El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito revocó la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a Alan Omar P.V., guardia de seguridad de la Estación Migratoria del INM que se incendio el pasado 27 de marzo de 2023, en el que perdieron la vida 40 personas en situación de movilidad.
La resolución fue emitida tras el análisis del toca penal 85/2026-SPA-83, derivado de un recurso interpuesto por la defensa del imputado contra una determinación previa de febrero de 2026.
El tribunal superior, integrado por los magistrados Octavio Pineda Toribio, Juan Daniel Delgadillo Martínez y la secretaria en funciones Elva Lizeth Moreno Balderrama, invalidó la decisión de la jueza de control que extendía la reclusión del procesado.
De acuerdo con el fallo, la autoridad de primera instancia no acreditó de forma integral los elementos de complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y conducta de las autoridades para justificar la permanencia de la medida.
Alan Omar P. V., quien se desempeñaba como guardia de la compañía Grupo de Seguridad Privada Camsa, se encuentra sujeto a proceso por hechos ocurridos en marzo de 2023 en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde se registraron 40 fallecimientos y 27 personas con lesiones.
Su representación legal argumentó que el tiempo de detención ha excedido el periodo de dos años señalado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin que exista una sentencia.
Derivado de esta sentencia, el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua programó una nueva audiencia para las 17:15 horas del 10 de junio de 2026.
En esta diligencia, las partes procesales debatirán la vigencia de la medida cautelar bajo los lineamientos de la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), que exige un escrutinio en la justificación para evitar extensiones del periodo de reclusión.
El tribunal de alzada ordenó la reposición del procedimiento al detectar omisiones en la fundamentación y motivación de la resolución recurrida, con el fin de garantizar el derecho a la libertad personal y el debido proceso.