La publicación del último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional ha situado bajo el foco una decisión adoptada a finales de 2024: el Director Adjunto Operativo (DAO) ordenó amonestar a un investigador de la UCO que participaba en la causa que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Según la documentación incorporada al procedimiento, el origen de aquella actuación fue la inclusión en un informe remitido al juzgado de una cuenta de correo electrónico utilizada por Begoña Gómez. La Dirección, encabezada entonces por el teniente general Manuel Llamas, ordenó abrir una denominada “información reservada” (paso previo a la apertura de un expediente disciplinario formal) para determinar si la incorporación de ese dato podía generar algún tipo de responsabilidad disciplinaria.
Lo relevante del episodio no es únicamente la existencia de esa investigación interna, sino el contexto en el que ahora reaparece. La UCO lo incorpora a un informe más amplio sobre las supuestas operaciones destinadas a desacreditar a los investigadores que intervenían en procedimientos judiciales relacionados con dirigentes socialistas y personas del entorno del presidente del Gobierno.
La controversia gira en torno a un informe remitido a la jueza instructora de Badajoz que investigaba la contratación de David Sánchez. En el marco de esas diligencias aparecieron intercambios de correos electrónicos entre el hermano del presidente y su cuñada, Begoña Gómez. En dichos intercambios, ella utilizaba una cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno.
A partir de ese momento, la Dirección Adjunta Operativa ordenó analizar cómo había sido elaborado el documento policial y por qué se había incorporado esa dirección de correo. El objetivo oficial era comprobar si se habían expuesto datos personales que pudieran dar lugar a responsabilidades.
Sin embargo, la investigación interna concluyó sin apreciar infracción disciplinaria alguna. El instructor Fernando Mora no encontró elementos suficientes para justificar un expediente sancionador contra el agente implicado. Pese a ello, sí propuso que el analista fuera objeto de una amonestación verbal por parte de sus superiores. Esa recomendación fue asumida posteriormente por el DAO y trasladada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
Desde una perspectiva administrativa, la decisión puede interpretarse como una medida correctiva menor. Sin embargo, desde el punto de vista de la percepción interna dentro del cuerpo, la situación adquiere una dimensión distinta, especialmente cuando afecta a investigadores involucrados en procedimientos judiciales de elevada sensibilidad política.
El caso Leire Díez y el contexto de las pesquisas contra la UCO
La relevancia actual de esta amonestación deriva del marco en el que ha sido recuperada por la propia UCO. De acuerdo con los últimos informes remitidos por la propia unidad a la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez, este expediente formaría parte de una estrategia para presionar a la unidad anticorrupción.
Los agentes sostienen que la presunta trama del PSOE buscaba apoyarse en la cúpula política del cuerpo (como la directora general, Mercedes González) para impulsar investigaciones internas contra la UCO bajo la tesis de supuestas infracciones con el fin de debilitar y ralentizar las pesquisas que afectan al entorno del Ejecutivo.
El informe enviado al juez Santiago Pedraz sostiene que existió una estrategia continuada destinada a cuestionar la actuación de la unidad encargada de algunas de las investigaciones más delicadas para el PSOE y para personas próximas al Ejecutivo. Los investigadores afirman que Leire Díez habría mostrado un interés específico en promover investigaciones internas contra la UCO. Según la tesis policial, dichas actuaciones pretendían erosionar la credibilidad de los agentes y poner en cuestión la legitimidad de sus pesquisas judiciales.
En este contexto, la amonestación relacionada con el correo electrónico de Begoña Gómez aparece como una de las tres informaciones reservadas abiertas entre 2024 y 2025 contra los miembros de la unidad.
La propia UCO subraya la excepcionalidad de que se impulsaran varios procedimientos de esta naturaleza en un periodo temporal tan corto.
Las tensiones entre la cadena de mando y los investigadores
Otro elemento relevante que emerge de los informes es la existencia de fricciones entre determinados mandos y los responsables de la Policía Judicial. Según diversos testimonios incorporados a la investigación, algunos responsables de la Guardia Civil habrían expresado su preocupación por el impacto político de determinadas pesquisas. También aparecen referencias a reuniones en las que se debatieron informes relacionados con el entorno del presidente del Gobierno.
Especialmente significativa resulta la referencia a las supuestas instrucciones para actuar con mayor cautela en investigaciones con repercusiones políticas. Aunque las versiones sobre el alcance de esas indicaciones son objeto de controversia, su mera aparición en los documentos judiciales ya refleja el elevado nivel de tensión institucional que rodeaba a estas investigaciones.
En ese escenario, cualquier actuación disciplinaria dirigida contra agentes de la UCO adquiría inevitablemente una dimensión que trascendía el ámbito estrictamente interno.
La cuestión central es si determinadas investigaciones internas respondían exclusivamente a criterios disciplinarios o si podían interpretarse como una consecuencia indirecta de las tensiones generadas por causas especialmente sensibles desde el punto de vista político.
La amonestación al agente por incluir el correo electrónico de Begoña Gómez se ha convertido así en un símbolo de esa discusión. Mientras unos la consideran una actuación administrativa ordinaria encaminada a revisar el tratamiento de datos personales, otros la interpretan como parte de un clima de presión sobre los investigadores. @mundiario