Como no se pudo reducir ni el tamaño del Congreso federal ni los recursos públicos entregados a los partidos políticos, el Plan B Presidencial apunta ahora a los mismos objetivos, pero en el ámbito estatal.
De acuerdo a lo que perfiló la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan B consistirá en enviar una iniciativa para modificar la Constitución, no las leyes secundarias en materia electoral como en principio se había dicho, para las siguientes reformas:
Que se reduzca el número de integrantes de los Congresos estatales así como los recursos que reciben.
Sheinbaum puso como ejemplo que cada uno de los 20 diputados locales de Morelos, cuestan 31 millones de pesos anuales.
Por eso la reforma B planteará que se reduzcan los presupuestos de los 32 Congresos estatales en el país.
Esta reforma alternativa también afectará a los municipios pues planteará la reducción de los integrantes de los Ayuntamientos y la reducción presupuestal “para acabar con los privilegios que tienen’’, según la Presidenta.
Dentro de estas reducciones, irá incluida la disminución de los salarios de los consejeros electorales del INE y de toda la estructura del órgano electoral en el país.
Hasta ahí, todas las medidas son recaudatorias, igual como se planteaba en la reforma rechazada, pero también contempla medidas de orden político bajo el disfraz de la austeridad.
Por ejemplo, se propondrá que se empate la consulta de revocación de mandato con la elección intermedia del 2027, lo que le dará, si se aprueba (y no se ve cómo el Verde o el PT se puedan oponer nuevamente), una ventaja indebida al partido en el poder porque la consulta se convertirá en un referéndum sobre la imagen presidencial, que podría hacer campaña, algo que hasta ahora no está permitido.
Se supone que con esta decisión, el INE se ahorraría unos 5,000 millones de pesos, pues no tendría que utilizar una vez más toda la estructura electoral, apenas un mes después de la elección federal, para llevar a cabo la consulta como establece hoy la Constitución.
Otro tema que deberá atenderse es la intención de incluir en esa consulta el tema electoral, es decir, preguntar a los votantes si están de acuerdo o no en que se insista en una reforma como la rechazada para “quitarle el control de las listas y el dinero’’ a los dirigentes de los partidos.
Para que el mandato de la consulta sea vinculante, es decir, de aplicación obligatoria, se requiere que el 40% de los votantes lo acepten, lo que es más sencillo si la pregunta se hace en una elección y no solo en un evento único, como debería ser.
También se prevé, con el mismo pretexto de la austeridad, el cambio de fecha para la elección de los más de 800 integrantes del poder judicial que deberían ser votados en el 2027; su elección se programaría para el 2028.
Ricardo Monreal, pastor del rebaño morenista en San Lázaro, informó que la iniciativa podría ser enviada lunes o martes de la próxima semana y que se trata de reformas a la Constitución, no a las leyes secundarias.
Una prueba de fuego para su liderazgo, sin duda, y para el Verde y el PT, a quien desde el principal foro del país ya se les colocó el cartel de traidores.
A ver.
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La violencia sin fin que padece Guerrero cobró la vida de Claudia Ivette Rodríguez, dirigente del PRI en Ometepec.
Una muerte más para la estadística que dice que estamos mucho mejor.
El gobierno morenista del estado guardó silencio, otra vez.
@adriantrejo
