La DEA enfrenta uno de sus mayores desafíos, una investigación reveló que agentes antidrogas cuestionan operaciones en las que cientos de miles de pastillas de fentanilo fueron vigiladas, pero no incautadas de inmediato.
Según la información dada a conocer por de The Associated Press, esto ocurrió mientras fiscales federales buscaban construir casos más grandes contra redes de narcotráfico.
Esto hacer recordar el desastre a partir del polémico operativo “Rápido y Furioso” de la ATF que permitió circular armas hacia México con la intención de rastrearlas hasta organizaciones criminales.
La comparación no significa que los casos sean idénticos, pero sí obliga a cuestionar: ¿hasta dónde puede llegar una investigación federal antes de poner en riesgo a la población?
¿Qué se reveló sobre la DEA?
Según AP, entre 2023 y 2025 agentes de la DEA monitorearon repetidamente envíos de fentanilo en Nuevo México sin incautarlos de inmediato.
La investigación se basó en entrevistas con agentes actuales y anteriores, además de registros gubernamentales revisados por la agencia.
Uno de los testimonios más fuertes fue el de David Howell, agente especial de la DEA, quien dijo a AP que la estrategia equivalía a “envenenar” a la comunidad para armar casos.
Howell presentó una denuncia interna como informante en 2023, al considerar que la táctica ponía en riesgo la seguridad pública.
AP documentó un caso de junio de 2023 en Albuquerque en el que agentes vigilaron una entrega de 74 mil pastillas de fentanilo.
En otra investigación multiestatal, Howell reportó que se permitió la entrega de al menos 1.8 millones de pastillas antes de un decomiso histórico anunciado en 2025.
La DEA rechazó que hubiera permitido deliberadamente que el fentanilo llegara a comunidades, y afirmó a AP que las decisiones fueron legales, razonables y consistentes con directrices del Departamento de Justicia, y que las investigaciones buscaban desarticular organizaciones de mayor escala.
Antecedente de “Rápido y Furioso”
Rápido y Furioso fue una operación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocida como ATF, que permitió la compra y traslado de armas con la intención de rastrearlas hasta redes criminales vinculadas con México.
El problema fue que autoridades estadounidenses perdieron el control de parte de esas armas, y el caso estalló públicamente después de que dos de ellas aparecieron relacionadas con el asesinato de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en 2010.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia concluyó en su revisión de 2012 que hubo serias fallas de gestión en Rápido y Furioso y en otra investigación llamada Wide Receiver.
El propio Departamento de Justicia retiró una carta enviada al Congreso porque contenía “inexactitudes” sobre el caso.
La comparación con el caso del fentanilo surge porque, en ambos escenarios, agentes federales permitieron que objetos o sustancias peligrosas continuaran en circulación para intentar llegar a estructuras criminales más grandes.
Riesgos por el fentanilo
En este caso que sale a la luz el debate es más delicado porque el fentanilo no es una mercancía ilícita común, es un opioide sintético extremadamente potente y unos pocos miligramos pueden ser mortales para una persona adulta.
Por eso el Departamento de Justicia adoptó desde 2017 protocolos internos que alentaban a los agentes a incautar o impedir la distribución de fentanilo tan pronto como fuera “practicable”.
Esas reglas incluso fueron modificadas en 2024 para dar más discrecionalidad a los investigadores al equilibrar la seguridad pública con los beneficios de mantener abierta una investigación.
Pero además, Nuevo México aparece como un punto especialmente sensible, ya que mientras las muertes por sobredosis bajaron 14% a nivel nacional el año pasado, en ese estado aumentaron 21% en el mismo lapso.
En ese contexto, permitir que pastillas circularan, aunque fuera como parte de una estrategia de investigación, abrió un dilema difícil de justificar ante comunidades golpeadas por la crisis.
A pesar de eso, el Departamento de Justicia determinó en 2024 que las decisiones de la DEA fueron razonables y no representaron un “peligro específico para la salud pública”, según AP.
No obstante, agentes y exagentes citados por la agencia sostienen que el caso debería revisarse con mayor profundidad.