La política económica tiene una peculiaridad que la diferencia de casi cualquier otra política pública: sus decisiones más importantes suelen tomarse cuando la mayoría de los ciudadanos apenas presta atención. La aprobación este lunes de un nuevo decreto para prolongar el llamado escudo anticrisis constituye uno de esos momentos discretos que, sin embargo, ayudan a explicar cómo un país se prepara para afrontar una etapa de incertidumbre internacional sin poner en riesgo ni el crecimiento ni la estabilidad de sus cuentas públicas.

El Gobierno ha decidido dar continuidad a las medidas extraordinarias adoptadas tras el agravamiento del conflicto en Oriente Próximo y los ataques sobre Irán, prorrogando parte de las ayudas aprobadas en marzo y modificando otras para adaptarlas a un escenario económico que, aunque menos alarmante de lo que se temía hace unos meses, sigue caracterizado por la volatilidad energética y la incertidumbre geopolítica.

La decisión no resulta menor. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros, con una vigencia inicial de tres meses y un coste fiscal estimado de 1.825 millones de euros, a los que se añaden otros 2.700 millones vinculados a la rebaja y futura eliminación del impuesto sobre la producción eléctrica, refleja un cambio de filosofía respecto a las grandes respuestas públicas desplegadas durante las últimas crisis: mantener la capacidad de intervención, pero graduando la intensidad de las ayudas y reservando la mayor protección para quienes resultan más vulnerables a los shocks externos.

?El Ejecutivo prolonga el escudo energético con una retirada gradual de las ayudas a los carburantes y nuevos mecanismos automáticos de protección

La principal novedad afecta a los carburantes. Los descuentos generalizados continúan, pero lo hacen bajo un esquema decreciente: quince céntimos por litro durante julio, diez en agosto y cinco en septiembre, con la previsión de su desaparición en octubre. Sin embargo, el Ejecutivo introduce un elemento de flexibilidad que revela hasta qué punto la economía actual se ha acostumbrado a convivir con la incertidumbre: si la inflación energética supera determinados umbrales, las bonificaciones podrán reactivarse automáticamente y regresar a niveles equivalentes a veinte céntimos por litro.

Al mismo tiempo, sectores particularmente expuestos como la agricultura, la pesca o el transporte conservarán ayudas específicas, mientras desaparecen de momento algunas rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas, aunque también con la posibilidad de reactivación si los precios vuelven a dispararse.

Un escenario complejo

Esta arquitectura flexible responde a una realidad evidente. La economía española continúa ofreciendo indicadores notablemente más favorables que los de buena parte de sus socios europeos, pero ya nadie se atreve a descartar nuevas perturbaciones. La guerra en Oriente Próximo, la evolución de los mercados energéticos, la desaceleración industrial europea, las tensiones comerciales internacionales y las crecientes exigencias de gasto en defensa y seguridad conforman un escenario mucho más complejo del que se contemplaba hace apenas un año.

Precisamente por ello, la actualización del cuadro macroeconómico que el Gobierno presentará en los próximos días adquiere una relevancia extraordinaria. No se trata únicamente de revisar unas previsiones de crecimiento o inflación. En realidad, constituye el verdadero punto de partida de los futuros Presupuestos Generales del Estado para 2027 y, en consecuencia, de la estrategia económica y política de la próxima etapa.

Los datos disponibles permiten cierto optimismo prudente. España continúa creciendo a un ritmo superior al de la mayoría de economías de la zona euro. El mercado laboral mantiene una fortaleza considerable, con una afiliación a la Seguridad Social que sigue marcando registros históricos, mientras el consumo privado continúa actuando como uno de los principales motores de la actividad económica.

La inversión, sin embargo, presenta una fotografía más heterogénea. La construcción mantiene un notable dinamismo impulsado por el aumento de visados, hipotecas y actividad residencial, aunque algunos indicadores relacionados con la promoción inmobiliaria empiezan a mostrar señales menos homogéneas. Del mismo modo, el sector exterior ofrece una imagen dual: mientras las exportaciones industriales acusan la debilidad de economías como Alemania o Francia, el turismo y los servicios avanzados continúan proporcionando una importante fuente de ingresos y competitividad.

El crecimiento y la sostenibilidad fiscal

Pero el verdadero desafío no reside tanto en mantener el crecimiento como en hacerlo compatible con la sostenibilidad fiscal. En este terreno, España llega a esta nueva fase en una posición relativamente sólida. El déficit público cerró 2025 por debajo de los compromisos adquiridos con Bruselas, la deuda pública ha continuado descendiendo en términos relativos y, por primera vez en muchos años, el saldo primario logró alcanzar el equilibrio, excluyendo el coste financiero de la deuda.

Estos avances explican la valoración positiva que las instituciones europeas mantienen sobre la trayectoria presupuestaria española. Sin embargo, esa favorable situación de partida no elimina las dificultades futuras. Las cuentas públicas de 2027 deberán absorber gastos extraordinarios derivados de la reconstrucción tras las inundaciones recientes, cuyo impacto económico ronda el 0,4% del PIB, además de atender los crecientes compromisos europeos en defensa, infraestructuras estratégicas y transición energética.

La experiencia acumulada durante la pandemia, la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania y, ahora, la inestabilidad en Oriente Próximo, ha dejado una enseñanza que condiciona toda la política económica contemporánea: las previsiones han dejado de ser certezas para convertirse en escenarios provisionales.

En este contexto, la decisión del Gobierno de mantener un escudo anticrisis flexible puede interpretarse tanto como una medida de prudencia económica como un reconocimiento implícito de que el actual ciclo internacional continúa abierto y sujeto a cambios bruscos. La capacidad para retirar ayudas cuando dejan de ser necesarias y reactivarlas cuando reaparecen las amenazas constituye, probablemente, una de las principales lecciones aprendidas durante los últimos años.

Al mismo tiempo, el anuncio de un nuevo decreto sobre vivienda, previsto para julio y orientado a regular aspectos como el alquiler temporal, la actualización de rentas y los incentivos fiscales, anticipa que la política económica española seguirá pivotando sobre dos grandes ejes: la protección frente a los shocks externos y la corrección de desequilibrios internos estructurales.

La prueba consistirá en demostrar que es posible mantener el crecimiento, reforzar la cohesión social y cumplir simultáneamente con las exigencias fiscales europeas

La cuestión de fondo, sin embargo, trasciende la discusión concreta sobre descuentos energéticos, fiscalidad o alquileres. La verdadera prueba para la economía española durante los próximos meses consistirá en demostrar que es posible mantener el crecimiento, reforzar la cohesión social y cumplir simultáneamente con las nuevas exigencias fiscales europeas.

No es un desafío menor. Tampoco es un desafío exclusivamente español. Pero la forma en que España gestione esta delicada combinación de prudencia fiscal, protección social y adaptación a un entorno internacional cada vez más incierto determinará, en buena medida, no solo el contenido de los Presupuestos de 2027, sino también la estabilidad política y económica de los próximos años. @mundiario