Mientras millones de estadounidenses enfrentan problemas de vivienda, salud, educación y altos costos de vida, Donald Trump tiene otra prioridad: construir un gigantesco salón de baile en la Casa Blanca.
La idea comenzó como un proyecto que, según el propio mandatario, sería financiado por él y algunos donantes privados. El costo anunciado rondaba los 200 millones de dólares. Después subió a 400 millones. Ahora las estimaciones hablan de una factura cercana a los 600 millones de dólares, con más de la mitad proveniente del dinero de los contribuyentes.
La escena parece salida de una sátira política. En un país donde miles de personas duermen en las calles y donde el acceso a servicios básicos sigue siendo motivo de debate nacional, la residencia presidencial se prepara para estrenar una lujosa pista de baile.
La justificación oficial tampoco deja de sorprender. La Casa Blanca sostiene que el proyecto está relacionado con la seguridad presidencial y con la necesidad de recibir invitados de honor. El plan incluso contempla salas subterráneas, un pequeño hospital y una pista para drones en la azotea.
¿Era realmente ésta la necesidad más urgente de Estados Unidos? Porque una cosa es modernizar instalaciones gubernamentales y otra muy distinta convertir la sede presidencial en una mezcla de palacio, centro de convenciones y complejo de entretenimiento.
Quizá el problema no sea el salón de baile. Quizá el problema sea el mensaje. Cuando el poder comienza a confundirse con el lujo, los gobernantes corren el riesgo de olvidar quién paga finalmente la música. Y, según las cifras conocidas hasta ahora, serán los ciudadanos quienes cubran buena parte de la cuenta.