Esta semana que inicia se cumplirán sesenta días desde que Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, así como Enrique Inzunza, Senador por el mismo Estado, fueron requeridos por las autoridades norteamericanas por su vinculación con el crimen organizado. Ambas personas han sido requeridas en extradición, pero el gobierno de México no piensa entregarlos. Apelan a un olvido que difícilmente llegará.
A mediados de los 80s, se le acusó a Rafael Caro Quintero de haber ordenado la ejecución del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. A pesar de que Caro Quintero fue condenado y pasó casi treinta años en una prisión mexicana, el gobierno norteamericano tuvo memoria y lo solicitó en extradición.
Por tanto, que el gobierno mexicano apele al olvido de la extradición de Rocha o de Inzunza, no solo resulta irrisorio, sino también ingenuo.
El país está paralizado por la celebración de la Copa del Mundo. La gente no está poniendo atención a otra cosa que no sea el futbol. El Mundial fue la pausa más oportuna para un gobierno que se encuentra colapsando.
Sin embargo, es importante no dejar de señalar la complicidad del gobierno emanado de Morena con el narcotráfico. Ni el Mundial, ni las Olimpiadas, ni la Rosa de Guadalupe o la Casa de los Famosos deben provocar el olvido de la ciudadanía respecto del pacto criminal que actualmente se mantiene por parte del gobierno con el narco.
En el año en que se está renegociando el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York señala que un Gobernador y un Senador en funciones están coludidos con el narco. El gobierno mexicano niega las acusaciones y no los detiene como fue solicitado. La salida es “abrir” su propia indagatoria a través de las autoridades de procuración de justicia mexicanas. Ya sabemos cuál será el resultado de dichas investigaciones. Este gobierno utiliza a las autoridades ministeriales como arietes políticos para golpear a sus opositores. Por tanto, no se puede esperar una actuación objetiva.
A partir de la imputación de los personajes antes mencionados, mucho se empezó a especular de qué otros personajes políticos vinculados a Morena serían acusados y señalados por las autoridades norteamericanas. Se ha hablado del mismo López Obrador, de sus hijos, de los gobernadores de Tamaulipas, Sonora, Baja California y del propio Adán Augusto López.
Como se puede advertir, parece que nadie en Morena se salva de haber hecho tratos con el crimen organizado. Eso explicaría la vorágine de violencia que tenemos en el país, pues las autoridades cumplen sus compromisos con los delincuentes, no con los ciudadanos.
En general Morena es el partido del crimen organizado. Sin embargo, debemos atender al origen de Morena como partido político. Morena se fue integrando con tránsfugas del PRI, del PAN, del PRD y de otros partidos políticos, cuando a esos mismos tránsfugas no se les dio lo que aspiraban a obtener.
Menciono este antecedente porque el día de ayer, el New York Times publicó que cerca de doce personas integrantes de Morena (entre gobernadores y legisladores) han estado testificando ante las autoridades norteamericanas, en relación con los vínculos de algunos de sus correligionarios con el crimen organizado.
Es decir, los que ‘transfugaron’ de un partido (PRI, PAN, PRD o el que sea) a Morena, ahora ‘transfugan’ a un sitio para perjudicar a Morena. Obviamente una de estas veletas políticas iba a ser el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, quien de ser priísta con Colosio, fue panista con Fox, y morenista con López Obrador.
Se dice que Durazo es un testigo protegido ante el gobierno de Estados Unidos. No sorprendería nada que, después de traicionar a los distintos partidos políticos en que ha militado, ahora traicionara a sus socios en el crimen organizado.
Otros de los personajes que vincula el artículo del NYT de estar en pláticas con el gobierno norteamericano es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Según ha trascendido en algunos medios de comunicación, estaría en comunicación con las autoridades norteamericanas para rendir declaraciones. Ella manifestó que se trata de la recuperación de su visa para visitar Estados Unidos, pero podría ser algo más.
El hecho de que el gobierno mexicano no haya entregado a los personajes solicitados en abril pasado (Rocha e Inzunza) ha provocado que las autoridades norteamericanas suban la apuesta. Estamos seguros que en las próximas semanas, y de no haber prosperado esas peticiones, las autoridades norteamericanas solicitarán a más personajes políticos en extradición, o incluso, pudieran llevar a cabo incursiones como las que ya han ocurrido en el pasado.
Además, como referimos anteriormente, este año se renegocia el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Igualmente, hay elecciones intermedias en noviembre en Estados Unidos. Todos estos eventos inciden en la política que Estados Unidos utiliza frente a sus vecinos. Evidentemente el gobierno pretende mantener la mayoría legislativa en la Cámara Baja. La detención de políticos extranjeros (como pudieran ser los mexicanos mencionados o incluso Raúl Castro) le ayudaría a los candidatos republicanos en la elección de noviembre. Por eso considero que lo que tenga que pasar, pasará de aquí a noviembre.
También la renegociación del tratado de libre comercio depende mucho de la posición política en que llegue cada una de las partes al momento de la firma. Estados Unidos pretende tener fortaleza para negociar lo que beneficie a sus intereses incluso en perjuicio de sus socios. Es importante mencionar que no se está diciendo que la procuración de justicia en el caso de Rocha y compañía tenga una motivación política; no lo veo así. Simplemente la coyuntura de su solicitud de extradición coincide con ese momento político.
El gobierno mexicano tendrá que decidir si entrega a Rocha, si procesa a Rocha en México, o si no hace ninguna de las dos. Creo que la única que pudiera funcionar en la relación bilateral sería la primera. Pero luego, la Presidenta Sheinbaum no sabe hasta donde podría salpicar todo ello.
