Hay cifras que, por su magnitud, dejan de ser estadísticas para convertirse en un llamado de conciencia nacional. México registra hoy más de 135 mil 105 personas desaparecidas, más de 72 mil restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas. Detrás de cada número hay una familia que no ha podido cerrar un duelo, una madre que sigue buscando, una silla vacía en la mesa y una pregunta que el Estado aún no ha podido responder: ¿dónde están?
Las desapariciones constituyen una de las crisis humanitarias más profundas que enfrenta nuestro país, una problemática que no distingue ideologías, regiones ni administraciones y que, tras años de acumulación, exige hoy una respuesta de Estado, no de partido. En una democracia, la protección de la vida y la garantía de la libertad constituyen la base del actuar del Estado. Sin embargo, cuando una persona desaparece y las instituciones son incapaces de localizarla, esclarecer los hechos o dar respuestas a sus familiares, ese compromiso esencial se ve vulnerado. La falta de resultados no solo prolonga el dolor de las víctimas, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Las instituciones tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, fortalecer las investigaciones, mejorar las capacidades forenses y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La magnitud de la crisis exige acciones inmediatas, coordinadas y sostenidas en el tiempo.