Invariablemente, la política transita por la incertidumbre; es propio de la realidad y más en una democracia, donde el poder dividido, la economía y la volatilidad de las intenciones de voto hacen que las autoridades actúen sobre premisas distantes de las certezas. Los proyectos autoritarios pretenden acabar con la incertidumbre. Repudian la legalidad porque limita su poder, erigen reglas y colonizan instituciones para evitar la rendición de cuentas y, en su momento, la competencia justa por el voto. El obradorismo cumple a plenitud con tal diseño y la preocupación de hoy es doble: si el autoritarismo vigente, en su deterioro, habrá de transitar hacia formas más explícitas de control político o si el régimen colapsará por el peso de la impunidad prevaleciente.
López Obrador y Claudia Sheinbaum son lo mismo. Quizá en Estados Unidos, y uno que otro iluso observador de la política, considere que hay separación o, eventualmente, fractura. En este espacio siempre se ha dicho: por convicción, la Presidenta se plegará al proyecto obradorista. Asume su condición sin reserva ni vacilación; fue así desde el inicio y ahora, ante la peor amenaza al régimen, lo ratifica. Pero a esta reflexión no remite ese mal cálculo.