Las ausencias también hablan. Y cuando quienes faltan de manera reiterada son legisladores que se encuentran bajo el escrutinio público por diversos señalamientos, el mensaje que envían resulta todavía más inquietante.
Lo que ocurre en la Comisión Permanente del Congreso podría parecer un asunto menor. Después de todo, las inasistencias legislativas son frecuentes en un sistema político donde muchos representantes consideran que el cargo es un privilegio y no una responsabilidad.
Sin embargo, el caso de dos senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández (reapareció luego de una supuesta operación ocular) y Enrique Inzunza Cázarez, merece una lectura distinta.
Ambos han acumulado ausencias que han llamado la atención dentro y fuera del Congreso. Los pretextos pueden ser variados y las explicaciones también, pero la realidad es que los dos han optado por mantener un bajo perfil precisamente cuando arrecian versiones, investigaciones periodísticas y declaraciones provenientes de Estados Unidos sobre posibles nexos de políticos mexicanos con organizaciones criminales.
La coincidencia no pasa inadvertida.
Adán Augusto acude con irregularidad al Senado, pero como si no fuera, porque no se digna dar declaraciones a la prensa.
Durante décadas, México utilizó términos como corrupción, tráfico de influencias o complicidad política para describir los excesos del poder. En los años recientes comenzó a abrirse paso otro concepto mucho más delicado: el de los llamados “narcopolíticos”.
No se trata de una etiqueta surgida de la confrontación partidista, sino de una expresión que ha cobrado fuerza a partir de testimonios de colaboradores de la justicia estadounidense, investigaciones de agencias de seguridad y señalamientos que vinculan a determinados actores políticos con actividades del crimen organizado.
En ese contexto, las ausencias de ambos legisladores adquieren una dimensión distinta. No porque una falta constituya prueba de culpabilidad, sino porque la responsabilidad política exige dar la cara cuando existen cuestionamientos de interés público.
Si los señalamientos son falsos, corresponde a los involucrados enfrentarlos, desmentirlos y defender su nombre. Si existen investigaciones en curso que requieran su atención, entonces deberían concentrarse plenamente en ellas. En cualquiera de los escenarios, resulta difícil justificar el limbo político, donde no se aclaran las acusaciones ni se cumplen las obligaciones legislativas.
Por ello, sería pertinente que ambos solicitaran licencia temporal al Senado. No como una admisión de responsabilidad, sino como un acto de congruencia institucional.
Los ciudadanos eligieron representantes para legislar y supervisar al gobierno, no para tener una curul vacía mientras resuelven asuntos personales o políticos. Los suplentes están precisamente para garantizar la continuidad de los trabajos parlamentarios.
Además, el contexto bilateral entre México y Estados Unidos dista mucho de ser normal. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ha endurecido el discurso sobre el combate a los cárteles mexicanos y la posible responsabilidad de funcionarios públicos que hayan colaborado con ellos.
Diversos integrantes de la administración estadounidense han advertido que podrían darse a conocer nuevas investigaciones y nuevos nombres relacionados con presuntas redes de protección política al crimen organizado.
Lejos de disminuir, la presión parece aumentar.
La estrategia del gobierno mexicano ha sido insistir en la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, la soberanía también exige demostrar capacidad para investigar, procesar y sancionar a quienes eventualmente hayan violado la ley. Cuando esa capacidad se pone en duda, otros actores comienzan a buscar mecanismos alternativos para actuar.
Por eso el problema ya no es solamente jurídico o diplomático. Es político. Cada ausencia alimenta especulaciones. Cada silencio genera nuevas preguntas. Cada evasiva fortalece la percepción de que algunos personajes prefieren mantenerse agazapados mientras pasa la tormenta.
Pero todo indica que la tormenta apenas comienza.
Quienes creen que el tiempo devolverá las cosas a la normalidad podrían estar subestimando la profundidad de la crisis.
Los acontecimientos de las últimas semanas muestran que el tema de los presuntos vínculos entre política y crimen organizado se ha instalado en el centro de la relación bilateral y difícilmente desaparecerá de la agenda pública.
La pregunta ya no es si vendrán más revelaciones, sino cuándo y contra quiénes.
La reunión bilateral de seguridad que se celebrará en los próximos días entre funcionarios de México y Estados Unidos servirá para ponerle al lado mexicano más presión para que atiendan las peticiones de extradición, so pena de que, en última instancia, ellos hagan el trabajo.
La FGR de Ernestina Godoy está tratando de deslindar a los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, con dilaciones y con desestimar pruebas y testimonios. Sin embargo, esta estrategia solo provoca que se detone el operativo de extracción, tal como sucedió con Nicolás Maduro en Venezuela.