La inteligencia artificial ya no solo redefine el trabajo o la productividad: también empieza a plantear quién debe beneficiarse de su riqueza. En Estados Unidos, una propuesta legislativa ha reabierto un debate incómodo que en Europa apenas se asoma, y que deja a países como España en una posición mucho más reactiva que proactiva.
La propuesta impulsada por el senador independiente Bernie Sanders introduce una cuestión de fondo: si la inteligencia artificial está generando enormes ganancias económicas, ¿debería existir un retorno directo para la ciudadanía? Su planteamiento se basa en crear un fondo soberano alimentado por un impuesto a grandes compañías del sector, entre ellas actores clave como OpenAI o Anthropic.
El mecanismo sería ambicioso: destinar parte de los beneficios de ese fondo a un dividendo anual para cada ciudadano. Más allá de la cifra concreta, lo relevante es el cambio de paradigma que introduce. La inteligencia artificial deja de ser solo un motor de crecimiento privado para convertirse en un recurso susceptible de redistribución pública.
El debate no es marginal en Estados Unidos. Incluso figuras políticas con visiones opuestas, como Donald Trump, han mostrado interés por la idea de articular fondos soberanos vinculados a la nueva economía tecnológica, aunque con enfoques completamente distintos. En el trasfondo, lo que emerge es una preocupación compartida: la concentración de poder económico en un reducido grupo de corporaciones tecnológicas.
El modelo del fondo soberano: promesa teórica y obstáculos estructurales
La idea de Sanders parte de una lógica conocida en algunos países exportadores de recursos naturales: canalizar parte de la riqueza generada hacia un fondo de inversión público que estabilice la economía y permita redistribuir beneficios. Sin embargo, trasladar este esquema a la economía digital presenta dificultades evidentes.
A diferencia del petróleo o el gas, la inteligencia artificial no depende de un recurso físico nacionalizable, sino de infraestructuras globales, datos y capital privado altamente móvil. Esto complica tanto su fiscalidad como su gobernanza. Además, la propia escala de las grandes tecnológicas hace que cualquier intento de gravamen significativo se enfrente a una compleja batalla jurídica y geopolítica.
En este contexto, el debate estadounidense también refleja una tensión interna: cómo equilibrar innovación, competitividad y redistribución sin frenar un sector estratégico. La discusión sobre si un dividendo universal es viable o no queda, por ahora, en el terreno de la hipótesis política.
Europa y España: entre la regulación y la falta de instrumentos propios
Mientras en Estados Unidos se plantean escenarios de redistribución directa, en Europa el enfoque sigue siendo más regulatorio que fiscal. La Unión Europea ha avanzado en marcos normativos para la inteligencia artificial, pero no en mecanismos de reparto de la riqueza que genera.
En el caso español, el debate existe, aunque en un plano más laboral y social. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha advertido en distintas intervenciones sobre el impacto de la automatización en el empleo, insistiendo en la necesidad de regulación frente a discursos catastrofistas o tecnófobos.
Sin embargo, la capacidad de España para implementar medidas de gran escala es limitada. La creación del fondo público ICO (Instituto de Crédito Oficial), enmarcado en iniciativas como el programa “España Crece”, apunta a fortalecer la inversión estratégica, pero no tiene la dimensión ni el alcance de un fondo soberano capaz de redistribuir riqueza tecnológica.
El contraste con el debate estadounidense pone de relieve una brecha estructural: mientras unos discuten cómo repartir los beneficios de la inteligencia artificial, otros aún intentan definir cómo adaptarse a sus consecuencias. En ese desfase, Europa corre el riesgo de quedar como regulador de un sistema cuyo diseño económico se decide fuera de sus fronteras. @mundiario