A un año de la comunicación emitida por el FinCEN, el sistema bancario enfrenta una conclusión incómoda, la prevención no puede descansar en manuales, umbrales y reportes, sino en una cultura operativa capaz de anticipar riesgos antes de que se conviertan en crisis reputacionales, regulatorias o sistémicas.

La diferencia entre la acusación externa y las lecciones internas está en la capacidad de reaccionar sin negar la vulnerabilidad estructural de un sector que, por su naturaleza, canaliza valor, información, confianza y acceso al sistema financiero global.

La estabilidad bancaria y la integridad financiera no son planos separados; cuando el riesgo se materializa, también se comprometen la continuidad operativa, la corresponsalía, la confianza del mercado y la protección al público.

El ajuste institucional ha incluido el reforzamiento de un enfoque preventivo como función supervisora y no como un apéndice documental de cumplimiento. La vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos ejerce facultades de supervisión, inspección, vigilancia, prevención y corrección para verificar el cumplimiento de obligaciones y funciona como puente tecnológico en reportes a la SHCP, atiende consultas regulatorias y certifica a oficiales de cumplimiento, auditores y otros profesionales. La CNBV debe evaluar riesgos, sistemas de control y calidad de administración de las entidades. En pocas palabras, la autoridad no puede limitarse a revisar si una política existe, debiendo verificar si la política entiende, mide y mitiga riesgos reales.

El pasado mes de marzo la UIF y la CNBV firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información, la coordinación institucional y el análisis conjunto frente a operaciones con recursos de procedencia ilícita que busca modernizar la supervisión con enfoque basado en riesgos, crear grupos de trabajo interinstitucionales, emitir recomendaciones especializadas, dar seguimiento a riesgos relevantes, fortalecer la consulta de la Lista de Personas Bloqueadas y promover capacitación, mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales. Esto resulta clave ya que el lavado de dinero no se presenta como un expediente aislado, sino como un ecosistema de clientes, jurisdicciones, productos, operaciones, intermediarios y señales débiles que solo adquieren sentido mediante información compartida y un análisis oportuno.

El enfoque basado en riesgos exige que países, autoridades y bancos identifiquen, evalúen y comprendan los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y adopten medidas de mitigación acordes con el nivel de riesgo. Los elementos de riesgo incluyen productos y servicios, clientes o usuarios, países y áreas geográficas, transacciones y canales de envío, con indicadores como anonimato, falta de identificación, efectivo, divisas, transferencias internacionales, frecuencia y monto de operaciones. Esta lógica rebasa el cumplimiento mecánico al permitir asignar recursos donde el riesgo es mayor y ajustar controles cuando aparecen nuevos patrones de operación.

En octubre de 2025, la ABM anunció medidas para fortalecer sus capacidades con el objetivo de combatir el crimen financiero, elevar programas de sanciones a estándares internacionales e intensificar la colaboración con autoridades financieras. Las acciones incluyen reportes periódicos de tipologías PLD, adhesión a mejores prácticas, transferencias internacionales, identificación de personas que depositen o retiren efectivo desde 140,000 pesos a partir del 1 de julio de 2026, depósitos referenciados en cuentas concentradoras y una plataforma de intercambio de información. El valor del decálogo no está solo en endurecer controles, sino en reconocer que la trazabilidad, la identidad del cliente, el conocimiento transaccional y la cooperación sectorial deben operar por arriba del mínimo normativo.

El reto es evitar que la memoria regulatoria sea corta. México necesita conservar una regulación robusta, pero sobre todo construir prácticas conscientes, órganos de gobierno conscientes del riesgo, áreas comerciales que no vean la prevención como obstáculo, oficiales de cumplimiento con independencia real, modelos analíticos que aprendan de nuevas tipologías y una supervisión capaz de dialogar con la innovación tecnológica sin perder rigor.

En un sector vulnerable por su acceso a pagos, corresponsalías, efectivo, comercio exterior y transferencias internacionales, la prevención debe ser una disciplina diaria y no una reacción a la sanción.

La integridad financiera no solo se decreta, se practica.

Cuando la banca convierte el cumplimiento en convicción preventiva, protege su reputación y la confianza pública que sostiene al sistema en su conjunto.