El pulso interno en la cúpula de la Guardia Civil ha entrado en una fase especialmente delicada tras la declaración de dos exresponsables de la Unidad Central Operativa (UCO), que han contradicho de forma directa la versión ofrecida en el Senado por la directora general del cuerpo, Mercedes González. El choque no es menor: se produce en el marco de una investigación judicial que apunta a supuestas maniobras para interferir en causas sensibles políticamente.
Los protagonistas de esta nueva grieta institucional son los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, antiguos jefes de la UCO, que han declarado como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Ambos han negado que González les informara de sus contactos con la exmilitante socialista Leire Díez durante una reunión clave celebrada en mayo del pasado año, desmintiendo así la versión sostenida por la directora en la Cámara Alta.
Según su relato, aquella reunión en el despacho oficial de González tuvo un objetivo muy distinto al que ella defendió posteriormente en el Senado. Lejos de ser un espacio de información y transparencia interna, los generales sostienen que el encuentro se centró en expresar apoyo a un mando de la UCO en el punto de mira de presiones externas. Este choque de versiones añade tensión a una causa que ya ha colocado a la Guardia Civil en el centro del debate político.
La controversia se agrava porque la reunión se produjo pocos días después de la difusión de un vídeo en el que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, ambos imputados en la causa, intentaban obtener información sensible de un investigado. A partir de ahí, el caso ha ido escalando hasta convertirse en un escenario de sospechas cruzadas, filtraciones y acusaciones sobre intentos de condicionar investigaciones internas.
Un encuentro bajo sospecha y dos versiones irreconciliables
El núcleo del conflicto se sitúa en la interpretación de lo ocurrido en aquella reunión de mayo. Mientras Mercedes González sostiene que aprovechó el encuentro para informar de sus contactos previos con Díez, los generales Yuste y López Malo aseguran que no se mencionó en ningún momento esa relación ni las supuestas reuniones anteriores.
Este punto no es menor: en términos institucionales, la diferencia entre ambas versiones afecta directamente a la credibilidad de la cadena de mando en uno de los cuerpos más sensibles del Estado. La ausencia de consenso sobre hechos tan concretos introduce un elemento de fractura que va más allá del caso concreto.
La UCO, en el centro del tablero político
La Unidad Central Operativa ha vuelto a situarse en el epicentro de una tormenta política y judicial. En sus declaraciones, los mandos también han ratificado que en el verano de 2024 se transmitieron instrucciones para actuar con menor proactividad en causas con posible impacto político.
Estas afirmaciones, de confirmarse en sede judicial, dibujarían un escenario complejo en el que la independencia operativa de la UCO quedaría bajo sospecha. En este contexto, el papel del teniente coronel Antonio Balas aparece como uno de los puntos más sensibles, al haber sido señalado como objetivo de presiones en el marco de la supuesta trama.
Reuniones paralelas y advertencias internas
Otro de los elementos que ha emergido en la causa es la existencia de notas internas del Servicio de Información de la Guardia Civil que alertaban de posibles maniobras para desacreditar investigaciones sensibles. Según el relato judicial, estas comunicaciones internas ya advertían de contactos y movimientos que buscaban influir en la percepción pública de las investigaciones.
En paralelo, la declaración de otros altos mandos como Manuel Llamas añade capas de complejidad a un caso en el que las fronteras entre lo operativo, lo político y lo institucional parecen cada vez más difusas.
Un conflicto que erosiona la confianza institucional
La dimensión del caso no se limita a la discrepancia entre testimonios. Lo que está en juego es la percepción de independencia de la Guardia Civil en investigaciones de alto impacto político, especialmente aquellas que afectan a figuras del entorno del Gobierno.
En este escenario, el juez Santiago Pedraz deberá determinar no solo la veracidad de los hechos, sino también el alcance de unas posibles interferencias que, de confirmarse, podrían tener consecuencias profundas en la relación entre poder político y fuerzas de seguridad.
El denominado ‘caso Leire’ ya no se percibe únicamente como una investigación sobre posibles maniobras individuales, sino como un episodio que pone a prueba los equilibrios internos de varias instituciones del Estado. Las contradicciones entre mandos, las alusiones a presiones políticas y la existencia de informes internos configuran un escenario de alta sensibilidad. @mundiario