La investigación judicial que desde hace meses mantiene bajo el foco político y mediático a Begoña Gómez ha experimentado un nuevo movimiento que añade complejidad a una de las causas más controvertidas de la actualidad española. El juez de instrucción Juan Carlos Peinado ha acordado abrir una pieza separada para analizar posibles irregularidades vinculadas a un contrato público adjudicado a una unión temporal de empresas en la que participaba el empresario Juan Carlos Barrabés, figura clave en el procedimiento.
La decisión llega apenas unos días después de que el magistrado celebrara una audiencia preliminar sobre la parte principal del caso, en la que se estudia la posible apertura de juicio oral por varios delitos atribuidos a la esposa del presidente del Gobierno.
La novedad de esta semana radica en que Peinado ha decidido investigar de manera independiente una adjudicación concreta que había sido objeto de interés por parte de la Fiscalía Europea. En un primer momento, los documentos judiciales incluían a Begoña Gómez entre las personas investigadas en esta nueva línea de trabajo. Sin embargo, apenas unas horas después, el propio juez emitió una resolución aclaratoria para corregir esa situación.
Según el nuevo escrito, la pieza separada queda limitada inicialmente a Juan Carlos Barrabés, sin perjuicio de que las diligencias futuras puedan determinar la necesidad de ampliar el alcance de la investigación. Con esta rectificación, Gómez queda fuera, al menos por ahora, de las pesquisas relacionadas con los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.
El contrato que vuelve a situar a Barrabés en el centro
El origen de esta nueva derivada judicial se encuentra en un contrato adjudicado por Red.es a una unión temporal de empresas integrada por Innova Next, propiedad de Barrabés, y la consultora KPMG. El expediente, valorado en varios millones de euros, había sido examinado previamente por la Fiscalía Europea debido a las sospechas sobre el proceso de valoración de las ofertas.
Las dudas surgieron después de que informes de investigación apuntaran a posibles irregularidades en la puntuación otorgada a la propuesta ganadora. Según esas sospechas, determinados requisitos exigidos en los pliegos podrían no haberse evaluado correctamente, circunstancia que habría resultado determinante para la adjudicación final.
No obstante, la situación jurídica de este contrato ha estado marcada por una intensa disputa competencial. La Audiencia Nacional anuló recientemente la ampliación de las investigaciones promovida por la Fiscalía Europea, al considerar que existían dudas sobre si el proyecto había sido financiado realmente con fondos comunitarios. Tras esa decisión, la documentación fue remitida nuevamente al juez Peinado, que ahora ha optado por abrir una investigación específica.
Aunque la exclusión temporal de Begoña Gómez de esta nueva pieza supone un alivio procesal para la esposa del presidente, la causa principal continúa avanzando.
En esa investigación principal, el magistrado mantiene abiertas diversas líneas relacionadas con supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Las acusaciones sostienen que Gómez habría utilizado su posición institucional para favorecer determinadas iniciativas profesionales y empresariales, una tesis que ella ha rechazado desde el inicio del procedimiento.
Las defensas consideran que las acusaciones carecen de base sólida y denuncian que la instrucción se ha sustentado en interpretaciones forzadas de hechos que no constituyen delito. Mientras tanto, las acusaciones populares continúan reclamando medidas más contundentes e incluso elevadas penas de prisión en caso de que el procedimiento termine llegando a juicio.
El foco judicial se traslada ahora a la próxima resolución de Peinado sobre la causa principal. El magistrado deberá decidir si considera que existen indicios suficientes para abrir juicio oral contra los investigados o si, por el contrario, archiva alguna de las líneas de investigación.
Además, sigue pendiente de resolución la petición formulada por algunas acusaciones para imponer medidas cautelares a Begoña Gómez, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia. @mundiario