La regularización extraordinaria de inmigrantes promovida por el Gobierno afronta su mayor desafío judicial desde su entrada en vigor. El Tribunal Supremo considera que el decreto podría vulnerar diversos aspectos del nuevo marco migratorio de la Unión Europea y ha iniciado un procedimiento que acerca el conflicto a Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) podría acabar pronunciándose sobre la compatibilidad de la medida con el Derecho comunitario.
La providencia, fechada el 24 de junio y dictada en respuesta a los recursos presentados por los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana, del PP, no resuelve todavía sobre el fondo del asunto, pero marca un punto de inflexión. Los magistrados conceden cinco días a las partes para pronunciarse sobre la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial al TJUE, un mecanismo reservado para aclarar la interpretación del Derecho europeo cuando existen dudas sobre su aplicación.
El movimiento del Alto Tribunal abre un frente político en España. Si finalmente se plantea esa cuestión prejudicial, el Supremo podría acordar la suspensión cautelar de la regularización mientras Luxemburgo determina si el decreto español respeta el nuevo Pacto de Migración y Asilo.
La Sala identifica varios ámbitos en los que aprecia posibles incompatibilidades entre la normativa española y el marco comunitario. El primero afecta al calendario legislativo. Aunque el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo comenzó a aplicarse plenamente el pasado 12 de junio, ya estaba jurídicamente en vigor cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto español. El Supremo plantea si un Estado miembro puede aprobar una regulación nacional que contradiga una norma europea cuya vigencia ya había comenzado.
Otro de los aspectos cuestionados afecta a los solicitantes de protección internacional. La legislación comunitaria reconoce su derecho a permanecer en el país mientras se tramita el expediente, pero distingue expresamente esa permanencia de una autorización de residencia. El decreto español, por el contrario, convierte esa situación en un permiso temporal de residencia e incluso prevé el archivo de procedimientos de expulsión ya iniciados.
Los magistrados también ponen el foco sobre la Directiva europea de Retorno. Según recuerdan, el Derecho comunitario obliga, con determinadas excepciones, a dictar órdenes de retorno contra quienes permanecen irregularmente en territorio europeo. Sin embargo, consideran que el decreto español establece una vía generalizada de regularización basada únicamente en la estancia irregular, algo que podría desbordar las excepciones previstas por Bruselas.
Más de un millón de solicitudes
El Supremo introduce además una reflexión de mayor alcance institucional. La providencia advierte de que España ha puesto en marcha una regularización que podría afectar a entre 900.000 y más de un millón de personas sin que conste una coordinación previa con la Comisión Europea ni con el resto de Estados miembros, pese a que el nuevo sistema europeo se basa precisamente en una gestión compartida de los flujos migratorios.
La resolución recuerda igualmente que quienes obtengan la autorización de residencia podrán circular durante noventa días por el espacio Schengen, una circunstancia que, a juicio del tribunal, también merece analizarse desde la perspectiva del Código de Fronteras Schengen y del principio de cooperación entre Estados miembros.
El debate jurídico llega cuando el proceso extraordinario ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Ejecutivo. El Gobierno calculó en un primer momento que podrían beneficiarse alrededor de medio millón de personas. Sin embargo, al cierre del plazo extraordinario las solicitudes registradas superan ya los 1.2 millones, una cifra que duplica ampliamente las estimaciones iniciales y convierte esta regularización en una de las mayores desarrolladas en Europa durante los últimos años.
Precisamente esa dimensión ha incrementado el interés jurídico y político sobre una medida que ya había generado críticas dentro de la Unión Europea.
Recelos entre varios socios comunitarios
La iniciativa española también ha provocado tensiones diplomáticas. Durante el último Consejo Europeo, varios dirigentes expresaron su preocupación por las posibles consecuencias que una regularización de estas dimensiones puede tener para el conjunto del espacio Schengen. Entre quienes manifestaron públicamente sus reservas figuraron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, así como dirigentes de Dinamarca, Bélgica y Hungría, que reclamaron una mayor coordinación entre los Estados miembros en materia migratoria.
El argumento compartido por varios gobiernos europeos es que las decisiones nacionales en materia de residencia pueden producir efectos sobre el resto de socios al afectar a la libre circulación dentro del espacio Schengen.
No es la primera vez que el Supremo analiza esta norma, pero sí la primera en la que entra de lleno en el posible conflicto con el Derecho europeo. El pasado mes de mayo la Sala rechazó suspender cautelarmente el decreto tras los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, Vox y varias organizaciones. En aquella ocasión no consideró acreditada la urgencia suficiente para paralizar la medida.
Ahora, sin embargo, el escenario ha cambiado. La providencia incorpora un análisis específico sobre el nuevo marco migratorio europeo y deja abierta una vía procesal que podría trasladar el debate al TJUE.
El desenlace dependerá de las alegaciones que presenten las partes y de la decisión posterior del Supremo. Pero, por primera vez desde que comenzó la regularización extraordinaria, la continuidad del proceso queda condicionada no solo por los tribunales españoles, sino también por la interpretación que pueda realizar Luxemburgo sobre los límites que el Derecho de la Unión impone a las regularizaciones masivas impulsadas por los Estados miembros. @mundiario