La Organización Internacional del Trabajo (OIT) avanza con la regulación del sector de la economía de plataformas, un ámbito en rápido crecimiento pero con escasa supervisión normativa. Como resultado de una consulta global que involucró a gobiernos (74 Estados miembros), organizaciones de empleadores y sindicatos, la OIT publicó el cuarto informe que incluye los borradores actualizados del Convenio y la Recomendación sobre el trabajo decente en este sector.
Este documento busca establecer un marco legal que garantice el equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos humanos y laborales.
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El proceso de elaboración de este borrador se ha extendido por más de dos años bajo un procedimiento de doble discusión. Se inició con un informe blanco en 2024 que analizó la legislación mundial, seguido de un informe amarillo en 2025 basado en las respuestas de los mandantes, y un informe marrón que recogió las conclusiones de la 113 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
El informe actual, denominado azul, servirá como base definitiva para la segunda y final discusión que tendrá lugar en la 114 reunión de la Conferencia en junio de 2026.
La base fundamental que busca este informe es garantizar que la transformación digital no genere déficits de trabajo decente, abordando específicamente el impacto de los sistemas automatizados en las condiciones laborales y el acceso al empleo. El borrador propone una definición amplia de plataforma digital de trabajo que incluye a cualquier persona física o jurídica que organice o facilite servicios mediante algoritmos, independientemente de si la labor se realiza en línea o en una ubicación geográfica específica.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra la obligación de que los Estados tomen medidas para asegurar la correcta clasificación de los trabajadores de plataformas, basándose primordialmente en los hechos de la prestación del servicio y no solo en las cláusulas contractuales impuestas por las empresas.
Esto busca combatir el fenómeno de los falsos autónomos y asegurar que quienes tengan una relación de dependencia disfruten de protecciones como el salario mínimo, la limitación de la jornada y el acceso a la seguridad social.
La OIT propone que las plataformas informen a los trabajadores y a sus representantes sobre el uso de sistemas automatizados para supervisar o evaluar el trabajo. Además, se exige que exista una intervención humana obligatoria para revisar decisiones críticas que resulten en la falta de pago, la suspensión o la desactivación de cuentas, garantizando así el derecho a una explicación escrita y a la defensa.
En materia de seguridad, el texto impulsa medidas para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, reconociendo el derecho de los trabajadores a interrumpir su labor ante peligros inminentes para su vida o salud sin sufrir represalias.
También establece salvaguardias estrictas sobre la privacidad, prohibiendo el procesamiento de datos personales que no sean estrictamente necesarios para el trabajo, como conversaciones privadas o información sobre la salud.
El informe subraya que, cuando las plataformas operan de forma transfronteriza, las condiciones laborales deben regirse por las leyes del país donde se realiza el trabajo, evitando el arbitraje regulatorio.
Finalmente, el documento propone que los mecanismos de cumplimiento incluyan la responsabilidad de los intermediarios en la cadena de subcontratación, asegurando que todos los trabajadores, formales o informales, queden bajo el amparo de estas nuevas normas internacionales.