José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, murió antes de escuchar una sentencia. Antes de enfrentar a un juez. Antes de responder por los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, cometidos dentro de un templo en Cerocahui, uno de los crímenes que más indignación provocaron en México.
La historia deja una sensación incómoda, porque durante años fue señalado por habitantes de la Sierra Tarahumara por cobro de piso, desapariciones, homicidios y control criminal de comunidades enteras. Tenía una orden de aprehensión desde 2018, pero siguió operando con impunidad. Cuando finalmente cayó, no fue en una sala de audiencias, sino abatido en un enfrentamiento.
Y entonces varias preguntas: ¿qué castigo merece alguien acusado de sembrar terror durante años y de asesinar incluso dentro de una iglesia? ¿Basta la muerte? ¿O la verdadera justicia consiste en enfrentar un juicio, escuchar a las víctimas y cumplir una condena?
Hay quienes, frente a casos tan brutales, vuelven a plantear la pena de muerte. La indignación es comprensible. Pero también existe otra interrogante: si el Estado decide quitar la vida, ¿en qué se diferencia moralmente del criminal? La historia demuestra que las ejecuciones no siempre reducen la violencia ni garantizan sociedades más seguras.
Quizá el problema de fondo sea otro. “El Chueco” no escapó de la justicia porque las leyes fueran débiles, sino porque durante años nadie logró detenerlo. La cuestión no es solo qué castigo merecía, sino por qué pudo actuar tanto tiempo sin enfrentar consecuencias.
A cuatro años de la tragedia de Cerocahui, siguen abiertas heridas, desapariciones y expedientes. Los sacerdotes murieron, las familias continúan esperando respuestas y el principal responsable ya no está para rendir cuentas. La muerte cerró su historia, pero no necesariamente hizo justicia.
Porque cuando un criminal muere antes de ser juzgado, el caso se archiva para él. Para las víctimas, en cambio, la historia continúa.