Personas vÍctimas de un fraude inmobiliario por 57 millones de pesos interpusieron una queja por presuntos actos de corrupción de la Jueza del Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, Raquel Ivette Duarte Cedillo, con sede en Matamoros.
“Nuestra expectativa es la de poner orden en el proceso judicial para que nuestra queja llegue al Tribunal de Disciplina Federal y que esta Jueza sea amonestada o suspendida”, sentenció Gabriel Garza Fernández, representante de la afectada por el empresario Pedro Babb y su socio José Mireles.