A lo largo de las participaciones de quien suscribe he planteado el tema de los derechos humanos concentrándome en las grandes categorías jurídicas: vida, libertad, igualdad, seguridad, acceso a la justicia o debido proceso, sin embargo, una comprensión integral de la dignidad humana exige ampliar la mirada hacia aquellas dimensiones de la existencia colectiva que permiten el pleno desarrollo de las personas dentro de la comunidad a la que pertenecen.
En este sentido, la cultura, el deporte, la convivencia social y el acceso igualitario al espacio público forman parte de ese entramado que hace posible una vida digna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, reconoce el derecho de toda persona a participar libremente en la vida cultural de la comunidad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales profundiza esa obligación al establecer el deber de los Estados de garantizar la participación en la vida cultural y promover las condiciones necesarias para hacerla efectiva, así como, nuestra Carta Magna, interpretada a la luz del artículo primero, exige que todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.
Esta perspectiva modifica profundamente la manera en que deben analizarse las políticas públicas relacionadas con actividades culturales, deportivas o recreativas, ya que, se trata de mecanismos que fortalecen el tejido social, consolidan vínculos comunitarios, generan sentido de pertenencia y permiten que las personas ejerzan plenamente su condición de integrantes de una colectividad democrática.
El anuncio de la denominada Fiesta Mundialista 2026 constituye, en ese contexto, una iniciativa orientada a propiciar espacios de encuentro ciudadano alrededor de uno de los acontecimientos deportivos con mayor impacto global, la instalación de pantallas públicas, zonas de convivencia familiar y actividades recreativas representa una estrategia que puede fortalecer la apropiación positiva del espacio público y promover dinámicas de integración social.
Precisamente por esa razón resulta pertinente formular una reflexión desde la óptica de los derechos humanos, toda política pública de integración comunitaria debe observar criterios de igualdad material, no discriminación y distribución equitativa de oportunidades para el disfrute colectivo.
En concomitancia, Ciudad Juárez representa la concentración poblacional más importante del estado, constituye uno de los principales motores económicos nacionales, alberga una realidad multicultural y expresa una identidad fronteriza cuya riqueza social forma parte del patrimonio vivo de Chihuahua y de México. La ausencia de mecanismos institucionales que permitan compartir colectivamente un acontecimiento de esta naturaleza genera, cuando menos, una reflexión sobre la forma en que se distribuyen las oportunidades públicas de participación comunitaria.
La igualdad contemporánea no consiste únicamente en tratar a todas las personas bajo una fórmula abstracta de uniformidad jurídica, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha demostrado que la igualdad exige remover obstáculos, reducir asimetrías y garantizar condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos. En otras palabras, la igualdad demanda presencia institucional donde existen mayores necesidades de integración y claro, demandas políticas públicas capaces de reconocer las características particulares de cada comunidad.
Ahora bien, desde la ética gubernamental, toda autoridad ejerce una función jurídica y desempeña una función simbólica, es así como, las decisiones públicas transmiten mensajes sobre reconocimiento, pertenencia e inclusión, por ello, la distribución de eventos, programas culturales o espacios de convivencia comunica implícitamente quién forma parte del imaginario colectivo de una comunidad política y quién permanece en sus márgenes.
En este sentido, una pantalla instalada en una plaza pública hubiese permitido que las familias juarenses ocuparán los espacios públicos para celebrar, convivir y compartir experiencias comunes constituye también una forma de reivindicar la ciudad frente a los estigmas que históricamente la han acompañado.
Sin duda, la omisión de Ciudad Juárez dentro de una estrategia pública concebida para fortalecer la convivencia social mediante un acontecimiento de alcance internacional produce, inevitablemente, una reflexión sobre la justicia distributiva en el diseño de las políticas públicas. Cuando el Gobierno del Estado decide llevar la denominada Fiesta Mundialista a Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Delicias y Jiménez, dejando fuera a la ciudad con mayor población de la entidad, con el mayor peso económico y con una de las identidades sociales más dinámicas del norte del país, el mensaje institucional trasciende la organización de un evento deportivo y se inserta en el ámbito de la ética gubernamental y de los derechos humanos.
En esta tesitura, es dable reiterar que la injusticia social no siempre se manifiesta mediante actos abiertamente discriminatorios o restricciones expresas de derechos, en numerosas ocasiones se construye mediante decisiones aparentemente ordinarias que terminan generando diferencias injustificadas en el acceso a bienes públicos, actividades comunitarias y espacios de integración colectiva, la exclusión reiterada de determinados territorios de programas que fortalecen la identidad compartida puede producir efectos acumulativos sobre el sentido de pertenencia de sus habitantes y debilitar la confianza ciudadana en la imparcialidad con la que actúan las instituciones públicas.
Por último, las y los juarenses no requerimos privilegios ni tratos preferenciales, solo exigimos como cualquier otra comunidad democrática, que las políticas públicas sean diseñadas bajo parámetros de igualdad, proporcionalidad y justicia territorial, ya que, reconocer su dimensión humana, económica, cultural y fronteriza no constituye un acto de deferencia política, representa el cumplimiento de un compromiso ético con la dignidad de sus habitantes y con el principio constitucional de igualdad.