Chihuahua— Este “gobierno de la muerte” está reduciendo cada vez más las aportaciones y participaciones a los estados, afirmó la gobernadora María Eugenia Campos Galván al referirse a la Federación, a la que acusó de abandonar áreas estratégicas como salud, seguridad e infraestructura.
Señaló que al cierre de mayo todas las entidades del país estaban en números rojos debido a la disminución de recursos federales.
Dijo que la disminución en las participaciones y aportaciones ocurre en un contexto donde la Federación también ha reducido recursos para infraestructura, eliminado fondos y fideicomisos, y mantenido rezagos en áreas fundamentales para la población.
“Si ya teníamos los hospitales, el desarrollo de medicinas, la eliminación de fideicomisos, de fondos para la seguridad, de estancias infantiles y muchos otros programas que desaparecieron… ahora imagínense con este recorte”, expresó.
Campos Galván sostuvo que la caída de recursos no es un problema exclusivo de Chihuahua, sino una situación generalizada que ya impacta a todas las entidades.
Atribuyó este escenario principalmente a la disminución de la recaudación federal, lo que ha provocado menores transferencias a estados y municipios y una reducción en el gasto.
La Secretaría de Hacienda estatal informó que durante mayo Chihuahua recibió 16 por ciento menos recursos del Fondo General de Participaciones respecto a lo calendarizado.
En abril la reducción fue de 8.9 por ciento y en marzo de 4.6 por ciento, una tendencia que refleja el deterioro de las transferencias federales durante los últimos meses.
A ello se suma el recorte en la inversión federal destinado al estado.
De acuerdo con cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el gasto de inversión presupuestado para Chihuahua pasó de 10 mil 901 millones de pesos ejercidos en 2025 a 9 mil 975.9 millones para 2026, una disminución de 8.4 por ciento, equivalente a casi mil millones de pesos menos.
La reducción coloca a Chihuahua como el segundo estado de la frontera norte con menor inversión federal programada para este año, únicamente por encima de Coahuila.
En contraste, Baja California recibirá más de 12 mil 600 millones de pesos y Nuevo León casi 28 mil millones, mientras que Tabasco concentrará más de 139 mil millones de pesos en inversión pública federal.
La gobernadora afirmó que estas cifras reflejan una política de reducción de recursos que impacta directamente la capacidad de los estados para atender necesidades de infraestructura, salud y seguridad.
Recordó que durante los últimos años Chihuahua ha enfrentado la falta de proyectos federales relevantes, particularmente en materia carretera y hospitalaria, mientras el Estado ha tenido que asumir cada vez más responsabilidades con recursos propios.
“Somos un gobierno de la vida, no de la muerte como el que tenemos en el Gobierno federal”, declaró al defender las inversiones locales en salud, seguridad pública y obra pública.
Campos Galván destacó que pese al escenario adverso, su administración mantiene la ejecución de proyectos estratégicos para la recta final del sexenio. Señaló que en los próximos días continuará la entrega de equipamiento para corporaciones policiacas y avanzarán diversas obras de infraestructura que actualmente están en construcción, licitación o integración de proyectos ejecutivos.
En una entrevista anterior, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, advirtió que la menor recaudación federal afecta tanto las participaciones como la inversión que la Federación ejerce en las entidades.
El funcionario consideró que los recortes constituyen una señal de debilidad en las finanzas nacionales y sostuvo que Chihuahua deberá apoyarse cada vez más en sus propios mecanismos de financiamiento para mantener la inversión pública y los programas prioritarios.
Pese al escenario financiero, tanto la gobernadora como el secretario de Hacienda aseguraron que el Estado mantendrá la ejecución de los proyectos de infraestructura anunciados para la recta final de la administración.
Granillo explicó que dichas obras cuentan con esquemas de financiamiento distintos a las participaciones federales y forman parte de una estrategia para utilizar la inversión pública como una medida contracíclica capaz de sostener la actividad económica, generar empleo y amortiguar los efectos de la desaceleración de las finanzas federales.
