El fallo civil contra el Instituto Tesla no sólo abrió una nueva ruta legal para el plantel, sino también una discusión pública sobre los alcances de las medidas de protección que aplican las escuelas ante denuncias de violencia sexual, señalaron ayer organizaciones civiles de Ciudad Juárez.
Representantes de Sin Violencia A.C., Casa Amiga Esther Chávez Cano, Red Mesa de Mujeres y Programa Compañeros fijaron postura sobre la sentencia emitida por el Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial Bravos, a cargo del juez José Chaparro, que condenó a la preparatoria al pago de más de 20 millones de pesos por daño moral a un exalumno.
Durante una conferencia de prensa, las organizaciones manifestaron preocupación por las implicaciones que la resolución podría tener para la atención de denuncias dentro de los centros educativos y para las víctimas de violencia sexual.
Elia Orrantia Cárdenas, de Sin Violencia A.C., señaló que el caso constituye un precedente que debe analizarse desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sostuvo que la sentencia transmite el mensaje de que las medidas de protección adoptadas por una escuela pueden derivar en consecuencias económicas que afecten a la institución.
Indicó que existe el riesgo de que directivos y personal docente duden en actuar ante denuncias de acoso u hostigamiento sexual por temor a enfrentar demandas civiles posteriores.
“Las escuelas comenzarán a dudar en separar a los agresores o en aplicar medidas de protección. Esto deja a las alumnas denunciantes en una total vulnerabilidad”, expresó.
Por su parte, Lydia Cordero, directora de Casa Amiga Esther Chávez Cano, señaló que las medidas adoptadas por una institución educativa para proteger a estudiantes no constituyen una sentencia penal, sino acciones preventivas que buscan evitar riesgos mientras las autoridades investigan los hechos denunciados.
“Un entorno educativo no puede esperar de tres hasta cinco años a que un juez penal dicte sentencia para garantizar la seguridad de sus alumnos”, afirmó.
Agregó que la resolución coloca a los planteles en una situación compleja, ya que podrían enfrentar consecuencias si actúan para proteger a posibles víctimas, pero también si omiten intervenir ante denuncias de violencia.
Asimismo, señaló que el caso evidenció la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación en educación media superior, debido a que existen vacíos en los procedimientos para atender este tipo de situaciones.
También cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de la investigación y atención de víctimas, al considerar que se requieren mayores recursos, peritajes y mecanismos de protección para quienes denuncian.
A su vez, Yadira Cortez, integrante de Red Mesa de Mujeres, llamó a la Secretaría de Educación y Deporte a reforzar los protocolos existentes en educación básica y media, además de desarrollar lineamientos específicos para el nivel medio superior.
Pidió además a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género dar seguimiento a los reportes que presenten las instituciones educativas y actuar conforme a las facultades que establece la ley.
Sigue proceso de apelación
La activista señaló que el caso, actualmente en proceso de apelación, enfrenta dos principios jurídicos que deben coexistir: la protección de las víctimas y la seguridad escolar, junto con el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la educación.
“Nuestra postura es que el caso no se resume en pesos y centavos”, dijo.
Más adelante, Luisa Ramos Rodríguez, de Programa Compañeros, afirmó que la discusión no debe centrarse únicamente en el monto económico de la sentencia, sino en el impacto que ésta puede tener en las estrategias de prevención y atención de la violencia sexual dentro de los espacios educativos.
Añadió que las organizaciones mantienen como prioridad el acompañamiento a víctimas y el impulso de acciones que permitan garantizar entornos seguros para niñas, adolescentes y mujeres.
Las representantes precisaron que no participan en la defensa jurídica del Instituto Tesla y que su intervención se limita al respaldo público de las víctimas y a la promoción de mejoras institucionales para atender casos similares.
Al concluir el posicionamiento, hicieron un llamado a las mujeres y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual a denunciar los hechos y buscar acompañamiento especializado.
“El silencio nunca debe ser una opción”, expresó Ramos Rodríguez.
