Este 1 de julio, México, Estados Unidos y Canadá enfrentarán la primera revisión prevista en el T-MEC desde su entrada en vigor hace seis años. Los tres gobiernos deberán manifestar si desean extender automáticamente la vigencia del acuerdo por otros 16 años o mantener el mecanismo de revisiones anuales hasta su vencimiento en 2036. La decisión marcará el rumbo institucional del tratado, pero llegará cuando este ya dejó de ser el mismo.

Lo que comenzó en 2020 como un tratado para facilitar el libre comercio se transformó, antes incluso de sentarse a revisarlo, en una herramienta para reorganizar la producción de América del Norte . La prioridad ya no es únicamente cuánto comercian los tres países, sino qué producen, dónde lo fabrican, con qué insumos y bajo qué reglas. Detrás de ese cambio no hubo una renegociación del texto ni una reforma jurídica. El detonante fue la estrategia de aranceles de Donald Trump . Una política comercial ampliamente cuestionada por su impacto sobre la economía estadounidense terminó por revitalizar el propio tratado que el presidente ha criticado en distintas ocasiones. Los aranceles modificaron los incentivos de las empresas y llevaron a que miles de empresas recurrieran al T-MEC como nunca antes. Las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos ilustran esa transformación. En 2024, únicamente 49% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresó bajo las preferencias del T-MEC . En 2025, con el regreso de Donald Trump y la aplicación de nuevos aranceles , esa proporción aumentó a casi 80% . Entre enero y abril de 2026 volvió a subir hasta 88% . Canadá recorrió prácticamente el mismo camino. En 2024 solo 38% de sus exportaciones hacia Estados Unidos utilizaba las preferencias del T-MEC . En 2025 la participación ascendió a 75% y durante los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó 81% , según la Oficina del Censo de Estados Unidos . Durante años, el T-MEC funcionó por debajo de su potencial. Muchas empresas simplemente decidían no utilizarlo. La explicación era sencilla. Para una gran cantidad de productos industriales resultaba más barato pagar el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) que Estados Unidos aplica conforme a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) —generalmente de entre 2% y 3% — que asumir el costo administrativo de demostrar el cumplimiento de las reglas de origen exigidas por el T-MEC . En la práctica, numerosas exportaciones cruzaban la frontera sin acogerse al acuerdo porque hacerlo no representaba una ventaja económica suficiente.

Ese cálculo desapareció cuando la administración de Donald Trump comenzó a imponer aranceles adicionales de hasta 25% a las importaciones procedentes de México que no ingresaban bajo las preferencias del tratado, mediante medidas sustentadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y otras disposiciones comerciales. El arancel NMF nunca dejó de existir, pero para miles de empresas dejó de ser una alternativa viable. Exportar fuera del T-MEC pasó de significar un costo relativamente reducido a enfrentar gravámenes mucho más elevados. La industria automotriz resume ese cambio. Antes de las nuevas medidas, un vehículo de pasajeros que no cumplía con las reglas de origen pagaba el arancel NMF de 2.5% . Con la aplicación de los aranceles de la Sección 232 , la carga aumentó hasta 27.5% , al combinar el gravamen por motivos de seguridad nacional con la tarifa ordinaria. El resultado fue inmediato. Empresas que durante años habían considerado opcional utilizar el tratado comenzaron a certificar origen y reorganizar sus cadenas de suministro para conservar el acceso preferencial al mercado estadounidense. La revisión del T-MEC comenzará, así, sobre un acuerdo que ya cambió en los hechos. Aunque la estrategia de aranceles de Donald Trump sufrió importantes reveses judiciales, el nuevo funcionamiento del tratado permanece. La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles generales impuestos bajo la IEEPA y posteriormente la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que esa ley no autoriza al presidente a establecer tarifas comerciales de manera unilateral, una facultad reservada al Congreso. Sin embargo, esos fallos no modificaron los aranceles de la Sección 232 por razones de seguridad nacional, que continúan vigentes y en puerta hay otras opciones. Para México y Canadá esa diferencia es determinante. Estados Unidos mantiene aranceles de 25% sobre automóviles y determinadas autopartes, además de tarifas relacionadas con acero, aluminio y cobre. En ese contexto, el T-MEC opera como una excepción parcial: las autopartes originarias permanecen exentas, los vehículos que cumplen las reglas de origen reciben un trato preferencial y el arancel se calcula únicamente sobre el contenido no estadounidense. Estados Unidos ha dejado claro que el objetivo ya no consiste únicamente en mantener el libre comercio . Documentos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señalan que el acuerdo debe fortalecer a fabricantes, agricultores, trabajadores y empresas estadounidenses, al tiempo que reduzca el aprovechamiento del tratado por parte de terceros países.

Esa premisa apunta directamente hacia la industria automotriz . Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS) anticipa que la administración de Donald Trump buscará endurecer las reglas de origen durante la revisión del T-MEC para obligar a que una mayor proporción de vehículos y autopartes se fabrique en América del Norte como condición para acceder a los beneficios arancelarios. El documento sostiene que uno de los principales debates será determinar si las reglas actuales responden a la nueva realidad de la industria, marcada por los vehículos eléctricos , las nuevas tecnologías y la creciente presencia de componentes provenientes de Asia, especialmente de China. Hoy el T-MEC exige que un automóvil incorpore 75% de contenido regional , que parte del acero y el aluminio provenga de América del Norte y que una fracción de la producción se realice en plantas donde se paguen al menos 16 dólares por hora . El CRS considera probable que Estados Unidos impulse requisitos aún más estrictos, fortalezca la verificación del origen de los insumos y actualice las reglas para adaptarlas a la nueva configuración de las cadenas de suministro . Por eso, la decisión que los tres gobiernos tomen este 1 de julio irá más allá de definir si el tratado se prolonga automáticamente otros 16 años o entra en una etapa de revisiones anuales. La verdadera discusión será hasta dónde Estados Unidos quiere utilizar el T-MEC como instrumento de política industrial .