La condena de José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por el denominado caso Mascarillas ha supuesto uno de los mayores golpes políticos para el PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La sentencia no solo afecta a quien fue ministro de Transportes y secretario de Organización socialista, sino que reabre un debate sobre las responsabilidades políticas del presidente por haber convertido a Ábalos en uno de sus colaboradores más estrechos durante años.
Sin embargo, el impacto de la resolución judicial ha dejado también una fotografía política peculiar: los socios parlamentarios del Gobierno han elevado la presión sobre Sánchez, pero sin dar el paso hacia una ruptura de la mayoría.
La reacción de los aliados del Ejecutivo se ha movido en un delicado equilibrio. Por una parte, prácticamente todas las fuerzas que sostienen la legislatura han expresado su rechazo a los hechos que han llevado a la condena del exministro y han reclamado explicaciones al presidente del Gobierno. Pero, al mismo tiempo, han evitado convertir esa crisis en un detonante para precipitar elecciones o favorecer una alternativa encabezada por la oposición. El resultado es una estrategia de presión constante, pero sin llegar a poner en peligro inmediato la continuidad del Ejecutivo.
Uno de los aspectos más llamativos ha sido la coincidencia entre el Gobierno y varios de sus socios en centrar las críticas sobre el empresario Víctor de Aldama. La suspensión de la ejecución de la pena de cuatro años y medio de prisión concedida al comisionista por su colaboración con la Justicia ha generado malestar tanto en el PSOE como en partidos de izquierda y nacionalistas. Gabriel Rufián resumió esa percepción con una frase que ha tenido gran repercusión política: “Delinque, delatas y libras”.
La crítica no se dirige tanto a la condena impuesta a Ábalos, considerada por ERC “acorde” con la gravedad del caso, como a la diferencia entre el castigo aplicado a quienes recibieron las mordidas y el tratamiento dispensado al empresario que, según las investigaciones, ejerció un papel central en la trama.
La posición de Sumar refleja también esa dualidad. Sus portavoces han insistido en que Pedro Sánchez debe ofrecer explicaciones detalladas y asumir una agenda de regeneración democrática, pero han situado la línea roja en la eventual aparición de pruebas de financiación irregular del PSOE. Mientras tanto, han cargado con dureza contra Aldama. La portavoz de los Comuns, Aina Vidal, denunció que “el cerebro corruptor de la trama, quien pagó las mordidas y quien movió los millones, ni siquiera va a pisar la cárcel y no va a devolver ni un duro de lo robado”, mientras la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, llegó a definirlo como “un ladrón que se ha quedado con más de tres millones de una trama criminal”.
En Compromís y en el grupo Mixto la lectura es similar. Las críticas se dirigen tanto a la corrupción vinculada al entorno socialista como al mensaje que, a su juicio, transmite la resolución judicial respecto a los empresarios corruptores.
Los socios mantienen la presión, pero siguen sin tomar acción ante la situación que ellos mismos consideran como “asfixiante”. Entre ellos, Gabriel Rufián ha planteado públicamente una pregunta sobre el sentido de prolongar la legislatura y ha advertido de que “legislar no es resistir”. Sin embargo, sus declaraciones no se han traducido en una petición explícita de elecciones anticipadas ni en movimientos para desestabilizar la mayoría parlamentaria. La formación republicana sigue vinculando cualquier escenario futuro a las explicaciones que ofrezca el presidente y a la evolución de las investigaciones abiertas.
El BNG mantiene una posición parecida. Los nacionalistas gallegos sostienen su apoyo al Gobierno, pero recuerdan que las medidas de regeneración democrática prometidas hace dos años continúan sin materializarse. Para la formación, la respuesta a la crisis no puede limitarse a declaraciones políticas, sino que debe traducirse en reformas institucionales capaces de reducir los riesgos de nuevos casos de corrupción. La mayoría de los socios siguen esperando a que el Ejecutivo cumpla con sus promesas de investidura.
La excepción más clara dentro del bloque progresista es Podemos. Ione Belarra ha endurecido notablemente su discurso y sostiene que “el tiempo de Pedro Sánchez ha terminado”. La dirigente considera que la condena al antiguo número dos del presidente constituye un hecho de “enorme gravedad política” y recuerda que Ábalos fue cesado en 2021 sin explicaciones públicas convincentes. Sin embargo, incluso Podemos reconoce que el país se encuentra ya en una dinámica de campaña permanente más que en un escenario inmediato de cambio institucional.
Mientras tanto, Junts mantiene su distanciamiento con el PSOE y aprovecha la crisis para cuestionar las prioridades políticas de los socialistas. La formación de Carles Puigdemont ha reprochado a Ferraz que se escandalice por la situación procesal de Aldama mientras el condenado principal es un exministro y uno de los dirigentes más importantes que tuvo el partido. No obstante, tampoco ha dado señales de querer impulsar una moción de censura junto al PP.
Desde Moncloa, la estrategia ha consistido en mantener el cortafuegos levantado alrededor de Ábalos desde su salida del Gobierno y desplazar parte del debate hacia las consecuencias judiciales para Aldama. El PSOE insiste en que condena “sin matices” los hechos atribuidos al exministro y reivindica las medidas de transparencia aprobadas en los últimos años. Al mismo tiempo, dirigentes como el ministro Óscar Puente o la portavoz federal Montse Mínguez han cuestionado si realmente “sale a cuenta ser corruptor en España”, reforzando una narrativa que varios socios parlamentarios han terminado compartiendo.
La condena de Ábalos ha erosionado la posición del Gobierno, pero también ha puesto de manifiesto que, al menos por ahora, los socios prefieren tensionar la legislatura antes que provocar su final. @mundiario