corporativa).
El folleto de SpaceX ofrece un relato ambicioso y singular: el de un campeón tecnológico de alto crecimiento que merece estar al lado de las empresas más grandes y poderosas del mundo. Pero la historia sugiere otra trayectoria menos tranquilizante, porque la empresa a la que más se parece SpaceX no es ni Apple ni Nvidia. Es la Compañía de las Indias Orientales, que existió por casi trescientos años.
Por supuesto que SpaceX no se dispone a gravar o gobernar poblaciones, como terminarían haciendo las compañías privilegiadas que se fundaron a principios de la edad moderna. El espacio no tiene habitantes (hasta donde sabemos). Aun así, estamos frente a una empresa que opera fuera del alcance de cualquier entidad soberana, y que ya acumuló un poder inmenso que los gobiernos están tratando, tarde, de recuperar.
Entre más o menos 1570 y 1860, los Estados europeos proyectaron poder en los no gobernados océanos y a través de ellos mediante compañías de acciones con cartas de privilegios, entre las que destacaban la Británica, la Holandesa y la Francesa de las Indias Orientales.
Estas compañías eran entidades híbridas: empresas comerciales que también servían como instrumentos del Estado. Crearon monopolios, aprovecharon la ausencia de leyes para escribir reglas propias y desempeñaron funciones soberanas, desde acuñar moneda y controlar poblaciones locales hasta librar guerras y firmar tratados. Edmund Burke dijo que la Compañía de las Indias Orientales era “un Estado disfrazado de mercante”; esa misma configuración ahora se está recreando en la órbita terrestre.
Comencemos por la cuestión del monopolio. Con su capacidad para traer de vuelta a la Tierra sus propulsores y reutilizarlos, SpaceX resolvió un dilema del huevo y la gallina. Como la reutilización sólo es rentable con lanzamientos frecuentes, la empresa creó Starlink, una constelación de miles de satélites que con su crecimiento y necesidad de mantenimiento le garantiza una cadencia de lanzamientos estable. A empresas rivales sin cohetes y sin una demanda cautiva de conexión satelital se les hace difícil acceder al mercado.
Como documentamos en un nuevo artículo, la cuota de SpaceX de la masa global puesta en órbita pasó de menos del 10 % en 2014 a casi el 80 % en la actualidad; y al 94 % en Estados Unidos, donde tiene a la NASA entre sus principales clientes. En el proceso, SpaceX se adueñó de recursos escasos (franjas orbitales y bandas radioeléctricas), lo que dificulta la entrada de competidores. No es el oligopolio de un mercado tecnológico de manual; más bien se parece a algo más antiguo.
Luego está el vacío legal. El Tratado del Espacio Ultraterrestre (1967) se redactó para un mundo en el que los gobiernos tenían el monopolio del espacio; establece que “el espacio ultraterrestre ... no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”, y que deberá explorarse y usarse “en provecho [de] toda la humanidad”; pero no estipula ningún mecanismo de fiscalización.
Fue en este enorme vacío donde Estados Unidos introdujo la Ley de Competitividad de los Lanzamientos Espaciales Comerciales (2015) y los Acuerdos de Artemisa (2020), que afirman que la extracción de recursos no es “apropiación”. Era justo el cambio que necesitaba SpaceX. Tres siglos atrás, la carta real de una empresa también fue a la vez licencia para comerciar y reivindicación unilateral disfrazada de ley. En ambos casos, los primeros en llegar escribieron las reglas para sí mismos.
Hay otro parecido: la difuminación de la línea entre lo soberano y lo privado. En 2022, Musk se negó a extender la cobertura de Starlink a Crimea para permitir un ataque ucraniano contra la flota rusa. En la práctica, un particular vetó la decisión de un Estado soberano, y ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos pudo hacer mucho al respecto. Cuando la actividad se traslade a la Luna, SpaceX estará en condiciones de ejercer un importante grado de influencia en la fijación de normas, la gestión de los derechos sobre recursos y la vigilancia de las “zonas de seguridad” que los Acuerdos de Artemisa permiten a los Estados declarar. De modo que una empresa privada podría verse en posición de decidir en cuestiones que en esencia son del ámbito de la soberanía.
Así como Gran Bretaña concedió a la Compañía de las Indias Orientales una carta de privilegios para impedir que los holandeses acapararan el comercio de especias, Estados Unidos empoderó a SpaceX en su carrera por alcanzar el dominio estratégico del espacio antes que China. Pero cuanto más indispensable se vuelva la empresa, menos autoridad conservará el Estado. Esta fragilidad fue evidente el año pasado, durante el enfrentamiento público entre el presidente Donald Trump y Musk. Trump amenazó con cancelar los contratos de SpaceX con el Estado, y Musk amenazó con cortar el acceso del gobierno estadounidense a la Estación Espacial Internacional. Una potencia nominalmente soberana se encontró en la dependencia respecto de un actor al que no podía comandar sino sólo cortejar.
La lección de la era de las compañías privilegiadas es que en cuanto ese poder se afianza, es muy difícil recuperarlo. Gran Bretaña sólo consiguió poner freno a la Compañía de las Indias Orientales en 1858, después de que una hambruna, una crisis fiscal y una revuelta violenta (que los británicos llaman el «Gran Motín» y los indios “Primera Guerra de Independencia”) tornaron imposible la inacción. Pero a esas alturas, el costo fue altísimo.
La historia también señala lo que los gobiernos deben hacer ya mismo, antes de que sea demasiado tarde. El objetivo de recuperar el control no es destruir a un “campeón nacional”, sino limitar la dependencia del Estado respecto de esa empresa. La mejor guía para ello son las homólogas de la Compañía de las Indias Orientales al otro lado del estrecho de la Mancha. Las coronas portuguesa y francesa poseían participaciones en sus respectivas compañías privilegiadas, lo que les daba cierto control estratégico desde dentro. Reservar al gobierno un puesto en la junta directiva de empresas con poderes cuasisoberanos, o una participación minoritaria como la que Estados Unidos obtuvo hace poco en Intel, puede garantizarle la supervisión de las zonas de seguridad, los derechos sobre recursos y las infraestructuras críticas, sin eliminar los incentivos privados que dieron dinamismo al sector.
La ventana para lograr cierto control del comportamiento de los nuevos “soberanos tecnológicos” se está cerrando. La pregunta para los gobiernos es si el conocimiento de lo que terminó siendo la Compañía de las Indias Orientales será suficiente para evitar que su sucesora en el siglo XXI siga el mismo camino. Y la salida a bolsa de SpaceX es un buen momento para planteársela. Copyright: Project Syndicate, 2026.
Traducción: Esteban Flamini.
Alessio Terzi es profesor asistente en la Bennett School of Public Policy de la Universidad de Cambridge y profesor adjunto de Economía en el Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Stefano Marcuzzi es profesor asistente de Historia de las Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Superiores de Defensa (CASD).