Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene activas al menos 13 pesquisas de personas reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez durante 2026, el Gobierno federal omite al menos 10 de los casos y sólo muestra en su Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDN) a tres personas.
Hasta ayer, la estadística por filtros del RNPDN mostraba a dos hombres y una mujer con reporte de desaparición entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2026 en el municipio de Juárez, comunicados en febrero (la mujer), marzo y abril (los dos hombres), todos de origen mexicano y sin colonia de referencia de su desaparición, dos de ellos entre el grupo de 35 a 39 años y uno más en el grupo de los 40 a los 44 años.
Después de constatar los datos con la FGE, ayer El Diario informó, a través de la publicación “Van este año aquí 13 desaparecidos”, que existen al menos 13 reportes activos de este año, seis de los cuales son adolescentes entre los 13 y 17 años; sin embargo, el registro federal omite todos los casos de menores de edad.
Además, sólo uno de los registros federales publicados coincide con las pesquisas difundidas por la FGE, el de Artemisa Valdez Cornelio, de 35 años, nacida en Lerdo, Durango, y reportada el pasado 5 de enero en la colonia Municipio Libre; mientras que en el caso de los dos hombres mayores de edad no coinciden las edades, puesto que la autoridad estatal reporta a Ernesto Reyes Ceniceros, de 21 años, y a Juan Manuel Silva Silva, de 38, y el RNDPN muestra a dos hombres entre 35 y 44 años.
El pasado 27 de marzo, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que sólo 3 mil 869 de los 132 mil 534 reportes históricos vigentes hasta entonces a nivel nacional contaban con una carpeta de investigación y 26 mil 611 son solamente tipificados como reportes dentro de las fiscalías.
El acotamiento provocó la indignación y reclamos de los colectivos de madres y familias buscadoras a nivel nacional, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que denunció que “es relevante mejorar registros y hacer transparente las metodologías de revisión”, así como que “la premisa inicial de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias, minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales”.
“Las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que desde su creación tienen el deber de llenar el registro con diligencia y de tomar acciones inmediatas de búsqueda”, apuntó.