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El Diario 30 Jun, 2026 23:45

Evidencian deficiencias en caso de feminicidio

La falta de apoyo institucional a la madre de Leslie G. C., víctima indirecta del feminicidio agravado de la mujer que fue asesinada para extraerle al bebé que llevaba en su vientre, quedó exhibida este martes durante una audiencia judicial, en la que la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales apercibió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Zona Norte (CEAV) con imponerle una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) si continúa incumpliendo con la atención que por ley debe brindar a la familia.
La juzgadora también ordenó dar vista al fiscal general del Estado y a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) por las omisiones señaladas durante la audiencia, luego de que la representación legal de las víctimas expusiera que, a casi un año del crimen, la madre de Leslie y sus dos nietos permanecen sin diversos apoyos previstos en la Ley Estatal de Víctimas.
Las determinaciones fueron emitidas durante la audiencia en la que el Ministerio Público solicitó ampliar por tres meses el plazo de investigación complementaria dentro de la causa penal 4193/2025, seguida en contra de Evelyn Bethzayda A. M., una de las mujeres procesadas por los delitos de feminicidio agravado y homicidio en grado de tentativa en perjuicio del bebé que sobrevivió tras ser extraído del vientre de su madre.
La asesora jurídica de la familia, la doctora Olivia Aguirre Bonilla, expuso que la madre de Leslie únicamente ha recibido 12 sesiones de atención psicológica, las cuales calificó como insuficientes ante el impacto emocional que dejó el aseinato.
Añadió que, pese a las gestiones realizadas desde diciembre de 2025, la mujer y sus nietos continúan sin ser incorporados al Registro Estatal de Víctimas, lo que les ha impedido acceder a diversos mecanismos de ayuda, asistencia y reparación integral.
A preguntas de la jueza, la madre de Leslie explicó que tuvo que dejar de trabajar para hacerse cargo de sus nietos y que actualmente obtiene ingresos mediante la venta de ropa usada. También relató que ha solicitado apoyo alimentario y otros beneficios sin obtener respuesta favorable por parte de la CEAV.
Como ejemplo de esa falta de atención se explicó que el bebé que sobrevivió al ataque requirió un casco posicional para corregir una deformación craneal. El dispositivo, con un costo aproximado de 65 mil pesos, fue cubierto por la asociación civil debido a que la familia no recibió apoyo económico por parte de la Comisión.
Tras escuchar el testimonio, la jueza manifestó que la víctima indirecta no debería enfrentar sola esas cargas y sostuvo que brindar apoyo constituye una obligación del Estado mexicano.
En consecuencia, ordenó girar un nuevo oficio a la CEAV para que atienda las solicitudes pendientes, apercibiendo al organismo con una multa de mil UMA en caso de incumplimiento. Además, dio vista al fiscal general del Estado y a la Fiscalía Especializada de la Mujer para que conozcan las omisiones expuestas durante la audiencia.
Otro de los temas que ocuparon buena parte de la audiencia fue la situación jurídica de los dos hijos de Leslie. La asesora jurídica informó que desde noviembre de 2025 promovieron ante el Juzgado Sexto Familiar un procedimiento para que la abuela obtenga la tutela legal de los menores de edad; sin embargo, el juez José Miguel Arellano Sosa aún no ha emitido resolución.
La falta de esa determinación mantiene a los menores sin representación legal, lo que ha dificultado diversos trámites, entre ellos su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el acceso a guarderías y otros derechos que requieren acreditar la tutela. La representación legal sostuvo que esa resolución es urgente para garantizar la protección integral de los niños.

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