La comparecencia de Teresa Peramato en la Comisión de Justicia del Senado ha puesto de manifiesto hasta qué punto la Fiscalía General del Estado se ha convertido en uno de los principales escenarios de la confrontación política en España.
La nueva fiscal general comparecía con el objetivo inicial de explicar su política de nombramientos y su propósito de “sanar heridas” tras la convulsa etapa de su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en la nota de prensa que difundió datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude fiscal. Sin embargo, el protagonismo acabó desplazándose hacia las reuniones mantenidas por la exmilitante socialista Leire Díez con la mano derecha del titular del Ministerio Público en la calle Fortuny y las sospechas planteadas por la oposición sobre la posible utilización partidista de la institución.
Peramato respondió con una contundencia poco habitual. Rechazó de plano cualquier insinuación de que la Fiscalía pueda estar “al servicio de una trama criminal” o vinculada a las denominadas “cloacas del PSOE”. A su juicio, atribuir semejante conducta al Ministerio Fiscal supone un cuestionamiento injustificado del trabajo de más de 2.800 fiscales que, según recordó, actúan bajo los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad.
Sin embargo, la defensa institucional no fue acompañada de mayores explicaciones sobre el fondo del asunto. La fiscal general optó por refugiarse en el deber de reserva derivado de las investigaciones judiciales abiertas, tanto en relación con el denominado caso Leire Díez como respecto a otros procedimientos como Plus Ultra o la trama Koldo. Sostuvo que no era “ni el momento ni la sede” adecuados para ofrecer detalles y reiteró que la Fiscalía facilitará toda la información que requieran los jueces instructores.
Lo que Peramato sí ha querido dejar claro es que el Ministerio Público “no forma parte del Poder Ejecutivo” ni “ejerce funciones de dirección política”, por lo que ha rebatido que se busque “un régimen de control cuasipolítico de la actuación del fiscal general del Estado por parte de las Cortes Generales”, y denunció que “el escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales puede implicar un riesgo de politización o, al menos, de transmitir esa apariencia”.
PP y Vox cargan contra la fiscal general
La Fiscalía ocupa una posición singular dentro del sistema constitucional español. No forma parte del Poder Judicial ni del Ejecutivo, pero mantiene una estructura jerárquica encabezada por un fiscal general designado por el Gobierno. Esa singularidad ha generado históricamente recelos sobre su grado real de autonomía, especialmente tras los mandatos de Dolores Delgado, exministra de Justicia de Pedro Sánchez, y más recientemente García Ortiz, el primer titular del Ministerio Público que ha sido juzgado y condenado en la democracia española.
Peramato quiso precisamente reforzar esa idea de independencia institucional. Mientras PP y Vox insistieron en vincular las reuniones de Leire Díez con la entonces mano derecha de García Ortiz, el jefe fiscal de Secretaría Técnica Diego Villafañe, en el marco de una presunta estrategia de interferencia en investigaciones judiciales contra el Gobierno, la mayoría del bloque de investidura que sostiene a Sánchez, en particular ERC, defendió que las acusaciones contra la Fiscalía carecen de base y responden a una ofensiva de desgaste institucional.
Peramato aprovechó igualmente su intervención para negar que se hayan producido “purgas” internas o nombramientos guiados por afinidades ideológicas. Defendió que todas las designaciones realizadas durante su mandato obedecen a criterios de mérito, capacidad e idoneidad, reivindicando además el margen de discrecionalidad que la ley reconoce al fiscal general en este ámbito.
Peramato niega “purgas”
El PP ha pretendido afear a Peramato sus decisiones en materia de nombramientos, en los que el “equipo de Fortuny” de funcionarios cercanos a García Ortiz habría sido promovido en la carrera fiscal después de su respaldo durante el juicio. La oposición se basaba así en particular al caso de Villafañe, ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, en contraste con la otrora jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien declaró ante el juez sus sospechas de que las filtraciones provenían de su jefe y finalmente no ha sido renovada en el cargo, como ejemplo de una supuesta “adhesión ideológica”.
“No ha habido ninguna purga”, ha asegurado Peramato, para después insistir en que sus nombramientos en la cúpula fiscal “han obedecido a un juicio motivado de idoneidad”. “Me he basado en méritos, capacidad, experiencia y en los proyectos que han sido presentados por los diferentes candidatos y, finalmente, he designado a quien he considerado más adecuado para el desempeño de esa función”, ha argumentado la titular del Ministerio Público.
Peramato después ha rebatido las acusaciones de “sectarismo” con el hecho de que, en el total de ascensos, los más beneficiados no hayan sido los adscritos a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que ella fue presidenta. Pese a ello, también ha reivindicado el margen de “discrecionalidad” que la ley otorga a los nombramientos reservados a su cargo, que son siempre de “excelentísimos profesionales”. @mundiario