Representantes de víctimas del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez acusaron que existe una “justicia selectiva” en los procesos penales derivados de la tragedia del 27 de marzo de 2023, al señalar diferencias en el trato que han recibido algunos de los inculpados.
La postura fue expresada por Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en relación a la audiencia celebrada este miércoles para revisar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Alan Omar P. V., quien se desempeñaba como guardia de seguridad privada al momento de los hechos.
“Sí hemos señalado de manera tajante que es un caso de justicia selectiva”, afirmó el litigante.
Zavala explicó que junto con Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana representan actualmente a 10 víctimas sobrevivientes y nueve núcleos familiares de personas fallecidas originarias de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
Según el abogado, mientras algunos procesados enfrentaron sus procedimientos en libertad, otros han permanecido privados de la libertad durante años.
Como ejemplo mencionó al excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y a Antonio M. D., quienes, dijo, no estuvieron sujetos a prisión preventiva durante gran parte de sus procesos.
En contraste, señaló que Alan Omar ha permanecido encarcelado por más de tres años.
La audiencia realizada en Ciudad Juárez ocurrió después de que el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito revocó la resolución emitida el 25 de febrero de 2026, en la que una jueza había considerado justificada la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta a Alan Omar.
En su resolución, el tribunal concluyó que la juzgadora no justificó adecuadamente la prolongación de la medida cautelar y ordenó celebrar una nueva audiencia para analizar nuevamente el caso, tomando en consideración los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la complejidad del asunto, la actividad procesal del imputado y la conducta de las autoridades.
Zavala sostuvo que las organizaciones que representan a víctimas no respaldan el uso de la prisión preventiva como regla general.
“Nosotros como organizaciones no estamos a favor de la prisión preventiva”, afirmó.
Víctimas buscan hacer valer sus derechos
Respecto a las víctimas que acompañan, el abogado señaló que con el paso del tiempo han adquirido un mayor conocimiento de sus derechos y una participación más activa dentro de los procedimientos judiciales.
Indicó que muchas personas sobrevivientes y familiares desconocían inicialmente que tenían calidad de víctimas y que podían acceder a información sobre las investigaciones, participar en los procesos y reclamar una reparación integral del daño.
Aseguró que actualmente existe un mayor involucramiento de las víctimas en las audiencias y en el seguimiento de los distintos procedimientos abiertos por el incendio.
Entre los principales pendientes, mencionó el reconocimiento pleno de todas las víctimas, incluidas algunas personas sobrevivientes y mujeres afectadas; la sanción de todos los responsables y la atención médica y psicológica para quienes resultaron afectados por los hechos.
Exfuncionario enfrenta ahora prisión preventiva
Mientras en Ciudad Juárez se desarrolló la audiencia relacionada con Alan Omar, en otro procedimiento derivado del mismo caso un juez federal modificó la medida cautelar de Antonio M. D.
Durante una audiencia virtual celebrada este martes, el juzgador determinó imponer prisión preventiva justificada luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara el incumplimiento de la obligación de firma periódica cuando enfrentaba el proceso en libertad condicional.
Como consecuencia, se ordenó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “Altiplano”, mientras continúa el proceso penal relacionado con su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria en el que murieron 40 personas y otras 27 resultaron lesionadas.
Para las organizaciones representantes de víctimas, las diferencias en el tratamiento procesal de los distintos imputados son parte de lo que consideran una muestra de la “justicia selectiva” que, afirman, ha caracterizado los procesos derivados de la tragedia ocurrida hace más de tres años en Ciudad Juárez.
