La cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en Bruselas ha confirmado una tendencia que se viene consolidando desde hace años, y es que la Unión Europea se mueve hacia posiciones cada vez más restrictivas en materia migratoria. En ese contexto, España ha optado por mantener una posición diferenciada, situándose prácticamente en solitario frente a algunas de las propuestas que ganan terreno entre las capitales que integran el club comunitario.
En medio de ese contexto, el presidente del Gobierno español defendió en el Consejo Europeo una política migratoria basada en la integración y la cooperación frente a la creciente apuesta de numerosos socios comunitarios por los centros de retorno fuera de la UE. Pedro Sánchez respondió además a las críticas sobre la regularización extraordinaria puesta en marcha en España, en un debate que refleja la profunda división europea sobre inmigración.
Durante el debate, varios líderes europeos defendieron la creación de centros de retorno o “hubs” migratorios en terceros países, una fórmula allanada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni con sus alojamientos de espera en Albania, que persigue concentrar a inmigrantes en situación irregular antes de proceder a su expulsión. La iniciativa, respaldada por gobiernos como los de Dinamarca o Italia y apoyada por un grupo creciente de Estados miembros, representa uno de los principales símbolos del endurecimiento migratorio europeo.
Sánchez rechazó abiertamente esa vía. Según fuentes de la delegación española, el presidente sostuvo ante sus homólogos que la externalización de la política migratoria “no es eficaz”, no resuelve las causas profundas de los flujos migratorios y, además, plantea interrogantes sobre su compatibilidad con los principios fundacionales de la Unión Europea.
La intervención del jefe del Ejecutivo español pone de manifiesto la creciente distancia entre Madrid y un amplio bloque de socios europeos que consideran imprescindible reforzar las políticas de expulsión para contener el avance de la inmigración irregular y responder al ascenso electoral de las formaciones populistas y de extrema derecha.
La regularización española, bajo escrutinio europeo
El debate no se limitó a los centros de retorno. La regularización extraordinaria impulsada por España también estuvo presente en las conversaciones. Diversos dirigentes europeos expresaron su preocupación por el posible impacto transfronterizo de la medida, que ha generado cerca de 900.000 solicitudes y que concluirá el próximo 30 de junio. Algunas capitales consideran que este tipo de procesos podrían generar un efecto llamada o tener consecuencias indirectas sobre otros sistemas migratorios nacionales.
Ante estas objeciones, Sánchez defendió que la situación española es muy “diferente” a la de cualquiera de los socios. Argumentó que la mayoría de las personas beneficiarias procede de América Latina, comparte vínculos culturales e históricos con España y, en muchos casos, reside y trabaja en el país desde hace años.
El Ejecutivo español sostiene además que la regularización se desarrolla dentro del marco normativo europeo y que responde a una realidad laboral y social consolidada. Desde La Moncloa se insiste en que la integración efectiva de estas personas contribuye tanto a la cohesión social como a la sostenibilidad económica y demográfica.
El enfrentamiento político sobre la inmigración refleja una transformación más profunda dentro de la Unión Europea. La presión migratoria, unida al crecimiento electoral de partidos ultranacionalistas y euroescépticos, ha impulsado a numerosos gobiernos —incluidos algunos socialdemócratas— a respaldar políticas que hace apenas unos años resultaban políticamente impensables.
Una Europa cada vez más dividida
Dinamarca se ha convertido en uno de los principales exponentes de este cambio. Su primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, lidera junto a la derechista Meloni una alianza de países favorables a explorar soluciones externas para la gestión migratoria. Una posición que comparten ya una veintena de Estados miembros.
Frente a esta corriente, España mantiene que la gestión migratoria debe sustentarse en cuatro pilares: control eficaz de las fronteras, apertura de vías legales y ordenadas de migración, cooperación con los países de origen y tránsito e impulso de políticas de integración.
La discusión trasciende el ámbito estrictamente técnico. En realidad, la UE debate sobre qué modelo de sociedad quiere construir en las próximas décadas y hasta qué punto está dispuesta a compatibilizar la seguridad fronteriza con los principios humanitarios y jurídicos que definen el proyecto comunitario.
La posición defendida por Sánchez en Bruselas confirma que España seguirá intentando desempeñar el papel de contrapeso frente al endurecimiento migratorio dominante en Europa. Sin embargo, la correlación de fuerzas actual indica que el debate europeo continuará desplazándose hacia políticas cada vez más restrictivas, en un escenario marcado por la polarización política y la creciente presión sobre los sistemas de asilo y acogida. @mundiario