La primera semana de septiembre inicia el proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados. En esos días también darán inicio los procesos electorales locales en varias entidades federativas y, a partir de entonces, de manera paulatina comenzarán a organizarse las elecciones en todo el País.
Respecto a ello, la legislación electoral mexicana es muy específica en los tiempos y las etapas del proceso, pues marca fechas fijas para cada etapa, desde la organización de la elección, las precampañas, las intercampañas, las campañas, la jornada electoral, los cómputos y resultados, hasta la presentación y resolución de las impugnaciones.
Fue en la reforma electoral de 2007-2008 donde se definieron con todo detalle estos momentos. En aquel entonces se establecieron las precampañas, las cuales buscaban marcar la pauta para que toda aquella persona que quisiera obtener una candidatura cumpliera con unos tiempos y reglas definidos, y evitar que las y los aspirantes inicien un posicionamiento prematuro frente al electorado; esto como una medida para generar condiciones de equidad.
Desde luego, este tipo de reglas fueron incómodas para los partidos y la clase política, que desde un inicio buscaron eludirlas. Uno de los primeros casos fue en 2011 con el entonces precandidato único Eruviel Ávila, quien a pesar de no tener contrincantes para obtener la candidatura realizó actos masivos durante las precampañas. Cuando el caso llegó al Tribunal Electoral, este sostuvo criterios que fueron evadiendo el objetivo de las precampañas.
En un inicio se permitió que las precandidaturas únicas, a pesar de no tener competencia y asegurar la candidatura, hicieran precampaña y se promovieran ampliamente, siempre con la directriz de abstenerse de realizar llamados explícitos al voto o de posicionarse de forma abierta ante la ciudadanía en general, llegando al punto de valorar si los eventos se hacían en lugares abiertos o cerrados, con puertas o no.
A partir de entonces se ha dado pie a la simulación en la promoción de las aspiraciones a una candidatura y de las precampañas. El punto máximo llegó en 2023, en donde diferentes fuerzas políticas llevaron a cabo sus procesos para definir sus candidaturas presidenciales meses antes incluso del inicio formal de los procesos electorales.
Así, durante junio y julio de 2023 tanto Morena como los partidos del Trabajo y Verde, por un lado, y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática llevaron a cabo procesos nacionales y con eventos masivos para definir sus candidaturas a la presidencia. Siempre cuidando de no llamarles precampañas o precandidaturas.
De cara al proceso 2026-2027 algunas fuerzas políticas ya han iniciado sus procesos internos para definir candidaturas, particularmente las que competirán por las gubernaturas. Nuevamente, adelantando los tiempos a lo que establece la ley. Los criterios que ha emitido el Tribunal Electoral desde hace algunos años avalan estos ejercicios, siempre y cuando no llamen al voto, o no mencionen que se trata de un proceso de selección de candidaturas, lo que hace que los malabares lingüísticos predominen y la simulación se imponga.
Aunque el adelantamiento de estos procesos internos no es novedoso, y a pesar de lo sucedido en 2023, el Instituto Nacional Electoral no ha emitido ningún marco regulatorio. Vale la pena aclarar que una de las consejerías sí propuso la necesidad de emitir lineamientos, pero no se logró alcanzar el consenso necesario para ello ni para poner límites claros a estas campañas de facto.
A raíz de eso, una vez más se realizarán procesos adelantados en contravención al marco jurídico aplicable, sin reglas de fiscalización que den cuenta del origen de los recursos y el monto del gasto que se utiliza en estos mecanismos, y con un procedimiento especial sancionador que, además de ser reactivo, cada día es más ineficiente.
Consentir y tolerar estos ejercicios partidistas afecta gravemente la equidad de la contienda, pues quienes deciden respetar los tiempos legales parten con una gran desventaja comparado con el posicionamiento que logran quienes iniciaron de forma anticipada. Esto solo promueve que no todas las fuerzas políticas y candidaturas tengan las mismas condiciones.
El horizonte hacia 2027, caracterizado por una intensa disputa por el control territorial en los estados, exige una seria reflexión sobre la vigencia del modelo de temporalidades rígidas. Si el marco jurídico electoral no puede contener el proselitismo permanente o sancionar eficazmente la simulación semántica, la legitimidad misma de los futuros resultados democráticos comenzará a erosionarse bajo la sombra de contiendas que se ganan o se deciden mucho antes de que el primer voto formal sea depositado en las urnas.