Padrón de anfitriones de Airbnb detona nueva ola de amparos en Ciudad de México

El Economista 18 Jun, 2026 09:00

Padrón de anfitriones de Airbnb detona nueva ola de amparos en Ciudad de México

La regulación de las plataformas de renta de corta estancia en la Ciudad de México entró en una nueva etapa dentro de los tribunales. Tras la puesta en marcha del Padrón de Anfitriones en la capital, propietarios y operadores de inmuebles anunciados en plataformas como Airbnb se movilizaron para promover amparos.

Con la publicación del aviso que habilitó oficialmente los sistemas electrónicos para el registro, comenzó a correr el plazo legal de 15 días para impugnar diversas disposiciones de la regulación y la respuesta del sector fue inmediata.

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Las demandas fueron presentadas ante juzgados y buscan impugnar tres aspectos principales:

El padrón de anfitriones.
El límite de inmuebles permitidos por operador.
La obligación de constituirse como establecimiento mercantil en determinados casos.

La inconformidad contra la regulación de las estancias turísticas no es nueva. Cuando las primeras reformas a la Ley de Turismo de la Ciudad de México entraron en vigor en el 2024, propietarios y anfitriones de plataformas tipo Airbnb promovieron centenas de juicios de amparo para intentar frenar las nuevas obligaciones.

Nuevo capítulo de litigios

De acuerdo con Andrés Alcántara Silva, asociado senior del despacho Conesa & Moreno Abogados, la mayoría de esos recursos no llegaron a una resolución de fondo hace dos años porque las autoridades aún no habían puesto en operación los mecanismos necesarios para cumplir con el registro.

“En el 2024 se supo de un aproximado de 600 amparos. Para este 2026 es posible que se haya presentado una cifra similar o mayor, porque ahora hay más preocupación en el sector”, comentó en entrevista para Econohábitat.

Por ahora, quienes promovieron los recursos esperan que los juzgados admitan las demandas y resuelvan las solicitudes de suspensión, una medida que les permitiría evitar temporalmente ciertas obligaciones mientras se desarrolla el proceso de amparo.

Según el especialista, la resolución definitiva podría tardar entre uno y dos años. Durante ese periodo, los tribunales definirán el alcance de las nuevas reglas para las rentas de corta estancia, un segmento que se ha convertido en uno de los temas más controvertidos de la política urbana en la Ciudad de México.

El nudo regulatorio

Uno de los puntos de mayor controversia es la obligación de registrarse como establecimiento mercantil cuando una misma persona opera cuatro o más inmuebles destinados a estancias turísticas.

Según el abogado, la disposición genera problemas prácticos para viviendas que cuentan con uso de suelo habitacional, ya que obtener la clave correspondiente requiere autorizaciones que, en la práctica, resultan difíciles de conseguir. “Es una obligación de imposible cumplimiento”, sostuvo.

El especialista explicó que muchos de los inmuebles utilizados para alojamiento temporal son departamentos o casas con uso habitacional, por lo que el requisito de migrar a un esquema mercantil podría dejar fuera a una parte importante de los operadores.

Disputa por el futuro de Airbnb

Las reformas alrededor de rentas tipo Airbnb fueron impulsadas por el gobierno de la Ciudad de México con el argumento de que este tipo de alojamientos tiene impacto en el sector de vivienda y la gentrificación.

Bajo esa lógica, las autoridades buscan contar con información sobre los inmuebles que operan bajo este esquema y establecer límites a su expansión. Sin embargo, representantes del sector sostienen que las nuevas disposiciones imponen cargas excesivas.

Desde su perspectiva, Alcántara consideró que una eventual resolución favorable en esta disputa legal representaría un avance importante para el sector, aunque la discusión difícilmente terminará con estos juicios.

“Si se llega a declarar inconstitucional alguna de estas restricciones, (las autoridades) pueden imponer otras después. Es una batalla que va a durar, por lo menos, todo este gobierno. Dependerá de los juzgados y de las autoridades el escuchar al sector. Hay voluntad, pero es un tema sensible, porque también es político”, afirmó.