Un monopolio es, por definición, la ausencia de libertad. En términos económicos, si una sola entidad controla la oferta de un bien o servicio sin competencia, elimina cualquier incentivo para mejorar la calidad o bajar los precios.
En México, este régimen aparece como esa entidad interesada en el control absoluto que elimine cualquier competencia, lo mismo electoral que energética, que deja ver un pulso autoritario.
Esta tentación monopólica se deja ver desde la prohibición que imponen a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de elegir libremente su medio de transporte terrestre.
El régimen ha decidido proteger a los gremios de taxistas tradicionales con el uso de los militares, convertidos en gestores de aduanas, de aeropuertos y en policías persecutores de los taxis por aplicación. Una violación del derecho de movilidad, que cuadruplica los costos de los ciudadanos, con tal de conservar las prebendas de las altas tarifas que cobran los taxis autorizados y el gobierno que los concesiona.
Con el desmantelamiento de la reforma energética del 2013, este régimen ha provocado que Pemex recupere de facto el monopolio de la distribución de gasolinas y con ello el gobierno ha acorralado a los empresarios del sector.
Sin alternativas de suministro real y bajo la amenaza de auditoras o revocaciones, los concesionarios se ven forzados a aceptar acuerdos “voluntarios” para fijar el precio en 24 pesos por litro de la gasolina Magna, lo que algunas veces da excedentes fiscales al gobierno y en otras, como la actual, merma las ganancias de los empresarios.
Así, el monopolio autoritario del sector energético ignora las condiciones del mercado, en las buenas y en las malas, para dictar una solución política que busca sostener una narrativa de estabilidad, lo que claramente espanta a las inversiones.
Y el más peligroso de los monopolios es el que diseñó, y no parece dejar de operar, Andrés Manuel López Obrador, para tener todo el poder.
Ya eliminaron a los organismos autónomos, ya se apropiaron del Poder Judicial y ahora van por el control electoral. Tras el fracaso de la contrarreforma constitucional en materia electoral ahora van por otro de sus temidos “Plan B”.
Aquí el objetivo no es el mercado, sino el monopolio democrático; es debilitar la ya frágil estructura del INE, centralizar los procesos electorales y sus resultados. Es ver la pluralidad como un estorbo en su autoritaria misión de imponer su Cuarta Transformación.
Lo paradójico, a niveles de bipolaridad, es que este mismo régimen que se empeña en construir monopolios desde el autoritarismo, es el mismo que acude con docilidad a las mesas de renegociación del T-MEC, con la súplica de mantener una relación comercial abierta con las economías de libre mercado del norte.
Así, hacia adentro se impone un control vertical y se castiga al mercado, pero hacia afuera se implora mantener las ventajas de apertura y libre competencia de la economía más grande del mundo.
Hay algo más que tiene que ver con eso de las personalidades centralistas y autócratas: ¿Qué reacción podría tener Donald Trump en el proceso de renegociación del T-MEC cuando ve que su socio desmantela la certeza jurídica de sus inversionistas y que utiliza al Estado para distorsionar precios y mercados?
