Después de once años de la aparición del lema «Ni una menos», el feminicidio sigue siendo una emergencia regional
Originalmente publicado en Global Voices en Español

Foto de la protesta del Día Internacional de la Mujer en Argentina de TV Prensa Pública Uruguay, 2015 (CC BY 2.0).
Por Daniela Poblete Ibáñez
Este artículo de la Revista Emancipa se publicó originalmente el 7 de mayo de 2026. Global Voices reproduce una versión editada en virtud de un acuerdo editorial.
Este arículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de junio de series, “Diversidad de género”. Esta serie ofrece una visión de la diversidad de género y de cómo se ve amenazada, protegida y preservada en todo el mundo. Puedes apoyar este reportaje con una donación.
Hay frases que surgen del dolor más profundo que terminan cambiando la historia. En 1995, la poeta mexicana Susana Chávez Castillo escribió “Ni una menos, ni una muerte más” mientras caminaba por las calles de Ciudad Juárez para denunciar el sistemático asesinato de mujeres, que el Estado prefería llamar “incidentes desafortunados”. En 2011, la propia Chávez fue asesinada, violada y mutilada como muchas de las mujeres que defendió.
Chávez Castillo no vivió para ver que sus palabras tuvieron un impacto duradero en el mundo. Cuatro años después de su feminicidio, su lema cruzó el continente.
El 10 de mayo de 2015, en Santa Fe, Argentina, a Chiara Páez —de 14 años y con dos meses de embarazo— su novio la mató a golpes y la enterró en el jardín de su casa familiar. Toda la ciudad estuvo buscándola. El padre de Chiara dijo algo que ninguna política pública debería olvidar jamás: “Chiara fue la gota que derramó el vaso. La violencia no empezó ese día. Ha existido desde hace muchos años”.
Un mes después del asesinato, 300,000 personas llenaron la plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires y se congregaron en otras 80 ciudades argentinas para una manifestación masiva contra la violencia de género, bajo un solo lema. En apenas semanas, Ni una menos se escuchaba en México, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Colombia y Paraguay.
Latinoamérica reconoció en ese lema algo que ya sabía pero que nadie había llamado tan claramente, que a las mujeres las matan por ser mujeres, y eso tiene un nombre: feminicidio.
El movimiento puso al feminicidio en el centro de atención en toda la región. Este mismo año, la Corte Suprema de Justicia de Argentina creó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Por primera vez, el Estado contó a las mujeres asesinadas por sus parejas. En Chile, Colombia y en todo el continente, las organizaciones exigieron lo mismo: datos, reconocimiento legal y responsabilidad institucional. Algunos Estados respondieron; la mayoría solo parcialmente. Once años después, la lucha continúa.
Según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, al menos 4855 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Latinoamérica en 2024, lo que equivale a 13 asesinatos por género todos los días. El total acumulado desde 2021 excede los 19,254 feminicidios en la región. Esas cifras son de registros oficiales que los Gobiernos entregan al Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, pero se complementan (y a veces quedan sobrepasadas) por datos recopilados por organizaciones de la sociedad civil, que supervisan informes de los medios, documentan casos y llenan los vacíos que los Estados no registran o eligen no ver.
Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, Argentina terminó 2025 con 200 feminicidios —una víctima cada 44 horas— pero el Observatorio de la Defensoría Nacional contó 247 casos, que incluyen feminicidios trans, feminicidios relacionados y suicidios relacionados con feminicidios. Estos son 247 crímenes por género, que han ocurrido mientras el gobierno del presidente Javier Milei desarticuló el Ministerio de la Mujer y recortó el 90% del financiamiento para programas de asistencia a las víctimas.
Datos oficiales de SernamEG señalan que Chile registró 40 feminicidios consumados y 283 tentativas de feminicidios en 2025, cometidos principalmente por parejas íntimas, dentro del hogar. Esas cifras son muy parecidas a las de 2024, pero el estancamiento no refleja menos violencia. Más bien, revela la incapacidad del Estado para transformar las estructuras que producen esa violencia.
Colombia está viviendo una crisis documentada por su sociedad civil. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entre enero y junio de 2025 se registraron 342 casos, un aumento de 6.5% en comparación del mismo periodo del año anterior. El 98% de esos casos está sin sentencia.
Paraguay terminó 2025 con 37 feminicidios según el Ministerio Público, que dejaron a 69 menores sin madre. El 85% de estos delitos los cometieron parejas actuales o anteriores. Ese mismo año, se registraron 37,825 casos de violencia doméstica (un promedio de 104 víctimas por día), pero las organizaciones de la sociedad civil consideran que estas cifras no reflejan todos los casos por la debilidad del sistema de protección.
La imagen no ha cambiado después de 11 años. Mientras el discurso institucional se multiplica a través de declaraciones simbólicas, acción concreta respaldada por presupuestos reales y voluntad política seguirá siendo insuficiente en la mayor parte de Latinoamérica.
Los Gobiernos ultraconservadores y autoritarios que ganan terreno en la región y alrededor el mundo no logran proteger a las mujeres, y trabajan activamente para desarticular los marcos institucionales de protección y derechos que tomó décadas construir. Están disolviendo ministerios de género, recortando presupuestos y paralizando programas de apoyo a las víctimas.
Junto a esto llega una ofensiva discursiva que normaliza el odio: a las mujeres se las cataloga como histérica, el feminismo es denunciado como «ideología«, y las diversas identidades se retratan como «amenazas a la nación«. Lejos de ser meramente simbólicos, este sentir se expresan a través de precariedad laboral, exclusión de la vida pública, y la criminalización del aborto como medio para controlar el cuerpo de la mujer.
«Ni una menos» nunca prometió terminar con el feminicidio. Prometió que las mujeres no se quedarán calladas; que cada vez que una de las suyas es asesinada, dirían su nombre. Que la lucha de Susana Chávez Castillo en Ciudad Juárez, de las Madres de Plaza de Mayo, y las mujeres de bases que organizaron comunidades en Latinoamérica no sea en vano.
Pero esa promesa también exige más de un lema. Exige que la indignación se convierta en organización, y que la organización se convierta en poder. Exige que cuando los Gobiernos se retiran, los ciudadanos deben avanzar. Once años después del primer grito, esto sigue siendo necesario, no porque el movimiento no ha hecho progresos, sino porque el patriarcado no se ha rendido. Ni tampoco las mujeres.