Anueve años de la publicación de la Ley General contra la Tortura, el delito cometido por todos los niveles de gobierno sigue siendo una práctica sistemática y generalizada en el país, sin medidas para garantizar su sanción y no repetición, denunció el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).
Según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE) compartidas a la organización social, de 2006 a 2025 en Chihua-
hua se iniciaron 2 mil 209 carpetas por el delito de tortura, mil 504 de ellas en Ciudad Juárez; mientras que las cifras del Gobierno federal compartidas a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que entre enero y mayo se iniciaron 64 carpetas más a nivel estatal.
“Urge que la autoridad prevenga y sancione estas graves violaciones a los derechos humanos. Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte seguiremos luchando contra toda tortura”, señaló la organización de la sociedad civil sin fines de lucro.
La tortura forma parte de una política de seguridad desde hace décadas, a pesar de que instancias internacionales y locales han documentado y denunciado estas graves violaciones a los derechos humanos, denunció el CDHPN al dar a conocer que entre las carpetas de investigación abiertas en la última década en Chihuahua, las policías municipales fueron acusadas en mil 38 casos, la Agencia Estatal de Investigación en 623 más, y la FGE en 201, mientras que en el resto no se especificó.
‘Sobrevivientes mantienen viva la exigencia de justicia’
“Son los sobrevivientes de tortura quienes mantienen viva la exigencia de justicia y fomentan la creación de políticas que respeten la dignidad de todas las personas”, subrayó el Centro que apoya a las víctimas y a sus familias.
Por ello, también informó los pasos a seguir en caso de ser víctima de tortura, como el exigir a las autoridades una orden de aprehensión, comparecencia o que expliquen las razones de la
detención.
“Es importante pedir información a la autoridad que realiza la detención sobre dónde se encontrará detenida la persona para después ir a buscarla; se debe tomar fotografía y/o video de la detención en donde se vea el número de unidad o placas del vehículo de las autoridades; si las autoridades ingresaron a una vivienda, es necesario fotografiar los daños al inmueble y denunciar los posibles delitos de robo o allanamiento; tras la detención es necesario ir a la institución donde se dijo que estaría la persona y pedir información de la misma”, recomendó.
En caso de que le nieguen la información sobre su familiar, recomendó acudir a los Juzgados de Distrito a solicitar un amparo por desaparición forzada o
incomunicación.
El CDHPN destacó también que cualquier persona puede solicitar un amparo, acudiendo a los juzgados. Y no es necesario ser familiar de la personas detenida y desaparecida.
Con la obligación de buscar y comunicar
“Se puede acudir a las comisiones Nacional o Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja por desaparición forzada o incomunicación. Tanto los Juzgados de Distrito como las Comisiones tienen la obligación de buscar a la persona en las instalaciones públicas en las que pudiera estar; una vez localizada la persona, se debe solicitar que se permita a algún familiar ingresar a comunicarse con ella, al igual que al representante legal que la familia pudiera haber designado”, agregó.
Si la persona tuviera signos físicos de tortura, hay que solicitar a las comisiones de derechos humanos que se le entreviste y se asienten las lesiones en fotografías ? certificados médicos. Esto también puede realizarlo un médico particular a través de un certificado médico.
Se debe presentar la denuncia penal por hechos de tortura y cualquier otro delito que se hubiera cometido, como abuso sexual, robo, allanamiento de vivienda, entre otros.?Y si la víctima cree que está en una situación de riesgo, puede solicitar medidas de protección para ella y sus familiares.