-Sin más opción que entregar a Rocha Moya
-La denuncia contra cinco morenistas
-Maru de vuelta en Juárez, mañana
-Pese a todo, maquila mantiene motor económico
Es momento de que Presidencia de la República busque una salida definitiva al costoso embrollo llamado exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los demás coacusados oficialmente de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos.
La salida en domingo de la gobernadora, Maru Campos, podría significar una señal de lo que viene de Estados Unidos contra el narco-team con Rocha, y/u otros, a la cabeza, o simplemente aprovecha ella ese timing, la cresta de la popularidad en la que fue colocada por la Cuarta Transformación.
Podrá ser una cosa, podrá ser la otra, la realidad es que el régimen federal seguirá expuesto de manera sistemática al señalamiento, a la crítica, al vituperio, mientras sigan intocados los perseguidos por el país vecino.
Cortar ahora y tratar de remediar los daños hacia el 2027 sería lo más inteligente para la 4T porque ha quedado claro que Estados Unidos no solo no ha terminado con el tema; apenas está empezando.
Están detenidos, sí, “El Chapo” y “El Mayo”, pero tras el bombazo contra Rocha y equipo, también fueron aprehendidos dos piezas claves de su equipo que deben estar cantando más que mariachi en Día de las Madres: el secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega; y el general, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
Quizá los aliados políticos y/o jefes de los acusados, y ellos mismos, esperen el milagro del olvido o de los arreglos cupulares, pero las vísperas dicen lo contrario, que la andanada será recrudecida y que irá en más detrimento del partido oficial en la Federación.
Por lo pronto, en México sigue no el absurdo de que Rocha Moya haya renunciado sin más consecuencias que su separación de la gubernatura, pero sí el caso del aún senador morenista, Enrique Inzunza Cázares, que sigue aferrado al fuero pero a distancia para “no exponerse a la polémica”, pues ya no acude presencialmente a la sede legislativa.
Todo con cargo al “movimiento”, a la imagen del partido en el gobierno.
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Justo la gobernadora, Maru Campos, estará mañana de nuevo en Ciudad Juárez para encabezar un par de eventos que si bien son relevantes, el tema más esperado es el que ha venido sacando chispas desde hace ya varias semanas, el de la confrontación abierta contra la Federación.
Campos Galván presidirá por ahí del mediodía la inauguración de un centro de rehabilitación del DIF en la Universidad Tecnológica y después ajustará cuentas en Pueblito Mexicano con algunos funcionarios de esos rebeldones.
Tendrá algún evento más pero de esos que los “jefes de agenda” se guardan en caja fuerte. No sueltan prenda.
Pero sea lo que sea, las expectativas están centradas en sus agregados a la inagotable metralla contra la 4T y su partido desde que le prendieron la mecha con aquello de la “violación a la soberanía” por el mentado CIAGate.
Veremos cuánta pólvora le queda para seguir estallando.
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Lo anticipamos hace unos días, fue presentada en órganos internos de Morena una denuncia en contra de los morenistas que armaron una protesta en el exterior del Congreso del Estado, dirigida a afectar a uno de sus mismos compañeros, el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar.
Es de todos conocido que al comienzo de la semana pasada, en una de sus últimas actividades como presidente municipal en funciones, algunos grupos panistas recibieron a Pérez Cuéllar en la torre legislativa con mantas llenas de acusaciones, pero además le hicieron el caldo gordo a la estrategia albiazul algunos militantes de Morena que se reunieron también para descalificarlo.
Pues bien, un morenista indignado por la violación flagrante a los ordenamientos internos de Morena presentó la queja admitida en el órgano partidista. Les achaca vulnerar más de una docena de artículos de los estatutos del partido y al menos 40 normas del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
La queja presentada por un líder seccional morenista de la capital, Pablo Candelario Ramírez Sánchez, señala directamente Martha Serrano y Ana Luisa Rojas Carrasco, además de Catalina Castillo Castañeda, Eva América Mayagoitia Padilla y Félix Manuel Lazos Ibarra, todos militantes y al menos tres identificados como colaboradores del senador Juan Carlos Loera de la Rosa.
La denuncia -cuya evidencia obtuvimos y puede verse en la edición digital de La Columna- establece claramente la sospechosa convergencia de dos grupos de manifestantes, los del PAN y los de Morena, en contra de quien estaba por pedir licencia al cargo de alcalde para registrarse como aspirante a “defensor de la transformación”.
Denuncia entre otras cosas agresiones de ese grupo de morenistas contra otros compañeros que acudieron a respaldar a Pérez Cuéllar, en una inadmisible muestra de irresponsabilidad política por la que pide sanciones a los militantes.
La queja no va contra la libertad de expresión o manifestación, pero sí contra la denostación, el hostigamiento, la propaganda calumniosa, la agresión física y la exposición de la vida interna del partido que ayudó a fortalecer la narrativa de los adversarios políticos del PAN.
Tiene material y de sobra la comisión interna morenista, a juzgar por las más de 60 páginas de la denuncia y sus anexos.
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Al tiempo que ayer se discutía la disminución de las regidurías, para eliminar dos de cada 10 de estos puestos en ayuntamientos en el estado, fue aprobada una regiduría indígena, que realmente aplicará en muy pocos municipios. Juárez ya tiene la suya.
Sólo habrá regidores de este tipo en Balleza, Batopilas, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Morelos y Urique, porque en ellos, de acuerdo con el INEGI, la población indígena es equivalente al 40% o mayor en relación con la población total.
Otros municipios serranos como Uruachi (38.60%), Chínipas (13.00%) y Maguarichi (26.78%) tienen una presencia indígena significativa, pero están por debajo del umbral del 40% establecido en la reforma constitucional aprobada por el Congreso ayer y que deberá ser ratificada por ayuntamientos con el 50% más uno de la población estatal.
Así es que serán siete regidores indígenas en total, quienes deberán ser electos de acuerdo a usos y costumbres en sus comunidades, con auxilio del Instituto Estatal Electoral, aparentemente con la única restricción de paridad de género.
Y decimos aparentemente porque quienes aspiren a ser regidores bajo este esquema de elección comunitaria, tendrán que realizar la solicitud de registro por escrito, acompañada de una carta de auto adscripción y una constancia de vínculo comunitario.
En este último requisito estará el problema. ¿Cuál es esa autoridad indígena legítima, que deberá acreditar de manera fehaciente su representatividad y validación social?
Tendrá ahí el IEE una de las primeras pruebas de fuego, que deberá sortear con apoyo de la Comisión estatal y nacional de pueblos indígenas, echar mano de antropólogos y especialistas, quien sabe.
La elección tendrá sus propios tiempos y formas, pero deberá tener resultados en agosto. Como si no tuviera el IEE broncas que atender desde la instalación del Consejo este año para dar inicio al proceso electoral, hasta que concluyan las últimas impugnaciones meses después de la jornada electoral de junio del próximo año.
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Aunque la industria manufacturera y de exportación que opera en Ciudad Juárez, tenga hasta cierto punto el freno puesto en materia de generación de empleo, sigue siendo por mucho, el sector con mayor derrama para esta urbe.
Ayer el Inegi dio a conocer que, en abril de 2026, hubo 859 empleos ganados, para un total de 253 mil 325 personas ocupadas, cuyo pago por nómina alcanza los 6.2 mil millones de pesos y sumando lo que cuesta el IMSS y otras prestaciones, la cifra se eleva a 8.7 mil millones de pesos al mes.
Es decir, un beneficio directo para trabajadores, para la economía general y por supuesto para entidades de gobierno como el IMSS; donde solo esta institución, se llevó poco más de 1.4 mil millones de pesos de la industria manufacturera de manera mensual.
En el cuarto mes de este año, se reportan 333 establecimientos en activo, apenas uno más que marzo y dos más que en abril de 2025.
El Diario
22 Jun, 2026 17:45
Sin más opción que entregar a Rocha Moya
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