Los legisladores mexicanos aprobaron una reforma constitucional respaldada por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum que permitirá anular las elecciones en caso de intervención extranjera.
Mientras que los defensores de la reforma afirman que protegerá al país de interferencias electorales externas, los críticos argumentan que podría convertirse en una herramienta para que el partido en el poder debilite las normas democráticas y se perpetúe en el gobierno.
La aprobación de esta reforma fortalecería la estrategia de Morena para consolidar su dominio en la política electoral mexicana.
Se suma a la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024 que estableció la elección por voto popular de todos los jueces del país, incluidos los integrantes de la Suprema Corte. Como resultado, una mayoría de jueces cercanos al partido gobernante ocupó posiciones clave en el Poder Judicial.
Congresos estatales aprueba reforma que anula elección por injerencia extranjera
La mayoría de los congresos estatales ratificó la reforma constitucional que anula las futuras elecciones en caso de “actos de intervención o injerencia extranjera” que afecten los resultados.
La reforma, firmada por Sheinbaum el 2 de junio, ya había sido aprobada previamente por ambas cámaras del Congreso.
Los promotores de la medida afirman que servirá para proteger la integridad de los procesos electorales frente a interferencias externas, citando “experiencias recientes en América Latina”, en aparente referencia a intentos del gobierno de Estados Unidos por influir en elecciones de la región.
El texto establece que las autoridades judiciales podrán invalidar los resultados de una elección “cuando se determine de manera objetiva y sustancial que ha ocurrido una interferencia extranjera”.
¿Qué se considerará como intervención extranjera en México?
El Congreso aún debe discutir la legislación secundaria que definirá los mecanismos para aplicar la reforma de la llamada Ley Monreal.
No obstante, el proyecto señala que cualquier elección podrá anularse si se demuestra que una intervención o interferencia extranjera influyó en los resultados.
La reforma define como “interferencia extranjera” la participación de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o entidades privadas extranjeras.
Entre las conductas consideradas como injerencia están el financiamiento a candidatos, ciberataques, campañas de desinformación y presiones diplomáticas o mediáticas. También se considera intervención extranjera cualquier incursión por tierra, mar o aire en territorio mexicano con el propósito de afectar “el orden constitucional”.
Actualmente, en México las elecciones pueden anularse únicamente por tres causas: rebase de topes de gastos de campaña, compra de cobertura informativa o uso de recursos de procedencia ilícita. En la práctica, estas anulaciones han sido poco frecuentes y se han limitado al ámbito local.
La reforma también establece que cualquier candidato que se haya beneficiado de una interferencia extranjera quedará impedido para participar en futuras elecciones. Cualquier persona que considere tener pruebas de una intervención extranjera podrá presentar una denuncia ante las autoridades electorales competentes.
Entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los organismos electorales locales, todos con facultades para invalidar resultados electorales.
El INE es el organismo encargado de organizar las elecciones federales, realizar el conteo de votos, validar los resultados y hacerlos oficiales. Los organismos locales cumplen funciones similares a nivel estatal y municipal, mientras que el Tribunal Electoral resuelve las controversias derivadas de los procesos electorales.