El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa retener decenas de millones de dólares en fondos federales de seguridad nacional a estados que no implementen una serie de cambios en sus sistemas electorales, de acuerdo con documentos internos y fuentes citadas por CNN.
Las nuevas directrices afectarían subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un mecanismo que supera los 1,000 millones de dólares anuales y que se utiliza para apoyar a gobiernos estatales y locales en tareas de prevención del terrorismo, protección de infraestructura y respuesta ante desastres.
Entre las condiciones propuestas se incluye la eliminación gradual de ciertos sistemas de votación electrónica, la adopción de boletas de papel marcadas a mano, auditorías manuales de los resultados y el uso de bases de datos federales para verificar la ciudadanía de los votantes y del personal electoral.
Los estados que no cumplan con estas exigencias podrían perder hasta el 20 % de los fondos asignados, según los lineamientos descritos en los documentos.
El plan también contempla la verificación de los padrones electorales a través del sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha generado críticas de especialistas que advierten sobre posibles errores y falsos positivos en la depuración de listas de votantes.
La iniciativa forma parte de la estrategia del presidente Trump para endurecer el control sobre los procesos electorales y combatir lo que ha calificado como fraude electoral, pese a que investigaciones independientes han mostrado que su incidencia es reducida.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que cualquier cambio en las condiciones de financiamiento debe ser formalizado antes de su aplicación, y defendió la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Expertos legales advierten que la medida podría enfrentar impugnaciones judiciales, al considerar que la Constitución de Estados Unidos otorga a los estados la responsabilidad principal en la administración de elecciones, limitando la capacidad del poder ejecutivo federal para imponer reglas unilaterales.
El plan también implicaría costos significativos para los estados, que tendrían que modernizar infraestructura electoral en caso de adoptar los nuevos estándares.
