La Fiscalía General del Estado (FGE) clasificó como reservada por cinco años la información relacionada con la indagatoria del desmantelamiento del narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, el pasado mes de abril.
“La Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narcolaboratorio de ‘El Pinal’, municipio de Morelos, Chihuahua, mediante oficio FGE-24S.6/00165/2026, hizo del conocimiento que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, por derivar de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público”, indicó la FGE.
En un oficio de 18 hojas difundido este mes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la dependencia justificó la clasificación señalando, entre otros argumentos, que la divulgación de datos representa un “riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”.
La solicitud requería, entre otros detalles, el nombre oficial y código del operativo, la ubicación exacta, cronograma detallado con fechas y horas de inicio y fin, “incluyendo fases de planificación, despliegue, ejecución ? desalojo”, listado de las instituciones, unidades tácticas y número aproximado de elementos desplegados en cada fase, así como el fundamento jurídico que lo motivó, ya fuera una orden judicial, información de inteligencia o derivada de patrullaje preventivo.
“Dar a conocer la información requerida (…) permitiría conocer aspectos sustanciales de la estrategia operativa implementada, así como los patrones de actuación, capacidades de despliegue, cobertura territorial y mecanismos de coordinación institucional empleados por las autoridades de seguridad”, respondió la FGE.
La petición precisa que se refiere al trabajo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el que “presuntamente se desmanteló un laboratorio de metanfetamina y, desafortunadamente, perdieron la vida dos agentes de la CIA, así como servidores públicos mexicanos, la madrugada del 19 de abril de 2026”.
La respuesta explica también que, a la fecha de la respuesta –el 10 de junio-, no existe una determinación firme sobre las circunstancias que dieron origen al incidente ni sobre la posible responsabilidad administrativa o penal de alguna persona.
“La divulgación de información parcial, preliminar o sujeta a verificación podría generar interpretaciones erróneas sobre hechos aún no esclarecidos, afectar el desarrollo de las investigaciones en curso y comprometer la objetividad de los procedimientos respectivos”, dice.
“Asimismo, podría propiciar juicios anticipados respecto de la actuación de los servidores públicos involucrados, en detrimento de los principios de debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica que deben regir toda investigación hasta su conclusión”, agrega la respuesta.