El Gobierno federal propondrá al Congreso crear un nuevo régimen de justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos que incluye un juicio de amparo para proteger derechos colectivos, procedimientos obligatorios de consulta, reconocimiento de personalidad jurídica y patrimonio propio para las comunidades.
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos desarrolla la reforma al artículo segundo constitucional publicada en septiembre de 2024 y busca establecer un nuevo marco legal para el ejercicio de la autonomía de las comunidades.
"La idea es que los agravios cometidos en su contra sean debidamente sancionados y que sus derechos sean tutelados por el juicio de amparo indígena y afromexicano. Esto es una innovación porque el juicio de amparo, como todos sabemos, garantiza los derechos individuales. Ahora la idea es que el juicio de amparo garantice los derechos colectivos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades", afirmó.
El funcionario explicó que el primer libro de la iniciativa reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer plenamente su autonomía y mantener una relación de coordinación con las distintas instancias del Estado mexicano.
Indicó que el segundo apartado desarrolla el régimen de libre determinación y autonomía en los ámbitos comunitario, municipal y regional, e incorpora materias como tierras y territorios, propiedad intelectual colectiva, planes de justicia, caminos artesanales y mecanismos de participación y representación en la vida pública.
Regino señaló que la propuesta también dedica un libro específico a los pueblos afromexicanos, mientras que otro incorpora acciones afirmativas para fortalecer los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos, particularmente en materia de participación política, acceso a la tierra y una vida libre de violencia.
Añadió que la iniciativa reconoce derechos específicos para personas migrantes, jornaleros agrícolas, trabajadoras del hogar, trabajadores de la construcción, adultos mayores y personas con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas y afromexicanos.
El titular del INPI informó que otro de los ejes de la propuesta consiste en establecer, por primera vez en una ley general, las bases, metodologías y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado respecto de medidas administrativas y legislativas que puedan afectar a los pueblos y comunidades.
La iniciativa también define las competencias de la Federación, estados, municipios y alcaldías para asegurar el cumplimiento de los derechos indígenas, así como la asignación directa de recursos públicos a las comunidades, mecanismo que ya opera mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destinado a pueblos indígenas y afromexicanos.
Regino informó que la propuesta será sometida a consulta y será presentada ante el Poder Legislativo el próximo 12 de octubre.
El funcionario destacó que la iniciativa es resultado de 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias federales, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, especialistas y representantes de diversas instituciones, y sostuvo que, de aprobarse, México contará por primera vez con una ley general en esta materia.