La crisis política en Nuevo León sumó un capítulo crítico luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso Local aprobara por mayoría iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.
El proceso penal-administrativo, impulsado formalmente por la bancada de Morena, responde a las indagatorias que pesan sobre el mandatario por presuntamente tejer una red de desvío y lavado de dinero que supera los 1,000 millones de pesos.
Los fondos públicos habrían sido canalizados hacia los despachos jurídicos de su círculo familiar más cercano para terminar invertidos en el extranjero.
García Sepúlveda contará con un plazo perentorio de 15 días hábiles para rendir su declaración formal (ya sea de manera escrita o compareciendo en el Pleno) una vez sea notificado de forma legal.
La Anatomía del Desvío: El Esquema Corporativo Bajo la Lupa de la FGR
La carpeta de investigación, robustecida tras las revelaciones financieras de la primavera pasada, detalla un modelo de triangulación corporativa diseñado —según la Fiscalía General de la República (FGR)— para evadir los controles de la Auditoría Superior:
1.Canalización de Fondos Públicos:Fase 1: Origen.
El Gobierno del Estado asigna contratos de obra, proveeduría o servicios a empresas intermediarias y proyectos de infraestructura estatal.
2.Triangulación al Despacho Familiar:Fase 2: Absorción.
Los recursos públicos fluyen mediante subcontratos o asesorías simuladas hacia las cuentas de “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, despacho donde los accionistas principales son Samuel Orlando García Mascorro (padre del gobernador) y Samuel Orlando García Villarreal (medio hermano).
3.Inyección a la Inmobiliaria:Fase 3: Dispersión.
Una vez dentro del patrimonio de la firma legal, los capitales se transfieren a la compañía “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, sumando transacciones que rebasan los mil millones de pesos.
4.Dispersión y Fuga Internacional:Fase 4: Ocultamiento.
La inmobiliaria familiar dispersa los fondos hacia distintas cuentas bancarias radicadas fuera del país, principalmente en el sistema financiero de Estados Unidos, con el objetivo de romper la trazabilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Samuel García dará su informe de gobierno este domingo. Foto: Luis Guerra, TelediarioLa Defensa del Mandatario: “Es un Refrito Exonerado”
Fiel a su estilo discursivo, el gobernador de Nuevo León rechazó tajantemente la validez jurídica del proceso legislativo iniciado en el Congreso local y acusó una intencionalidad electoral en el revire de los bloques de oposición:
“La Fiscalía (estatal) emitió una resolución definitiva de no ejercicio de acción penal, pues después de analizar las pruebas, determinó que no existe irregularidad. Por tanto, son falsos todos los señalamientos (...) es un refrito”.
— Samuel García, a través de sus canales oficiales.
El equipo legal del mandatario argumenta que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya revisó la contabilidad de los despachos familiares y cerró las carpetas locales en su momento, por lo que consideran este nuevo juicio político como una violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis in idem).
Balance de Fuerzas en el Congreso Neoleonés
Pese a que la sesión de la Comisión de Anticorrupción estuvo marcada por el ausentismo de algunos legisladores del bloque de Morena (quienes paradójicamente diseñaron la solicitud inicial el pasado 8 de junio), el bloque opositor consolidó los votos necesarios para turnar el trámite.
Estatus de los Plazos Procesales (Juicio Político 2026)
| Etapa del Proceso | Plazo / Estatus | Implicación Jurídica |
|---|---|---|
| Aprobación en Comisión | Concluido (10-12 de junio). | Da inicio formal al expediente legislativo. |
| Notificación formal al Ejecutivo | En proceso de entrega. | Corre el reloj legal para la defensa del gobernador. |
| Término de Comparecencia | 15 días hábiles a partir de la notificación. | Samuel García debe presentar pruebas de descargo de forma presencial o por escrito. |
| Votación en el Pleno | Fecha por definir. | Se requiere mayoría calificada para proceder a la separación del cargo o inhabilitación, lo que desatará una nueva batalla en la Suprema Corte. |
El expediente entra ahora en una zona de alta tensión constitucional, ya que el equipo del gobernador prepara un paquete de amparos federales y controversias constitucionales para tratar de frenar la notificación del Congreso.
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