Hay un dato que luce aburrido hasta verlo de cerca.
La economía mexicana creció en abril. Buenas noticias. El IGAE, ese indicador con el que el Inegi toma el pulso mensual del país, avanzó 1.2 por ciento frente a marzo y 2.2 por ciento contra el mismo mes del año pasado. Hasta ahí, hay fiesta.
Pero dentro del número hay dos Méxicos. Uno se mueve con ingenieras, consultores, arquitectos, abogadas, contadores, diseñadoras, desarrolladores, científicos, publicistas y especialistas que venden conocimiento. El otro depende de cables, ductos, plantas, agua, permisos, presupuesto público y, ojo, decisiones de Estado.
El primero crece. El segundo estorba.
El primero es el “sector de servicios profesionales, científicos y técnicos”. Suena a nombre de ventanilla, pero ahí está una parte importante del futuro económico del país. No son solo laboratorios con batas blancas. Ahí caben firmas de ingeniería, diseño de sistemas, consultorías, despachos legales, contables, publicidad, investigación de mercados, arquitectura, desarrollo tecnológico y servicios especializados que ayudan a que otras empresas produzcan más y mejor.
Ese sector llegó en abril a un índice de 148.7, con base 2018 igual a 100. Permitan una simplificación: esa área ha crecido casi 50 por ciento desde 2018. Ahora veamos el otro lado.
“Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final”. Otro nombre largo, pero traduzcámoslo: luz, agua y gas. Lo básico para abrir una fábrica, operar un hotel, instalar un centro de datos, mover una línea de producción, enfriar servidores, prender una clínica, construir vivienda o simplemente vivir en una ciudad moderna.
Ese sector cayó 0.3 por ciento en abril. También cayó 0.3 por ciento anual. Y su índice está en 66.2. Dicho de otro modo: esa actividad ya mide solo dos tercios de lo que llegó a representar para México en 2018. Se achica y se achica.
Ahí está el contraste y el problema. México tiene empresas que pueden pensar más rápido, diseñar mejor, automatizar procesos, vender consultoría, construir software, planear fábricas y resolver problemas sofisticados. Pero arrastra una piedra.
Quizás los empleos en ese sector podrían haber detonado a un nivel inimaginable, pero la infraestructura que debe sostener esa ambición se mueve como si trajera freno de mano.
No es un debate ideológico simple. No es decir “empresas buenas, Estado malo”. Eso es fácil. El lío es más incómodo: cuando un sector estratégico queda en manos del Estado, el Estado no puede darse el lujo de ser lento, opaco o insuficiente. Porque entonces no solo falla una empresa pública. Falla la plataforma sobre la que todos los demás quieren crecer.
Una firma de ingeniería puede conseguir clientes y un despacho de consultoría puede vender productividad. Una empresa de software puede exportar talento y una agencia puede medir audiencias, construir reputación y usar inteligencia artificial. Pero ninguna de ellas puede fabricar electricidad, abrir ductos, ampliar redes o resolver la escasez de agua por voluntad propia. Ahí aparece el verdadero lastre.
México quiere nearshoring, centros de datos, electromovilidad, manufactura avanzada, turismo premium, hospitales, vivienda vertical, inteligencia artificial aplicada a pymes y parques industriales más sofisticados.
Todo eso necesita una cosa antes que pitch decks, discursos y giras internacionales: energía confiable, agua disponible y gas suficiente.
La economía del conocimiento es la oportunidad. La infraestructura pública puede ser el límite.
Estoy al tanto de una campaña de medios del gobierno que en estos días difunde precisamente su plan de infraestructura. Bien, pero si los planes no derivan en ejecución, entraremos en una crisis que pudimos evitar.
Todo esto lo escribo en el interior de un edificio desde el cual puedo ver un horizonte urbano apagado desde hace más de dos horas. Es Mérida, Yucatán, 23 de junio de 2026.