Con pancartas en mano, mujeres, niños y hombres originarios de Santa Marta, municipio de Chenalhó, Chiapas, llegaron hasta la capital chiapaneca para instalarse frente al Palacio de Gobierno. Exigieron justicia, reparación y un retorno digno a sus tierras.
Decenas de indígenas tsotsiles, desplazados de su comunidad desde finales de septiembre de 2022, marcharon este miércoles en Tuxtla Gutiérrez para exigir el pago por los daños que les ocasionaron cuando los expulsaron.
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Su recorrido inició en el parque 5 de mayo y culminó en la sede del Gobierno estatal, donde exigieron atención pronta y justa ante un desplazamiento desde hace más de dos décadas.
Durante el mitin, leyeron un comunicado dirigido a medios nacionales e internacionales, a la ONU-DH y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos; así mismo, denunciaron que los despojaron de sus hogares tras ataques armados en su comunidad, y que hasta la fecha ninguna autoridad les da una solución definitiva.
Sus exigencias
Entre sus exigencias destacan la reparación de daños materiales, condiciones de seguridad para el retorno, respeto a los seis puntos acordados previamente, alimentación justa y transparencia en las carpetas de investigación sobre personas desaparecidas.
Manuel Gómez Velasco, uno de los representantes del grupo, también demandó la aparición de una familia integrada por cinco personas –incluidos tres niños– desaparecidos desde finales de septiembre de 2022, cuando más de 250 pobladores fueron expulsados.
Advirtieron que si las autoridades no localizan a sus compañeros, los desplazados instalarán un plantón indefinido en la capital en los próximos días.
Recordó que los más de 250 indígenas resultaron expulsados por disputas agrarias, con sus casas destruidas o dañadas. Desde entonces, viven en condiciones precarias en una bodega de la comunidad de Polhó, Chenalhó.
Un primer desplazamiento ocurrió el 24 de julio de 2022 y otro más el 29 de septiembre del mismo año, lo que afectó a 68 familias que suman más de 270 personas.
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Rechazaron la fabricación de culpables y denunciaron el “albazo” de las autoridades al entorpecer los procesos e insistieron en que el estado de Chiapas vive una crisis humanitaria silenciosa que urge atender.
“No al alto desplazamiento, sí al pleno Estado de derecho”, corearon los inconformes.
La movilización transcurrió sin incidentes; sin embargo, no cesarán hasta que el Gobierno estatal y federal garanticen su regreso con paz y justicia.