En México volvimos a ver una escena conocida: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) negociando poder, presupuesto y control, mientras niñas, niños y adolescentes se quedan sin clases. La CNTE aprovechó el Mundial de Futbol para presionar al Gobierno federal y, después de casi tres semanas, levantaron el plantón que mantenían en la Ciudad de México. Ese repliegue no debe leerse como cierre del problema ya que así han estado por décadas, sino como aprendizaje: cuando la educación se usa como moneda de cambio, quienes pagan el costo son los estudiantes.
También debe ponerse sobre la mesa el riesgo que implica prometer en campaña lo que difícilmente puede cumplirse desde el Gobierno. Durante años, distintos candidatos se han acercado al magisterio, no necesariamente porque les interese mejorar las condiciones de las escuelas o los aprendizajes, sino porque conocen su fuerza territorial, su capacidad de movilización y su utilidad política.
La CNTE no es un actor nuevo. Surgió en 1979 como una corriente disidente dentro del magisterio. Su origen estuvo ligado a conflictos laborales reales y se consolidó como una fuerza sindical y política que ha construido interlocución a través de la movilización permanente. Como se ha documentado, los grupos disidentes encontraron en marchas, plantones y bloqueos la vía más efectiva para acceder a mesas de negociación a costa de las comunidades escolares.
En investigaciones como Malgasto (2013) se documentó que, en secciones como la 22 de Oaxaca, la movilización también operó como mecanismo de poder sindical: existía una hoja escalafonaria que podía premiar la participación de maestros en actividades de protesta; se controlaron posiciones clave dentro del sistema educativo estatal que permitieron mantener beneficios exclusivos para sus integrantes; y se reportó incluso la suspensión de pagos a docentes de la Sección 59 que sí acudieron a clases durante los paros. Por eso hay que decirlo con cuidado: muchas demandas de la CNTE pueden ser legítimas, pero en ocasiones terminan funcionando como banderas para defender intereses de poder.
Volviendo a las exigencias recientes, la CNTE planteó distintas demandas, entre ellas: abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y obtener un aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base.
En el caso de la USICAMM, es cierto que el sistema ha tenido señalamientos de corrupción y errores de operación que deben revisarse. Incluso es positivo que la Presidenta haya planteado escuchar a docentes de base y no únicamente a las cúpulas sindicales. Sin embargo, eliminarla sin construir algo mejor o regresar a esquemas previos a 2013, como las comisiones mixtas y la doble negociación, implicaría un riesgo enorme. Antes de los concursos públicos, el ingreso al servicio docente estuvo marcado por opacidad y prácticas discrecionales: compra, renta, venta y herencia de plazas. No podemos regresar a los tiempos en que las plazas eran un botín político.
En el caso de la Ley del ISSSTE, es un hecho que el sistema de pensiones debe mejorar. Los docentes, como cualquier trabajador, tienen derecho a una jubilación digna. Pero mejorar pensiones no puede significar hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Las propias autoridades federales han señalado que revertir plenamente la reforma de 2007 implicaría un costo cercano a 7 billones de pesos, equivalente a alrededor de 20 puntos del PIB. Además, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha documentado que el gasto en pensiones ya representa una presión enorme para las finanzas públicas: en 2024 se aprobaron 1.99 billones de pesos para pensiones contributivas y no contributivas, equivalentes a 5.8 por del PIB, y hacia 2030 este gasto podría llegar hasta 7.8 por ciento si se incorporan nuevas modificaciones sin un plan claro para incrementar los ingresos. Entonces sí: mejoremos pensiones, pero con responsabilidad fiscal, gradualidad y fuentes de ingreso claras.
La tercera demanda es el aumento del 100 por ciento al sueldo base. Nadie puede estar en contra de que los docentes tengan una remuneración digna. Sin embargo, cualquier mejora salarial debe discutirse con datos, viabilidad presupuestal y compromisos claros con el servicio educativo: asistencia, formación, permanencia y trabajo efectivo en las escuelas. La mejora de las condiciones laborales no debe separarse del derecho a aprender; si eso ocurre, la discusión deja de ser educativa.
La CNTE puede manifestarse y algunas de sus demandas deben discutirse con seriedad. Pero una cosa es revisar pensiones, salarios o mecanismos de ingreso, promoción y reconocimiento y otra muy distinta es hacerlo sacrificando a niñas, niños y jóvenes por intereses de los adultos. Esa es la consecuencia más grave: se prometen beneficios, se generan expectativas, se administra el conflicto y, al final, la factura se traslada a quienes menos culpa tienen. Cuando la educación se vuelve moneda de cambio perdemos todas y todos.
—
El autor es director de Investigación en Mexicanos Primero Sinaloa.