Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que el órgano interno de control de Financiera para el Bienestar (Finabien) realizó una auditoría y descubrió la existencia de un contrato entre el CEN de Morena y Finabien que amparó la dispersión de 252 mil 901 pagos etiquetados como apoyos sociales.
El convenio tuvo una vigencia de dos años (de junio del 2022 a junio del 2024), y no fue dado a conocer a la autoridad electoral.
Hasta el momento no ha habido ningún desmentido de las revelaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Las violaciones a la normatividad electoral son múltiples. Los partidos no pueden dispersar “apoyos sociales”, las oficinas gubernamentales tampoco se pueden prestar a apoyar a ningún partido, y si bien no se conoce el monto involucrado en las operaciones, la cantidad de pagos realizados permite imaginar que estamos ante una operación de muchos millones de pesos, cuyo origen desconocemos, y que había permanecido oculta a las autoridades electorales.
Reitero: es un escándalo. El llamado monexgate palidece frente a esto. Repasemos, si las 252 mil transferencias fueran de 100 pesos (poco probable) estaríamos hablando de 25 millones no reportados; si fueran mil pesos, serían 250 millones, y así podemos seguir con la danza de los ceros y llegar a la conclusión de que el asunto amerita una investigación a fondo.
Pero, más allá del curso legal que vaya a tomar el escándalo descrito, me parece que ilustra los nuevos modos de hacer política que ha instaurado Morena y que resultan tan tóxicos para la democracia. El partido gobernante quiere que la política cueste menos, que la austeridad se aplique para las autoridades electorales, pero en los hechos Morena es una organización muy onerosa.
Hoy fue una auditoría la que reveló la dispersión de apoyos, ayer fueron las revelaciones de testigos protegidos las que hicieron evidentes los nexos de la delincuencia organizada con campañas electorales del oficialismo, y mañana se actualizarán esas evidencias con el despilfarro de recursos que veremos con los actos anticipados de Morena en todo el país.
Sabemos que la operación electoral de la 4T es muy costosa, no hay ninguna claridad del origen de esos fondos, y las autoridades electorales no parecen preocupadas por estos hechos. Hay evidentes actos anticipados de campaña que vulneran la equidad en la contienda y, reitero, la autoridad está viendo hacia otro lado.
Lo que le debería preocupar a quien dice encabezar la mejor democracia del mundo es cómo repensar la manera de hacer política para que deje de ser tan onerosa y ponga en riesgo la autonomía e independencia de las autoridades y los candidatos. Esa debería ser la verdadera reforma electoral.
Pero, mientras se ignore el problema, el verdadero riesgo es que el arbitraje electoral, el seguimiento de quién está financiando las campañas se traslade a una pequeña oficina de Nueva York.