La vigilancia ciudadana sobre las acciones de las corporaciones de seguridad continúa siendo una de las principales banderas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en la frontera.
El pasado lunes, la organización de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos –Border Network for Human Rights (BNHR)– presentó un informe anual en el que documenta 128 presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a agencias policiales locales y federales que operan en la región de El Paso.
Durante una conferencia de prensa, representantes de la organización dieron a conocer los hallazgos de su campaña permanente denominada “The Abuse of Authority Documentation Campaign” (Campaña de Documentación de Abuso de Autoridad), una iniciativa mediante la cual residentes de la comunidad reportan incidentes que consideran constituyen abusos cometidos por agentes de corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley en la frontera entre Estados Unidos y México.
La organización señaló que el informe reúne denuncias correspondientes a casos documentados durante los últimos dos años y que involucran al Departamento de Policía de El Paso (EPPD), la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Fernando García, director ejecutivo de BNHR, recordó que la organización ha documentado casos de abuso durante casi 28 años y que este esfuerzo comenzó formalmente en el año 2000.
“Nuestro objetivo no es simplemente repetir informes. Lo que queremos es reducir y poner fin a las violaciones constitucionales cometidas por las agencias de seguridad”, afirmó.
García subrayó que la iniciativa busca romper con la normalización de la violencia institucional. “El abuso nunca debe ser normalizado, ni en el hogar, ni en las calles, ni en el trabajo, ni en cárceles o centros de detención”, señaló durante su intervención.
El activista también enfatizó que el informe se fundamenta en el principio de rendición de cuentas, uno de los pilares de la democracia estadounidense. “Este país fue fundado sobre un sistema de pesos y contrapesos. Nadie debe estar por encima de la Constitución ni del escrutinio público”, dijo.
En su explicación metodológica, García detalló que el informe no se basa en encuestas generales, sino en entrevistas profundas realizadas a víctimas y testigos en distintas zonas del área metropolitana de El Paso, incluyendo el Valle Bajo y el Centro de la ciudad.
De acuerdo con BNHR, se documentaron 10 casos relacionados con el Departamento de Policía de El Paso, que incluyen 53 presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre las preocupaciones expuestas figuran el supuesto uso excesivo de la fuerza y el empleo de armas menos letales en incidentes que derivaron en muertes.
Respecto a la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, el informe identifica 11 casos que agrupan 24 denuncias de presuntos abusos. La organización expresó además inquietud por la colaboración de la agencia con autoridades migratorias federales y por las muertes registradas bajo custodia en cárceles del Condado entre 2025 y 2026.
En cuanto a ICE, la organización reportó 13 casos que incluyen 51 presuntas violaciones a los derechos humanos, entre ellas cateos sin orden judicial en negocios propiedad de minorías, separación de familias migrantes, condiciones consideradas inhumanas en centros de detención y tres fallecimientos de migrantes mientras permanecían bajo custodia federal.
La presentación del informe forma parte de una labor que BNHR ha desarrollado durante décadas en la región fronteriza.
La organización ha sido una de las voces más activas en la defensa de las garantías constitucionales de inmigrantes, residentes y ciudadanos estadounidenses, argumentando que la aplicación de la ley debe realizarse respetando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de Estados Unidos, incluidos el debido proceso, la igualdad ante la ley y la protección contra registros y detenciones arbitrarias.
Como parte de sus conclusiones, BNHR propuso la creación de una comisión independiente encargada de supervisar e investigar posibles abusos cometidos por el Departamento de Policía y la Oficina del Sheriff.
Asimismo, recomendó ampliar el financiamiento para equipos especializados en crisis de salud mental y establecer una comisión local de derechos humanos integrada por autoridades municipales y del Condado.
En relación con ICE, la organización sostuvo que corresponde al Congreso de Estados Unidos intervenir para fortalecer la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y revisar las condiciones existentes en los centros de detención migratoria.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó categóricamente las acusaciones. En una declaración oficial, la agencia afirmó que las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de ICE en El Paso son falsas.
La dependencia sostuvo que sus oficiales reciben capacitación constante para utilizar únicamente la fuerza mínima necesaria y que todos los incidentes relacionados con el uso de la fuerza son documentados y sometidos a revisiones internas conforme a los estándares de detención y supervisión del DHS.
Asimismo, defendió las condiciones de atención dentro de los centros de detención, asegurando que los migrantes reciben alimentación adecuada, acceso a atención médica, dental y de salud mental, además de la posibilidad de comunicarse con abogados y familiares.
La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso también respondió al informe expresando su inconformidad por no haber tenido acceso previo al documento antes de su presentación pública.
En un comunicado, la dependencia indicó que durante la administración del sheriff Oscar Ugarte ha mantenido canales de comunicación abiertos con BNHR y ha sostenido diversas reuniones para abordar asuntos que afectan a la comunidad fronteriza. Sin embargo, aseguró que las preocupaciones y acusaciones contenidas en el informe no habían sido planteadas previamente.
La oficina informó además que intentó comunicarse con el director de BNHR, Fernando García, para conocer con mayor detalle los señalamientos incluidos en el reporte.
“Tomamos seriamente cualquier alegación de conducta indebida y mantenemos nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de confianza con las comunidades a las que servimos”, señaló la agencia, agregando que revisará cualquier evidencia o información específica que le sea proporcionada y actuará conforme a los hechos que se determinen.
“Si BNHR proporciona información adicional, acusaciones específicas o evidencia relacionada con el personal de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, revisaremos a fondo el asunto y tomaremos cualquier acción apropiada basada en los hechos”.
El informe vuelve abrir un debate que ha marcado a las comunidades fronterizas durante años: el equilibrio entre las labores de seguridad pública y el respeto a los derechos civiles y humanos de quienes viven, trabajan o transitan por una de las regiones más vigiladas de Estados Unidos.