La primavera pasada, Will Scharf, un abogado ultraconservador que ocupaba el cargo de secretario de gabinete de la Casa Blanca, escribió un memorando secreto a la jefa de gabinete que reflejaba la creciente inquietud en el ala oeste por una de las medidas extremas que estaba barajando Stephen Miller, el poderoso asesor que impulsa la campaña de deportación del presidente Donald Trump.

Con fecha del 29 de abril de 2025 y sellado como “confidencial”, el memorando era prudente y jurídico, pero equivalía a una advertencia contra eludir el Estado de derecho. El asunto decía: “EL RECURSO DE HABEAS CORPUS”.

El habeas corpus —el derecho que existe desde hace cientos de años a obligar al gobierno a justificar, ante un juez, por qué ha encarcelado a una persona— está consagrado en el artículo I de la Constitución. El memorando de Scharf, con su tono discreto, era una luz roja de advertencia parpadeante. La segunda Casa Blanca de Trump estaba deliberando sobre una nueva y explosiva reivindicación del poder presidencial: la suspensión del derecho de habeas corpus para los migrantes indocumentados.

La suspensión del habeas corpus solo se ha producido en contadas ocasiones en la historia de Estados Unidos, y siempre en las circunstancias más extremas de guerra o invasión. Sin embargo, en mayor medida de lo que se sabía hasta ahora, los funcionarios del gobierno, animados por Trump, sopesaron activamente dar ese paso en los primeros meses de su segundo mandato, esta vez para acelerar la deportación masiva de migrantes que se encontraban en el país de forma ilegal.

Envalentonados por una victoria electoral decisiva en 2024, Trump y algunos miembros de su equipo querían poner a prueba hasta dónde se podía llevar la autoridad del presidente, lo que desencadenó disputas internas, hasta ahora desconocidas, sobre dónde debían estar los límites.

El hombre que expuso sus preocupaciones en el memorando, Scharf, no era precisamente una figura de la resistencia. Un abogado delgado, calvo y formado en Harvard quien se había presentado a las elecciones en Misuri, había criticado a John McCain por ser demasiado moderado para la nominación republicana de 2008 y creía que Trump había sido procesado de forma vengativa tras su derrota electoral de 2020.

Había ayudado a desarrollar los argumentos jurídicos del equipo de Trump que sustentaron la exitosa anulación de la acusación por los documentos clasificados de Mar-a-Lago, así como los argumentos del caso de inmunidad presidencial que prevalecieron ante la Corte Suprema. Había abrazado los elementos más polémicos de la agenda de Trump, pero pronto se topó con el límite de lo que, según su interpretación, la Constitución podía soportar.

La Constitución, escribió Scharf en su memorando a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, solo permite la suspensión del habeas corpus en casos de rebelión o invasión. Los tribunales han sostenido casi de manera unánime que solo el Congreso puede hacerlo.

Añadió: “Incluso cuando el Congreso ha suspendido explícitamente los derechos de habeas corpus, la Corte Suprema ha sostenido que debe proporcionarse algún proceso alternativo a los acusados, con garantías procesales similares a las de una acción de habeas corpus”.

“Esto impide, en la práctica, que los actores gubernamentales detengan, encarcelen o ejecuten a personas de forma arbitraria”, escribió Scharf.

A principios de abril del año pasado, la Corte Suprema había permitido al gobierno seguir utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros como base para deportar a los venezolanos que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Pero los jueces también dictaminaron que los migrantes tenían derecho a impugnar sus deportaciones ante los tribunales antes de ser expulsados. Los detenidos, según la Corte Suprema, podían presentar demandas invocando el habeas corpus para impugnar los motivos de su expulsión, lo que desaceleró considerablemente la campaña de deportaciones del gobierno.

Dentro de la Casa Blanca, Miller, el influyente jefe adjunto de gabinete, vio una oportunidad para una idea que había planteado antes: ¿Y si Trump simplemente reclamara la facultad de suspender el habeas corpus?

Así, a los migrantes detenidos se les impediría tener audiencias o incluso solicitar órdenes judiciales para evitar su expulsión del país. Esta era una oportunidad para que Trump no solo acelerara las deportaciones, sino que también afirmara un poder enormemente ampliado sobre un sistema legal que se interponía en su camino.

Suspender el habeas corpus era una de las dos ideas radicales que Miller había estado impulsando y que alarmaban a Scharf. La otra era invocar la Ley de Insurrección para desplegar al ejército para funciones de cumplimiento de la ley en las calles estadounidenses a medida que crecían las protestas contra las redadas de deportación.

Scharf escribió memorandos confidenciales a Wiles sobre ambos temas, exponiendo de forma discreta por qué dar cualquiera de esos pasos rompería las normas históricas y probablemente precipitaría peligrosas batallas legales y constitucionales. Un alto funcionario gubernamental, que habló de forma extraoficial porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente, dijo para este artículo que el “personal de alto rango” había solicitado los memorandos y que los habían visto relativamente pocas personas.

Pero los documentos reflejaban la alarma de un pequeño grupo de altos asesores. Consideraban que el afán de Miller por poner a prueba los límites del poder ejecutivo —y acusar a otros poderes de usurparlo, haciéndose eco de un presidente que se indignaba ante cualquier restricción— corría el riesgo de llevar al gobierno, y al país, por un camino peligroso.

En el caso de la Ley de Insurrección, el vicepresidente JD Vance presionó para invocarla solo unos días después de que agentes federales dispararan y mataran a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de Minnesota que protestaba contra las políticas migratorias del gobierno.

Los detalles de los debates internos sobre hasta qué punto Trump debía ser agresivo a la hora de intentar deportar a millones de migrantes y tomar medidas drásticas contra quienes protestaban por sus políticas se han extraído de la investigación para un libro de próxima publicación, Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump.

Para documentar el libro, los autores hablaron con Trump y realizaron más de 1000 entrevistas a una amplia gama de personas cercanas a él, entre ellas responsables de campaña, miembros del personal de la Casa Blanca, funcionarios de departamentos y agencias gubernamentales, antiguos asesores, donantes, legisladores, amigos y socios comerciales.

En una declaración facilitada para este artículo, Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, dijo: “Los miembros del gobierno suelen mantener conversaciones sobre muchas opciones legales diferentes para implementar la agenda del presidente, siendo siempre el presidente quien toma la decisión final”.

Una nueva línea peligrosa

En el centro de los debates internos de la Casa Blanca sobre la suspensión del habeas corpus y la invocación de la Ley de Insurrección estaban Miller, decidido a traspasar los límites del sistema constitucional, y Scharf, un abogado centrado en los procedimientos y poco conocido fuera del ala oeste.

Como secretario de gabinete, Scharf era la última parada de los trámites que pasaban por la Casa Blanca antes de llegar al escritorio del presidente. Entre otras funciones, su oficina tramitaba las medidas ejecutivas y los memorandos presidenciales que sustentaban lo que se conoció como la agenda de “represalias”.

Pero Scharf pertenecía a un pequeño grupo dentro del gobierno que, aunque apoyaba la agenda del presidente, intentaba discretamente alejarlo de las medidas más agresivas impulsadas por Miller y otros, acciones que prometían a Trump resultados rápidos pero seguían generando costosos enredos en los tribunales.

Su preocupación era el daño autoinfligido: unos argumentos jurídicos débiles darían pie a sentencias contundentes contra el gobierno, y estas limitarían todo lo que viniera después. Scharf no era el único que tenía dudas sobre suspender los derechos de habeas corpus. David Warrington, el asesor de la Casa Blanca, les había dicho a sus colegas que se mostraba escéptico ante algunas opiniones de Miller sobre la autoridad ejecutiva. Algunas figuras de la Casa Blanca calificaban en privado de “una locura” la suspensión del habeas corpus.

Según funcionarios del ala oeste, Miller había intentado al principio ganarse a Scharf, pero pronto empezó a verlo como un obstáculo. Semanas después de la toma de posesión, ya estaba enviando directivas tajantes a la oficina de Scharf sobre cómo debía funcionar.

En lo que respecta a la suspensión del habeas corpus, una de las protecciones constitucionales más poderosas de los derechos individuales, Miller estaba, en efecto, promoviendo algo con lo que Trump había soñado durante mucho tiempo: eludir a los jueces en los casos de deportación.

El presidente estaba interesado. Preguntó a sus asesores sobre la suspensión de los derechos de habeas corpus por parte de Abraham Lincoln durante la Guerra Civil. Miller ordenó al Departamento de Justicia que estudiara el tema.

El gobierno de Trump no se caracterizaba por fomentar ni tolerar la disidencia interna. Pero Scharf dejó por escrito sus preocupaciones cuando los asesores se dieron cuenta de que la discusión se volvía seria.

“La historia del habeas corpus se remonta a los albores del derecho consuetudinario inglés”, escribió en su nota a Wiles. “La denegación de los derechos de habeas corpus fue una de las principales causas de la Revolución estadounidense, y el derecho a solicitar a los tribunales federales una revisión de habeas corpus se remonta a los inicios de la república”.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, escribió Scharf, los tres poderes del Estado se habían mostrado reacios a interferir en el habeas corpus, “haciéndolo solo en las circunstancias más extremas y, por lo general, con respecto a categorías muy limitadas de personas”.

El habeas corpus solo se había suspendido formalmente en cuatro ocasiones, la más reciente tras Pearl Harbor. En todos los casos, el país estaba en guerra o se enfrentaba a una rebelión armada. Solo Lincoln, al inicio de la Guerra Civil, había reclamado ese poder sin autorización del Congreso, y solo durante un largo receso parlamentario.

Scharf citó al presidente George W. Bush, cuyas amplias reivindicaciones del poder ejecutivo ayudaron a sentar las bases para el segundo mandato de Trump. Bush había afirmado que podía encarcelar indefinidamente a sospechosos de terrorismo en la bahía de Guantánamo y que ningún tribunal tenía jurisdicción para conocer de sus peticiones de habeas corpus. Pero en un caso histórico de 2008, la Corte Suprema dictaminó que los detenidos seguían teniendo el derecho constitucional a interponer tales demandas.

“La conclusión de estos casos es que a todas las personas retenidas en territorio estadounidense de facto se les aplican los derechos de habeas corpus, o en el caso concreto de los detenidos militares, se les debe proporcionar una alternativa adecuada al habeas”, concluyó Scharf.

Scharf no dijo qué debería hacer Trump. Pero la implicación era clara. La suspensión del derecho de habeas corpus sin autorización del Congreso se consideraría, casi con toda seguridad, ilegal y la batalla judicial se convertiría en una enorme distracción autoinfligida.

Al día siguiente de que Scharf enviara el memorando a Wiles, Trump aludió públicamente por primera vez a que estaba considerando dar ese paso drástico.

“Hay una forma que han utilizado tres presidentes muy respetados”, dijo durante una reunión del gabinete, refiriéndose a sus opciones para eludir a los tribunales en el caso de Kilmar Armando Abrego García, el ciudadano salvadoreño que había estado viviendo en Maryland y había sido deportado injustamente a una famosa prisión para terroristas en El Salvador conocida como CECOT. “Pero esperamos no tener que seguir ese camino”, añadió Trump.

Cuando CNN informó más tarde de que los comentarios de Trump en el gabinete se referían a la suspensión del habeas corpus y de que el presidente estaba directamente involucrado en las discusiones, Miller se dirigió a los periodistas fuera del ala oeste.

“La Constitución es clara y, por supuesto, es la ley suprema del país, en el sentido de que el privilegio del habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión”, dijo Miller. “Así que es una opción que estamos barajando activamente”.

Miller fue deliberado en su elección de palabras. El presidente había estado tratando de presentar el aumento de la migración a través de la frontera sur durante los años de Joe Biden como una invasión por parte de fuerzas enemigas, una afirmación muy dudosa destinada a desbloquear poderes extraordinarios, pensados solo para tiempos de guerra, con el fin de repeler a los migrantes. Miller siguió usando la palabra “invasión” incluso después de que los cruces fronterizos hubieran caído a mínimos de varias décadas.

“Mira, mucho depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”, añadió Miller a los periodistas, una advertencia nada sutil a los jueces federales para que le dieran al presidente el margen de maniobra que buscaba.

Tras semanas de revuelo y desacuerdo entre los funcionarios del gobierno sobre si podía llevarse a cabo, la propuesta acabó desapareciendo del panorama. Cuando le preguntaron al respecto tiempo después, Trump pareció reconocer que se había hablado de suspender el habeas corpus, pero restó importancia a que las conversaciones fueran serias y sugirió que no valía la pena hacerlo en ese momento.

“Si vas a hacer eso, es algo muy serio”, dijo Trump. Refiriéndose a Abrego García, dijo: “No lo harías por esa persona en concreto”.

De todos modos, Trump consiguió parte de lo que quería, gracias a un juego de manos burocrático.

Durante casi 30 años, las leyes migratorias se habían interpretado con una clara distinción entre las personas detenidas en la frontera y las arrestadas dentro del país. Muchas de las personas detenidas en la frontera podían ser sometidas a detención obligatoria sin audiencia. Pero quienes eran arrestados dentro de Estados Unidos —incluidas personas que llevaban años o décadas viviendo en el país— solían tener un camino más fácil para comparecer ante un juez de migración y solicitar la libertad bajo fianza.

En julio de 2025, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dieron un giro crucial. A partir de ese momento, el gobierno trataría a los migrantes arrestados dentro de Estados Unidos, incluidos quienes llevaban años en el país, como si acabaran de ser detenidos en la frontera, lo que significaba que podían ser retenidos sin audiencia de fianza. La gran mayoría de los migrantes detenidos no cumplirían los requisitos para comparecer ante un juez, ya que las solicitudes de asilo en la frontera se habían restringido considerablemente.

Muchos jueces federales fallaron en contra de la nueva interpretación, pero el gobierno los ignoró con frecuencia. Incluso sin retirar abiertamente un derecho fundamental que afectaría a millones de personas, el equipo de Miller había encontrado una forma de entorpecer los trámites legales de muchos migrantes durante meses y meses.

Enfrentándose al ‘enemigo interno’

Con la suspensión del habeas corpus aparentemente descartada por el momento, el gobierno seguía sopesando otro uso explosivo de la autoridad ejecutiva: invocar la Ley de Insurrección. Se trataba de una medida sobre la que Trump había reflexionado a menudo durante su primer mandato, pero que nunca había llevado a cabo.

La renovada presión provenía de un sector de la Casa Blanca que había ganado influencia el otoño pasado. El asesinato en septiembre de 2025 del activista conservador Charlie Kirk había impulsado a Vance y Miller —aliados desde hacía tiempo en la cuestión de la violencia política de izquierda— a ampliar las investigaciones federales sobre terrorismo interno para abarcar una gama más amplia de grupos progresistas.

Para el invierno, la segunda Casa Blanca de Trump se veía en guerra contra “un enemigo interno” en Estados Unidos, y los tribunales no eran el único campo de batalla.

Los esfuerzos de los activistas por impedir las redadas de migrantes se estaban intensificando en algunas ciudades, lo que en algunos casos atraía a multitudes a las calles. Las protestas provocaron nuevos debates en el gobierno sobre la Ley de Insurrección.

La mayoría de los asesores del ala oeste coincidían en que hubo momentos durante las protestas por George Floyd de 2020 en los que el uso de la Ley de Insurrección podría haber sido justificable. Pero lo que ocurría sobre el terreno en 2025, en respuesta a las políticas migratorias del gobierno, no se parecía en nada a la agitación y la destrucción de aquel verano.

Para Trump, la cuestión de cómo manejar a los manifestantes se entremezcló con lo que llevaba tiempo tratando de presentar —a menudo con exageraciones descabelladas— como una epidemia de delitos violentos en las ciudades gobernadas por los demócratas. Su solución fue enviar soldados a las calles, al menos en calidad de la Guardia Nacional. Era un instinto que había empezado a afianzarse durante el verano, después de que un joven miembro del personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk fuera agredido en una calle de Washington.

La Ley de Insurrección faculta al presidente para desplegar fuerzas militares con el fin de sofocar disturbios generalizados y ayudar a las fuerzas del orden estatales. Una vez más, Miller fue el principal instigador, presionando al presidente para que la invocara. Estaba empujando una puerta abierta: a Trump le había atraído durante décadas la idea de los despliegues militares en territorio nacional.

Cuando el presidente empezó a amenazar públicamente con hacer precisamente eso —recurrir a la Ley de Insurrección para eludir un fallo de un juez federal de distrito que le prohibía desplegar la Guardia Nacional en Illinois pese a las objeciones del gobernador—, Scharf redactó otro memorando confidencial.

“La Ley de Insurrección sirve como una excepción de emergencia a la prohibición tradicional y general del uso del ejército en el ámbito nacional”, escribió Scharf en el memorando fechado el 29 de octubre, en el que repasaba la historia de su aplicación.

El uso más reciente fue durante los disturbios de Los Ángeles de 1992, cuando la absolución de cuatro agentes de policía por la paliza a un hombre negro, Rodney King, desencadenó seis días de destrucción que dejaron 63 muertos, casi 2400 heridos y manzanas enteras de la ciudad en llamas.

El despliegue de 1992 se produjo, como señaló Scharf, a petición del gobernador de California. Lo que Miller impulsaba —y lo que el presidente ansiaba hacer— no tenía precedentes en estas circunstancias relativamente pacíficas.

“La mayoría de los analistas jurídicos coinciden en que la Ley de Insurrección otorga al presidente poderes y autoridad excepcionalmente amplios, que, en esencia, no pueden ser apelados por los demás poderes del Estado”, escribió Scharf.

Pero advirtió que era casi seguro que se impugnaría en los tribunales en cuanto se invocara, lo que ralentizaría el proceso y “podría anular cualquier ventaja que se obtuviera en términos de la flexibilidad que proporcionaría al presidente”.

En privado, Scharf insistió a sus colegas en que suspender el habeas corpus para los migrantes e invocar la Ley de Insurrección sin una necesidad real eran dos medidas que la Casa Blanca no podía permitirse tomar.

Pero a medida que el gobierno empujaba al ICE más hacia el interior de las ciudades, y las protestas contra las políticas migratorias del presidente se intensificaban en respuesta, el atractivo de la idea seguía siendo fuerte para algunos en el ala oeste.

Un debate sobre la Ley de Insurrección

Las protestas en Mineápolis en enero llevaron al vicepresidente JD Vance a presionar para que se invocara la Ley de Insurrección.Credit...David Guttenfelder/The New York Times

El debate llegó a su punto álgido a finales de enero. Agentes federales habían disparado y matado a dos ciudadanos estadounidenses que expresaban su oposición a las políticas de deportación del gobierno de Trump en Minnesota: Renee Good, poeta y madre de tres hijos, el 7 de enero, y Pretti, enfermero de cuidados intensivos, el 24 de enero. Las protestas que siguieron se convirtieron en los disturbios más intensos del segundo mandato de Trump. Miller y otros altos cargos acusaron a Good de “terrorismo interno” y Miller llamó a Pretti “asesino”.

Sin embargo, unos días después del asesinato de Pretti y a pesar de que el Gobierno estaba tomando medidas para calmar la situación, Vance entró en la oficina de Wiles en el ala oeste poco después de las 9 a. m. para la reunión habitual del personal de alto rango, y se sentó al final de su larga mesa de conferencias.

La asistencia era menor de lo habitual. Miller se sentó a su derecha, de espaldas a las ventanas que daban a West Executive Avenue. Scharf se sentó en el extremo opuesto de la mesa. Warrington, el asesor jurídico de la Casa Blanca, estaba junto al vicepresidente. Wiles ocupó su habitual sillón orejero cerca de la chimenea. Su adjunto, James Blair, ocupó el otro.

Vance fue directo al grano. Tenían que invocar la Ley de Insurrección, rápidamente, para sofocar los disturbios en Minnesota. Sería desagradable a corto plazo, dijo, pero el mensaje que enviaría —que los agitadores a sueldo no podían salirse con la suya al entorpecer las operaciones del ICE— garantizaría que nadie lo intentara de nuevo. (No había pruebas de que ni Pretti ni Good fueran activistas a sueldo).

Scharf tomó la palabra a continuación. Sin hacer referencia al memorando confidencial que había enviado a Wiles en octubre, expuso su objeción: la ley, tal y como él la entendía, simplemente no se ajustaba a las circunstancias sobre el terreno.

Miller, inusualmente comedido, solo respondió con suavidad. Los límites de la Ley de Insurrección, sugirió, nunca se habían puesto realmente a prueba.

“Eso no es cierto, Stephen”, dijo Scharf. “Es muy prescriptiva”.

Alguien señaló que la ley se había aplicado en 1992. Otro hizo la réplica obvia: estos no eran los disturbios de Los Ángeles.

Entonces, Blair intervino con un argumento político. Las escenas de los agentes federales en Minnesota ya parecían caóticas, dijo, y la opinión pública se estaba echando atrás. Planteó tres preguntas a los presentes: ¿Qué nos aporta la Ley de Insurrección que no tengamos ya? ¿Qué cambios sobre el terreno merecerían la pena a pesar de la polémica? ¿Qué más podrían ganar que justificara el costo en términos de relaciones públicas?

La sala se quedó en silencio. Nadie tenía una buena respuesta.

Durante semanas, Wiles, la jefa de gabinete, había estado atendiendo llamadas de cargos electos y líderes empresariales sobre Minnesota. Tras la muerte de Pretti, les había dicho sin rodeos a sus colegas que la razón para enviar agentes federales a Mineápolis había sido “detener a quienes estaban recibiendo prestaciones federales indebidamente. Para eso fuimos a Minnesota. Y estamos muy lejos de esa misión”.

Pero, como solía hacer en las discusiones acaloradas, ahora dijo poco, dejando la palabra a los demás.

Desde su asiento en el sofá, Steven Cheung, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, expuso el problema de relaciones públicas. Vance, tras escuchar los argumentos, pareció ablandarse. Quizás ahora no era el momento.

La reunión terminó sin una decisión: un consenso vago para seguir pensándolo. Pero había servido para aclarar las cosas a su manera. Incluso después de que la postura del Gobierno hubiera contribuido a agravar las tensiones en Minnesota, incluso con la creciente reacción negativa, el vicepresidente y Miller seguían buscando una razón para desplegar soldados federales en las calles estadounidenses.

Bajo una inmensa presión pública, el gobierno acabaría tomando un rumbo diferente. El defensor más acérrimo de la línea dura en materia de migración, Gregory Bovino, comandante general de Aduanas y Protección Fronteriza, fue destituido de su cargo, y el gobierno frenó las operaciones del ICE en las ciudades durante las semanas posteriores a la muerte de Pretti.

Sin embargo, al igual que la idea de suspender el habeas corpus fue dejada de lado, pero nunca abandonada del todo por algunos dentro de la Casa Blanca, la Ley de Insurrección, al menos a ojos de sus defensores, seguiría siendo un arma cargada en un ala oeste ansioso por poner a prueba los límites del poder presidencial.