La economía global volvió a enfrentar la semana pasada un recordatorio incómodo: la geopolítica sigue siendo el factor capaz de alterar, en cuestión de días, los supuestos sobre crecimiento, inflación y política monetaria. Las tensiones en Medio Oriente, con amenazas explícitas sobre el Estrecho de Ormuz, reactivó la volatilidad en los mercados energéticos y puso en duda la narrativa de “desinflación ordenada” que organismos internacionales y bancos centrales habían defendido en los últimos meses.
El petróleo Brent rebasó nuevamente los 110 dólares por barril, mientras el tipo WTI se acercó a los 98 dólares, niveles no vistos desde el último ciclo de tensiones en 2024. Si la interrupción del flujo marítimo en Ormuz se prolonga, el Brent podría superar los 130 dólares, un escenario que presionaría no solo los precios de la energía, sino también los costos de transporte, alimentos y manufacturas. El Estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del comercio marítimo mundial de crudo, por lo que cualquier alteración genera primas de riesgo inmediatas.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha insistido en que el mercado petrolero llega a este episodio con inventarios relativamente bajos y una oferta ajustada, especialmente por los recortes coordinados de la OPEP+. En su último reporte, la AIE advirtió que “la volatilidad podría intensificarse si los riesgos geopolíticos se materializan en interrupciones físicas del suministro”. Los bancos de inversión, por su parte, han comenzado a revisar sus escenarios: Goldman Sachs mantiene su estimación de un Brent por encima de 100 dólares como promedio anual si persisten las tensiones, mientras JP Morgan advierte que un choque prolongado podría añadir entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales a la inflación global en 2026.
Este repunte energético llega en un momento particularmente delicado. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento mundial de 3.3% en 2026 y 3.2% en 2027, cifras ligeramente mejores que las previstas el año pasado, impulsadas por la resiliencia del consumo y la inversión en tecnología, especialmente en inteligencia artificial. Sin embargo, el propio FMI reconoce que la inflación sigue siendo un riesgo latente.
Su estimación más reciente prevé que la inflación global descienda a 3.8% en 2026 y 3.4% en 2027, acercándose gradualmente a los objetivos de los bancos centrales. Pero el organismo advierte que un choque energético prolongado podría retrasar esta convergencia y obligar a una postura monetaria más restrictiva por más tiempo.
El Banco Mundial coincide en el diagnóstico: crecimiento moderado, inflación a la baja, pero vulnerabilidad ante shocks externos. Su proyección de expansión global para 2026 se ubica en 2.6%, señalando que la economía mundial no está en recesión, pero tampoco tiene margen amplio para absorber sorpresas negativas sin sacrificar bienestar. En palabras de su economista en jefe, “la década de 2020 será probablemente la de menor crecimiento en más de medio siglo”.
En este contexto, los bancos centrales enfrentan un dilema conocido pero no por ello menos complejo. La mayoría llegó a 2026 con la intención de iniciar o profundizar ciclos de recorte de tasas, apoyados en la moderación de la inflación subyacente. Sin embargo, un repunte sostenido del petróleo podría obligarlos a reconsiderar el ritmo o la magnitud de esos recortes. La experiencia de 2021–2022, cuando muchos subestimaron la persistencia inflacionaria, sigue fresca en la memoria institucional. De ahí que varios bancos centrales hayan reiterado que cualquier relajación será “gradual y dependiente de los datos”.
Para México, el choque petrolero tiene un matiz particular. El país es productor de crudo, pero importador neto de gasolinas y diésel. Esto significa que los ingresos petroleros del gobierno pueden mejorar con precios altos, pero el consumidor final sí resiente el encarecimiento de los combustibles, a menos que se apliquen estímulos fiscales. La inflación mexicana, que venía moderándose, se ubicó recientemente alrededor de 4.0% anual, mientras la subyacente ronda 4.5%, ambas por encima del objetivo de 3% +/- 1 punto porcentual del Banco de México.
Banxico ha señalado que la convergencia plena a la meta se dará hasta 2026, un horizonte más largo del que se anticipaba hace un año. En este escenario, un petróleo persistentemente caro podría añadir presiones adicionales sobre energéticos y transporte, y eventualmente sobre otros rubros si se consolidan efectos de segunda vuelta. El banco central ha reiterado que cualquier recorte de tasas será prudente, precisamente para evitar que un shock externo desancle expectativas.
En su más reciente análisis, BBVA Research revisó al alza su estimación de crecimiento para México en 2026 a 1.8%, apoyado en la resiliencia del consumo y en la inversión asociada al nearshoring. Sin embargo, el escenario base asume que la inflación retomará su tendencia descendente a partir del segundo trimestre. Un choque energético prolongado pondría a prueba esa hipótesis.
El gobierno mexicano enfrenta, además, una disyuntiva fiscal clásica; aprovechar los mayores ingresos petroleros para fortalecer las finanzas públicas o amortiguar el impacto en los consumidores mediante estímulos a combustibles. Ambas opciones tienen costos y beneficios, pero el margen no es infinito. Un uso intensivo de estímulos puede aliviar la inflación en el corto plazo, pero presiona las cuentas públicas; dejar que el precio se traslade al consumidor puede acelerar la consolidación fiscal, pero a costa de mayor malestar social.
La combinación de crecimiento moderado, inflación aún elevada y petróleo caro por razones geopolíticas dibuja un escenario incómodo. La energía vuelve a dictar el ritmo económico global, y México no es la excepción. En un mundo frágil, la pregunta clave no es si habrá costos, sino quién los asumirá y con qué horizonte de tiempo.