PUEBLA.- Puebla nuevamente se encuentra en el ojo público por un presunto abuso de autoridad en la detención de una mujer en San Andrés Cholula, quien se encontraba con sus hijos.

Las autoridades del municipio aseguraron que se siguieron los protocolos correspondientes y que la mujer mostraba una actitud violenta, presuntamente por estar bajo los efectos del alcohol y asegurar que conoce a líderes del narcotráfico en Veracruz.

Desde la semana pasada comenzaron a circular las imágenes de la citada detención de Ariana Ferreriz, las cuales muestran a una mujer tendida boca arriba sobre el piso mientras una elemento de la Policía Montada la inmoviliza poniéndose sobre ella, mientras los hijos de la detenida lloran y gritan. Fue una de las menores quien , a instrucciones de su mamá, hizo un video en vivo en redes sociales, el cual se hizo viral y llevó a que iniciaran investigaciones al respecto.

Luego de ello, la mujer acudió con la diputada Nayeli Salvatori (que ha reconocido montajes de actos falsos en campaña y quien busca la presidencia municipal de Cholula), junto a quien denunció los hechos, afirmando que la detención fue arbitraria e injustificada, por lo que exigió justicia y sanciones en contra de los policías y las autoridades municipales.

A la par, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula realizó un pronunciamiento al respecto, asegurando que la detención se hizo conforme a los protocolos establecidos y como reacción a la actitud violenta de la detenida.

Posteriormente, autoridades filtraron a medios de comunicación una serie de videos de la detención en las cuales la mujer amenaza a las policías que la escoltaban. En uno de ellos aseguró que conoce a un líder del narco en Veracruz y que tiene como pretendiente a quien es contador de un grupo criminal en Veracruz.

Tras las declaraciones, el propio señalado emitió un comunicado en el que expuso que “con mucha indignación veo que mi nombre y mi imagen son expuestas y vulneradas de una manera inadmisible en un video que circula en las redes sociales. Los señalamientos que se realizan en este video son falsos, muy delicados y fuera de toda lógica, atentando y exponiendo mi integridad, la de mi familia y la del equipo de trabajo que siempre me acompaña”.

Interviene la CDH en caso Ariana Ferreriz

La polémica llevó a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, la cual dio a conocer que hay tres quejas levantadas por los hechos.

La primera queja se levantó contra el Ayuntamiento de San Andrés Cholula por el probable uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública durante la intervención policial, asegurando que fue en contra de los protocolos establecidos por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública.

La segunda queja fue por la inobservancia de las autoridades municipales por no proteger a los menores que presenciaron la detención de su madre. La tercera es por la difusión pública indebida de imágenes y videograbaciones de Ariana F. Al considerar que fueron trasgredidos los derechos de presunción de inocencia, dignidad humana y el derecho a la propia imagen.

En respuesta, la presidenta Municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, aseguró que se comunicó con la presunta afectada y la exhortó a que pusiera las denuncias con las instancias que correspondan, pero ello no ha sucedido.

“No ha hecho la denuncia en la unidad de Asuntos Internos, sí se le hizo la invitación que es importante para que se dé el seguimiento pertinente (..) yo le dije ‘hágalo, porque eso nos va a permitir esclarecerlo y hacer la investigación con las áreas correspondientes, Fiscalía , Derechos Humanos y Asuntos Internos”, sostuvo.

Gobierno estatal también interviene en Caso Ariana F.

Ante este caso, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, aseguró que si bien había cierto riesgo por el estado de la mujer en este caso también es verdad que se vulneraron la integridad de las personas, sobre todo de los niños presentes, por lo que el tema debe revisarse.

En el mismo marco indicó que 152 elementos policiacos de San Andrés Cholula no están regularizados, es decir, que les falta acreditación de los protocolos que establece la secretaría de Seguridad Pública y se desconoce si alguno de los uniformados involucrados se encuentra inmerso en esta situación.