La máxima instancia judicial de Estados Unidos ha vuelto a situarse en el centro del debate político con una decisión de enorme trascendencia. El Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump con la que pretendía restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que formaba parte de su estrategia para endurecer la política migratoria tras su regreso a la Casa Blanca.
La resolución, respaldada por una mayoría de seis magistrados frente a tres votos discrepantes, supone uno de los mayores reveses sufridos por el presidente estadounidense en materia de inmigración desde el inicio de su segundo mandato.
La decisión del Supremo refuerza la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Ese precepto establece que toda persona nacida en territorio estadounidense y sometida a la jurisdicción del país adquiere automáticamente la ciudadanía, independientemente de la situación administrativa de sus progenitores, salvo excepciones muy concretas recogidas por la legislación.
Durante más de un siglo, este principio ha sido considerado uno de los pilares del sistema constitucional estadounidense y una de las señas de identidad de un país construido históricamente por sucesivas olas migratorias.
El plan de Trump buscaba cambiar una doctrina histórica
Nada más regresar a la presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a limitar ese derecho constitucional. Su objetivo era impedir que obtuvieran automáticamente la nacionalidad estadounidense los hijos de inmigrantes en situación irregular o de personas que permanecieran temporalmente en el país con visados de trabajo, estudios o turismo.
La medida provocó una inmediata reacción judicial. Diversos tribunales federales bloquearon su aplicación al considerar que vulneraba la Constitución, dando origen a un proceso que finalmente ha desembocado en el pronunciamiento definitivo del Supremo.
En su resolución, el alto tribunal recuerda que la ciudadanía constituye uno de los derechos fundamentales sobre los que se sustenta el orden constitucional estadounidense.
Los magistrados subrayan que la Decimocuarta Enmienda fue concebida precisamente para garantizar que el acceso a la ciudadanía no pudiera limitarse arbitrariamente y recuerdan que esa protección ha sido confirmada reiteradamente por la jurisprudencia durante más de cien años.
Con este fallo, el Supremo deja claro que un presidente no puede modificar mediante una orden ejecutiva un derecho expresamente reconocido por la Constitución.
Un golpe político para la Casa Blanca
La decisión representa un importante obstáculo para la agenda migratoria de Trump, que había convertido el endurecimiento de las políticas de inmigración en una de las prioridades de su segundo mandato. Aunque el Gobierno ha logrado respaldo judicial en otros asuntos relacionados con el control migratorio, esta resolución afecta directamente a una de las iniciativas más simbólicas defendidas por el presidente durante la campaña electoral y desde su regreso al poder.
La sentencia limita además el margen de actuación del Ejecutivo para intentar modificar aspectos esenciales del sistema de nacionalidad estadounidense sin una reforma constitucional.
Cada año nacen en Estados Unidos miles de niños cuyos padres carecen de residencia permanente o se encuentran en el país de forma temporal. La decisión del Supremo garantiza que todos ellos seguirán adquiriendo automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer, tal y como ha ocurrido durante generaciones.
Especialistas en Derecho Constitucional consideran que cualquier cambio en este principio requeriría una modificación de la Constitución, un procedimiento extraordinariamente complejo que exige amplios consensos políticos.
Un debate que seguirá abierto
Aunque el Supremo ha cerrado, por ahora, la vía impulsada por Donald Trump, el debate sobre la inmigración continuará ocupando un lugar central en la política estadounidense.
El presidente ha convertido el control fronterizo y la inmigración en uno de los ejes de su mandato, mientras que la oposición y numerosas organizaciones civiles defienden que la ciudadanía por nacimiento constituye un derecho histórico que forma parte de la identidad constitucional del país.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo reafirma que ese principio permanece intacto y que cualquier intento de modificarlo deberá superar los límites que marca la propia Constitución de Estados Unidos. @mundiario